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La Justicia ordenó un allanamiento en el estudio del exabogado de Fiscalía de Estado, Norberto Baistrocchi (fallecido), y secuestró pruebas vitales para la megacausa de las expropiaciones. Se trata de expedientes originales de juicios de terrenos del dique Cuesta del Viento, que debían estar en juzgados civiles. Fuentes judiciales explicaron que así, las causas quedaron “guardadas”, no se notificaron a los posibles poseedores del inmueble ni los bienes se inscribieron bajo el dominio del Estado. De esta manera, interpretan que se le daba tiempo a los expropiados, que contaban con asesoramiento legal, a que pudieran conseguir la posesión veinteañal y ser propietarios del terreno, lo que les permitiría obtener mayor porcentaje a la hora de la indemnización del Estado. Con las nuevas pruebas, en Tribunales creen que se refuerza la sospecha de que se armaban causas para sacarle plata de más a la provincia y que actuó una asociación ilícita.

Baistrocchi falleció el 28 de junio del año pasado, pero su nombre ya estaba en el ojo de la tormenta desde mucho antes. En noviembre de 2010, la gestión giojista denunció penalmente que existía una red de abogados, jueces, funcionarios y empleados que inflaban el valor de los inmuebles que el Estado expropiaba y así conseguían que pagara sumas exorbitantes. Unos meses antes, Baistrocchi fue cesanteado por su actuar negligente en los juicios de expropiaciones que llevó adelante y según el sumario que le realizaron, no apeló sentencias desfavorables, consintió fallos en los que sólo se tuvo en cuenta la versión del demandante para fijar lo que tenía que desembolsar la provincia, dejó vencer plazos, no objetó ninguna de las liquidaciones y no actuó a tiempo para que la Provincia y el Tribunal de Tasaciones presenten sus pericias.

En la Justicia presumen que el abogado era un engranaje. En la megacausa están en la mira y Santiago Graffigna (señalado como el líder de la organización), la exjueza civil Rosalba Marún, el exfiscal de Estado Mario Díaz, la experito oficial Ana María Melvin, el exempleado de Recursos Energéticos, Néstor Ruiz; y 6 miembros del Tribunal de Tasaciones. Además, hay un pedido de captura sobre Horacio Alday, exsocio de Graffigna.

El martes, el Quinto Juzgado de Instrucción, a cargo de María Inés Rosselot, ordenó un allanamiento en el estudio que Baistrocchi tenía en calle San Luis pasando Santiago del Estero. Allí, la Policía Federal encontró alrededor de 30 expedientes originales de juicios expropiatorios que impulsó la provincia para hacer el dique Cuesta del Viento, en Iglesia. Si bien las causas le fueron confiadas como abogado de Fiscalía, en Tribunales llama la atención que estuvieran tanto tiempo en su oficina y sin avances. Las fuentes destacaron que algunos expedientes contaban con las actas de toma de posesión, lo que quiere decir que el Estado estaba habilitado a avanzar sobre los terrenos y hacer la obra. Sin embargo, no se había efectuado la notificación a los expropiados. Así, según los investigadores, el expediente quedó “dormido” y aquellas personas que podían ser poseedoras tuvieron el tiempo necesario para lograr una posesión veinteañal y ser propietarias del inmueble. La diferencia entre el poseedor y el dueño radica en que el primero cobra el 40% del monto indemnizatorio, mientras que el segundo se lleva el 100%. Además, dijeron, los expedientes revelan que Baistrocchi no comunicó que el Estado ya estaba en condiciones de registrar el bien como propio, lo que hubiera servido para evitar futuros reclamos de supuestos propietarios. La sospecha que reina es que con los expedientes fuera de los juzgados, Graffigna tenía acceso para contactar a los expropiados o a sus herederos y concretar el trámite de la posesión. Y que esta fue la manera de operar en otros juicios que sí llegaron a su fin y en los que la provincia tuvo que pagar cifras millonarias.

Paralelamente a la megacausa, hay en marcha un proceso Penal contra Graffigna por presunta administración fraudulenta en perjuicio de antiguos clientes en juicios de expropiaciones (ver aparte) y un Jury de Enjuiciamiento contra el juez Carlos Macchi por su sospechosa participación en algunos procesos. Este último fue denunciado por el fiscal de Estado, Guillermo de Sanctis.

diario de cuyo

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