El sospechoso cumplió 3 años detenido sin sentencia y la ley establece que debe ser liberado.Walter Rios – Diario De Cuyo

El único detenido que tiene la causa por la megaestafa con casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) está cerca de ser liberado. Se trata de Carlos Alberto Albornoz, quien cumplió más de 3 años en la cárcel con prisión preventiva sin que tuviera una sentencia en contra, por lo que, según una ley nacional y fallos locales, debe salir del Penal de Chimbas. Pese a la demora en el proceso, el juicio en su contra debería realizarse igual y sólo falta que la Sala I de la Cámara Penal fije fecha de inicio.

Albornoz no es el único implicado en el caso. También están en la mira Pedro Roldán, Marcos Barragán, Myriam Quiroga y Alejandra Dragui. Según la investigación, todos formaban parte de una falsa organización que promovía la entrega de casas del IPV. Con esa promesa, los implicados engañaron a más de 150 personas, que entregaron, cada uno, entre 7 mil y 15 mil pesos. Al estallar, la causa provocó malestar en el Gobierno provincial debido a que dicha entidad se arrogó la facultad de poder brindar viviendas a las familias que buscan un hogar. Desde el Ejecutivo siempre manifestaron que el único encargado de dar ese tipo de soluciones es el organismo oficial y recomendaron que la gente no cayera en ese tipo de maniobras, más cuando se trata de un tema tan sensible como la política habitacional. Incluso, el mismo gobernador José Luis Gioja había expresado su deseo que la Justicia avance hasta las últimas consecuencias.

Todos los sospechosos fueron procesados por estafas reiteradas y salvo Albornoz, el resto fue liberado porque el delito es excarcelable. Este último permaneció detenido porque la Justicia entendió que había riesgo de que se fugara. Sucede que cuando la Policía fue a detenerlo a su hogar, no lo pudieron ubicar y se libró una orden de captura. Finalmente fue apresado en mayo de 2010 y el mes pasado ya se cumplieron los 3 años con prisión preventiva sin que se hiciera el juicio, lo que dejó al descubierto la demora del proceso. En el medio, los abogados defensores apelaron los procesamientos y hubo casos en los que llegaron hasta la Corte de Justicia. En cuanto a la situación de Albornoz, al cumplir los 2 años de detención, hubo un pedido de prórroga por 1 año más (tal cual lo permite la ley), el que fue debatido, analizado y finalmente concedido por el máximo tribunal.

El 31 de mayo pasado se venció el plazo máximo de prisión preventiva para Albornoz y la Sala I de la Cámara Penal le concedió la libertad, pero con la condición de que presente una persona que acredite una fianza de 50 mil pesos, dijeron las fuentes. Sin embargo, el martes pasado, el abogado Gonzalo Palacios, pidió una reducción de la fianza y presentó un fiador que sólo pudo ofrecer 5 mil pesos. El Tribunal deberá ahora resolver si modifica o no lo que dispuso, aunque fuentes de Tribunales aseguraron que el vencer el plazo, la libertad del imputado es cuestión de tiempo.

La causa se disparó entre el 19 y 20 de abril de 2010, cuando un grupo de familias, cansadas de las promesas, se acercó a la Central de Policía a denunciar al denominado “Movimiento Agropecuario Provincial”, la agrupación sin personería jurídica en la que trabajaban los implicados. La investigación que llevó adelante el Cuarto Juzgado de Instrucción llegó a la sospecha concreta de que Albornoz utilizó la existencia de esa entidad para vender las carpetas de casas de distintos barrios del IPV, invocando supuestos contactos políticos para agilizar el trámite. En ese marco, Barragán, Roldán y Quiroga también fueron considerados presuntos responsables de la maniobra. Y en el caso de Dragui, el juez consideró que se hizo pasar por una asistente social que visitaba a los postulantes en el “Movimiento Agropecuario” con formularios del IPV, con el objetivo de darle un matiz de validez a toda la operación.

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