La organización se lamenta en su último informe de la falta de apoyo político a las movimientos de protesta y censura la “brutalidad e indeferencia” de las autoridades

“2011 fue un año especialmente turbulento y decisivo para el activismo”. Tras la primavera árabe, las protestas se extendieron a todo el mundo y han continuado con la llegada de 2012. Pero, como señala Amnistía Internacional (AI) en su último informe sobre la situación de los derechos humanos, esas manifestacionesno se han traducido en decisiones políticas que hayan acompañado las reivindicaciones de la calle.

Como viene haciendo desde hace 50 años, la organización ha denunciado los abusos, las injusticias, las torturas, documentadas en unas 500 páginas, que se cometen a lo largo y ancho del planeta. Casi ningún país, democrático o no, se salva.Desde los “estados muy represivos como China” hasta el “uso excesivo de la fuerzas” de las autoridades israelíes sobre los palestinos, pasando por el incremento de la retórica xenófoba en Europa.

Pero esta vez hay una diferencia: el sentimiento de indignación se ha expresado de forma manifiesta y masiva por todo el globo. El informe ha registrado restricciones de la libertad de expresión en al menos 91 países, además de casos de torturas y maltratos en 101 naciones que se han producido durante un año de protestas “sin precedentes”.

En su anterior informe, AI ya avisaba de un posible “falso amanecer de los derechos humanos” y hacía un llamamiento a apoyar a las revueltas populares recién iniciadas en Túnez y Egipto para que la comunidad internacional aprovechara y luchara contra las violaciones de los derechos humanos. Un año después, la organización se lamenta de la oportunidad perdida.

Amnistía señala los culpables y pone el foco en el “fracaso endémico del liderazgo local e internacional a la hora de proteger los derechos humanos”, según comentó Alfonso López Borgoñoz, presidente de AI-España, durante la presentación del informe en Madrid. Un liderazgo que recaía en un Consejo de Seguridad de la ONU “desfasado y que ha sido incapaz de ser guardián de los millones de personas que tomaron las calles para exigir libertad, justicia y dignidad”, destacó, por su parte, Esteban Beltrán, director de la sección española de la organización.

Como ejemplo de la falta de actuación ante los abusos y del “fracaso de la comunidad internacional”, el informe destaca la situación en Siria. “Existen claras razones de peso para que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes contra la humanidad. La determinación de algunos miembros del Consejo de Seguridad de proteger a Siria a toda costa -en referencia al veto de China y Rusia- hace difícil conseguir la rendición de cuentas por estos crímenes”, denunció Salil Shetty, secretario general de Amnistía, que presentó el estudio en Londres.

Las críticas de la organización también se centran en las superpotencias emergentes, como Brasil, India y Suráfrica, que en muchos casos se han posicionado, según alerta el informe, como “cómplices con su silencio de los políticos que han respondido a las protestas con brutalidad o indiferencia”.

“Los manifestantes han demostrado que es posible el cambio. Han lanzado un desafío pidiendo que los gobiernos defiendan la justicia, la igualdad y la dignidad”, expuso Shetty. Amnistía fija la conferencia de la ONU que se celebrará en julio y donde se abordará la creación de un sólido Tratado sobre Comercio de Armas como la “prueba de fuego” para que la comunidad internacional ponga en evidencia que es capaz de hacer prevalecer la defensa de los derechos humanos por encima de intereses particulares. Algo que puede parecer una quimera, pero, como remarcó Beltrán en Madrid, “hacer justicia debe dejar de ser algo excepcional”.

Represión a las manifestaciones del 15-M

Dentro de esa brutalidad, Amnistía alerta de la represión de las autoridades y pone de ejemplo lo ocurrido en algunas de las movilizaciones del 15-M, como las cargas de los Mossos d’Esquadra contra los indignados de la Plaza de Catalunya. “Cualquier Estado tiene la obligación de actuar ante las manifestaciones violentas, pero debe tener también mucho cuidado con que la disolución de protestas pasivas no tenga un impacto sobre la libertad de expresión”, así se trate de “las formas más molestas de protesta, como las sentadas o acampadas”, advirtió Beltrán.

La ONG también señala que en España se sigue “desoyendo” las peticiones para poner fin a ladetención en régimen de incomunicación de los sospechosos de terrorismo, al mismo tiempo que avisa de que en este año se han seguido produciendo “controles discriminatorios de identidad, centrados específicamente en personas pertenecientes a minorías étnicas”, comentó el director de AI-España.

Sin embargo, en relación a España, la principal preocupación de la organización es que la crisis económica “pueda convertirse en una crisis de derechos humanos” por las medidas tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy quelimiten el derecho a la salud, la educación, la libertad religiosa o de expresión.

Para AI, los recortes no pueden ser excusa para acotar el acceso a la atención sanitaria, hacer descender el nivel de protección de las mujeres víctimas de violencia machista o para que se lleven a cabo desalojos forzosos sin alternativa de alojamiento o compensación.

Por último, la situación en el País Vasco tras el anuncio de ETA del cese definitivo de su “actividad armada” también está siendo “seguida muy de cerca” por la organización. Beltrán ha puesto de manifiesto que Euskadi “necesita una agenda de Derechos Humanos” que incluya tres asuntos: que las víctimas obtengan reparación y justicia, que la tortura y malos tratos también tengan reparación y justicia, y la eliminación de la “legislación excepcional” como el régimen de incomunicación o ciertos artículos del Código Penal.

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