Tras el fallo de la Corte nacional, y como adelantó ayer este diario, en Mendoza hubo tres casos encuadrados en esa resolución. Cómo se aplicó la directiva del máximo tribunal. Dudas y resistencias.

Las edades de las víctimas de abuso son 17, 19 y 21 años.

A más de dos meses del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que autoriza el aborto en todos los casos de violación, los hospitales públicos de la provincia ya fueron escenario de tres embarazos interrumpidos –según informaron a este diario altas fuentes del Gobierno– en medio de un fuerte hermetismo oficial hasta tanto no esté listo el protocolo que regulará esa práctica.

Según explicó Silvana Troncoso, titular de la División Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio de Seguridad, los tres casosde abuso sexual seguidos de embarazo fueron confirmados por el Cuerpo Médico Forense, luego de las biopsias que se realizan en cada uno de ellos.

Las edades de las víctimas son 17, 19 y 21 años. En uno de esos hechos, la joven venía sufriendo abusos desde los 8 años, según informaron desde la División.

Las chicas que solicitaron acceder a una intervención para que le realizaran un aborto no punible tienen como punto en común que viven en la extrema pobreza, según manifestaron las autoridades. Aun así, a partir de la información que recibieron, decidieron hacer uso de un derecho avalado por el máximo tribunal de la Nación.

“Son tres chicas que han sufrido reiteradamente abusos por parte de algún familiar cercano. Abuelo, padrastro o tío. Son chicas que se animaron a denunciar esta vez por el embarazo, pero ya han sido sistemáticamente violadas”, precisó Troncoso.

La mujer policía dijo que en las tres denuncias también prima el estado de precarización de las viviendas donde residían las víctimas.

“En todos los casos se trata de casas donde comparten cuarto el matrimonio, con el tío, con los hijos, con las hijas. Hay un marcoque fomenta claramente la promiscuidad y el delito”, agregó.

Desde que no se deriva el caso a la Justicia, como ocurría antes del fallo de la Corte, tanto la División de Delitos contra la Integridad Sexual como el Programa de Asistencia a la Víctima –que trabaja en conjunto con la Policía para dar contención psicológica y asesoramiento legal– desconocen cuál será el impacto del fallo en las mujeres abusadas: es decir, si primarán los pedidos de interrupción de embarazo en un futuro.

Un antecedente significativo es que el año pasado, la totalidad de las mujeres que fueron violadas y que quedaron encintas pidió por escrito la interrupción de sus embarazos a la Justicia. En todos los casos, la solicitud fue denegada, según ratificaron desde el Ministerio de Seguridad.

Según registra la División, en todo el 2011 hubo sólo tres casos de mujeres violadas y con un embarazo en proceso. La cifra de este año alerta ya que se produjeron tres denuncias en sólo cinco meses.

En el 2010, primer año en que funcionó esa unidad policial, apenas hubo dos personas en la misma situación que asentaron la denuncia.

EL TEMOR DEL GOBIERNO. La idea no era hacer foco en los datos personales de las mujeres que abortaron ni en los médicos que intervinieron en la práctica. Sin embargo, ningún funcionario del Ministerio de Salud, empezando por el ministro Carlos Díaz Russo, quiso hablar acerca de las medidas tomadas por la Provincia luego del fallo de la Corte Suprema.

La consulta a los funcionarios de esa cartera resultó una misión imposible, ya que ni los organismos que usualmente difundendatos y estadísticas a la prensa quisieron dar información cuando de Pérez y de sus colaboradores respecto de este asunto sería para evitar, concretamente, el avance de grupos antiabortistas contra el Gobierno. Tampoco quieren recibir la crítica despiadada de la Iglesia católica y de otros sectores influyentes que están en contra del fallo nacional y cuyas declaraciones podrían perjudicar la imagen del gobernador, quien tampoco se ha mostrado plenamente a favor de la Corte Suprema.

Otros aseguran que podría haber una demora “involuntaria” debido a que, en materia de salud, el conflicto con los gremios ATE yAmpros ha complicado el tratamiento  de otras problemáticas. “Nadie se va a enterar públicamente si hubo aborto. Hay mucho dilema entre los profesionales, y hay tantos médicos a favor como en contra, como grupos de poder que tampoco aceptan esta medida. Es un asunto delicado y no creo que el Gobierno quiera acelerar un protocolo o que diga públicamente si ya se hacen abortos, cuando todavía no hay un instructivo que rija a los profesionales de la salud”, analizó ayer el titular de la Confederación de Médicos, Ignacio Berríos.

Por su parte, desde Ampros, el sindicato que nuclea a los profesionales de la salud, aseguraron que las aguas entre médicos están divididas y eso puede incidir en la divulgación de las prácticas abortivas.

Su titular, Isabel del Póppolo, ratificó el dilema entre profesionales que planteó Berríos y agregó otra problemática que explica una vez más el hermetismo del Gobierno: “En Buenos Aires hubo varios  escucharon las palabras “aborto no punible”.

Uno de esos casos fue Pablo Alonso, titular del Programa de Salud Reproductiva. El funcionario, cuya área es clave en este tema,prefirió derivar el problema a la primera línea del Ministerio de Salud y aseguró que esta vez lo indicado era “seguir con el protocolo de comunicación”. El mensaje bajado a los medios fue claro: “Ningún funcionario de Salud hablará hasta que el ministro (Díaz Russo) se comunique con el gobernador y tenga su aval”.

Diferentes sectores consultados coinciden en que el silencio sostenido médicos que se sentaron ante la Justicia y dijeron que no harán abortospor principios morales y religiosos.  Acá, en Mendoza, no sé cómo se están manejando, pero seguramente habrá una buena porción de profesionales que estarán en total desacuerdo con la sentencia de la Corte”.

Desde la Subsecretaría de Justicia explicaron que “puede ser totalmente realizable un aborto en circunstancias donde un fallo lo permite”,por lo que desde allí no descartan, incluso, que el número de abortos por violación supere los tres declarados ante el Ministerio de Seguridad.

En esa línea, representantes de agrupaciones a favor de la despenalización y legalización del aborto, avalan la posibilidad de que el Gobierno provincial deje “en el ámbito de la privacidad” las cifras sobre aborto en la provincia. Aunque la contra, aseguran, es que muchas mujeres que hoy presentan un caso de embarazo por abuso sexual “no tienen la información pública suficiente como para pedir ayuda. Y, finalmente, termina siendo un derecho depocos”.

EL PROTOCOLO

Un informe de El Sol reveló ayer cuánto se demora la elaboración de un protocolo provincial, es decir, un instructivo formal y regulatorio para las prácticas médicas en casos de aborto tras violaciones.

Según un informe del diario porteño Página/12, Mendoza estaría entre las provincias que no han definido aún ni el trazo grueso del protocolo.

De hecho, la demora para concretar el instructivo y el hermetismo del Gobierno para blanquear oficialmente las tres operaciones que se suscitaron en Mendoza después del fallo de la Corte nacional estarían vinculados a la presión de sectores conservadores, algunos de ellos, fervientes militantesde agrupaciones antiabortistas.

El apartado 29 de la sentencia de la Corte sobre el aborto no punible establece: “Corresponde exhortar a lasautoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles, a los afectos de remover barreras administrativas o fácticas de acceso a los servicios médicos”.

FUENTE: DIARIO EL SOL

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