Pese a las múltiples críticas de especialistas y legisladores, el proyecto del radicalismo para limitar las salidas transitorias de los presos que hayan cometido delitos graves, fue aprobado anoche en general por Diputados. La iniciativa, que según algunas interpretaciones no se aplicará para los internos que ya tienen condena, sufrirá modificaciones en agosto, según acordó la Cámara baja. Hubo muchos roces en el oficialismo, que finalmente terminó avalando la norma.

La jornada legislativa de ayer, empezó temprano, a las 9, y finalizó muy tarde, a la medianoche cuando por 42 votos a favor y 3 en contra, el proyecto quedó aprobado «en general» . A la mañana, los diputados recibieron a representantes de instituciones de Derecho, funcionarios públicos y familiares de víctimas de delito para que dieran su opinión acerca del régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad que planteó el diputado radical Luis Petri que apunta a que algunos presos (como violadores o quienes hayan cometido robos agravados) no gocen del beneficio de salidas transitorias.

La mayoría de los consultados puso muchas objeciones al texto de Petri. Entre ellos, el director del Servicio Penitenciario, Sebastián Sarmiento, que señaló que si bien está de acuerdo con el espíritu del proyecto de ley, «tiene errores de técnica legislativa y en cuanto al funcionamiento de la ejecución penal».

Además, hizo su aporte el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Congreso, Gustavo Castañeira de Dios, quien explicó que respecto a las nuevas cláusulas limitativas, deberían ponderarse otras alternativas cuando los detenidos manifiestan una real transformación de su conducta. Entre los últimos consultados, estuvo la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, quien subrayó que la iniciativa que trataba Diputados presenta «falencias estructurales» en cuanto a la constitucionalidad y conformidad con pactos y tratados internacionales.

Otro de los cuestionamientos que recibió el proyecto es su aplicación. Es que para algunos especialistas, de aprobarse esta norma, se aplicaría recién para los nuevos condenados. Por lo tanto, los resultados se verían en varios años.

Sin embargo, los diputados decidieron avanzar en el tratamiento de la ley. El radicalismo propuso al resto de los bloques que ayer se aprobara en general y que en agosto, luego de hacer las modificaciones que los otros bloques entendieran pertinentes, respaldaran los artículos para dar finalmente la media sanción al proyecto y que éste pase al Senado para su tratamiento. Los demócratas, según informó el diputado Aldo Vinci, quien preside la Bicameral de Seguridad, acompañarían la propuesta porque «ya habían dado su palabra» pese a tener «muchas modificaciones para hacer al texto».

Cerca de las 20, era una incógnita qué haría el justicialismo. Es que existían posturas muy encontradas. Por un lado, el presidente de la Cámara, Jorge Tanús, era proclive a no tratar la norma y por otro, el vicegobernador Carlos Ciurca ya había acordado de antemano con el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, avalarla. En el medio, quedó el gobernador Francisco Pérez quien, pese a que sus funcionarios como Ronda o Sarmiento, habían cuestionado la iniciativa, y después de muchas dilaciones, bajó la orden desde Brasil, donde se encontraba, de que el texto fuera avalado.

Al filo de la medianoche, el texto de Petri fue aprobado en general por casi todos los diputados presentes. La excepción fueron el diputado de Nuevo Encuentro, Néstor Piedrafita (quien advirtió que «con políticas de mano dura no se resuelve el problema de la seguridad) y los legisladores oficialistas que pertenecen a la agrupación ultrakirchnerista La Cámpora, Lucas Ilardo y Marina Femenía, que se opusieron por cuestiones «de convicciones».

El diputado Alejandro Viadana, quien reporta al intendente de Maipú, Alejandro Bermejo, no estuvo en la votación. Como habían faltado otros dos legisladores, la votación quedó 42 a 3.

Hubo muchas caras largas en el PJ, como la de Tanús y las de otros legisladores que se vieron «obligados» a aprobar un proyecto que posiblemente sufrirá múltiples cambios el mes que viene cuando se discuta en detalle. «Votamos una ley para la tribuna. Estamos mintiendo a la sociedad porque no se puede aplicar», se sinceró anoche un diputado peronista que -obviamente- pidió reserva de su nombre.

FUENTE: DIARIO LOS ANDES