Las constantes irregularidades que se vienen presentando determinaron la decisión del gobernador.

Viedma.- Con varias fugas en lo que va del año en distintos establecimientos penitenciarios de la Provincia, intentos de motines que fueron abortados a tiempo en algunos casos y denuncias por mala alimentación, apremios y cuestiones que vulneran los derechos humanos, la situación marcó el rumbo del estado de emergencia del Servicio Penitenciario Provincial por el término de un año.

A través de un Decreto Ley con Acuerdo de Ministros, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dispuso esa medida.

Contempla la asignación de más de 29,5 millones de pesos para hacer frente a las necesidades más urgentes del sistema, como reparaciones en cárceles, mejoras edilicias y sanitarias, alimentación y salud de internos y personal penitenciario, así como elementos de seguridad.

“Adoptamos esta medida ante la grave situación de crisis institucional en que se encuentra el Servicio Penitenciario Provincial desde hace ya varios años, lo que lleva a tomar decisiones que propendan a su reinstitucionalización”, afirmó el gobernador.

“A través de la emergencia se faculta además el otorgamiento al Ministerio de Gobierno de partidas presupuestarias extraordinarias por un total de 29.563.000 pesos para la creación del Fondo de Sustentabilidad Penitenciaria, destinado a la atención de situaciones excepcionales y de emergencia que pongan en peligro la integridad de las personas y la gobernabilidad del sistema penitenciario”.

La emergencia está destinada a reestructurar el Servicio Penitenciario, creando, modificando o suprimiendo total o parcialmente funciones, a fin de dotarlas de eficiencia para atender sus misiones fundamentales. Apunta a dotar y optimizar los recursos humanos y materiales necesarios para proveer al Servicio Penitenciario de los elementos suficientes para su correcta operatividad en los términos de la legislación vigente en la materia.

La autoridad de aplicación tendrá facultades para realizar la construcción, instalación, reciclaje, readecuación y, en general, toda modificación en los edificios e instalaciones penitenciarios que fueran necesarias, así como a adquirir todo equipamiento necesario para las mismas.

Podrá, además, concretar las medidas necesarias tendientes a garantizar infraestructura carceleria adecuada, personal y materiales de trabajo indispensables, alimentación, cobertura de necesidades básicas, higiene y salud de los internos de los establecimientos carcelarios, así como también cualquier otra medida tendiente a resolver la situación de emergencia.

Podrán celebrar convenios con el Estado Nacional, otras provincias o cualquier otro organismo, que permita concretar las medidas que sean necesarias para garantizar las diversas instancias de capacitación continua, como aquellas que atañen a la profesionalización del Servicio Penitenciario Provincial.

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