Son Agapito Gil y Alfredo Ortiz. Es la tercera fecha que se agenda y la causa vence en septiembre.Leonardo Domínguez – Diario De Cuyo

 Si no surgen nuevas demoras, el juicio oral y público contra los exintendentes de Ullum Jorge Agapito Gil y Alfredo Simón Ortiz debería comenzar el próximo 6 de agosto. Así lo dispuso la Sala III de la Cámara Penal, que tiene que resolver si los condena o los absuelve por el delito de fraude contra la administración pública por facturar y pagar servicios que presuntamente no fueron prestados al municipio. Los hechos sucedieron en 1988 y aunque parezca increíble, la causa aún está dando vueltas. Anteriormente se fijaron dos fechas para el inicio del debate, pero se postergaron y todavía hay peligro de que el proceso prescriba. Si son encontrados culpables no irán a prisión, pero deberán dejar los cargos políticos que hoy ocupan en el Estado.

La Sala III está compuesta por los camaristas Eugenio Barbera, Ricardo Conte Grand y Eduardo Gil y según fuentes judiciales, acordaron dar comienzo al debate el primer martes de agosto a las 17.30. Las sucesivas audiencias también están previstas en horas de la tarde, porque en horario matutino pretenden resolver las apelaciones que tienen y llevar adelante los juicios unipersonales.

Si no aparecen novedades de último momento, la causa contra los exintendentes ulluneros entrará 15 años después en la recta final. Las dudas radican en que anteriormente se fijaron dos fechas para iniciar el juicio, el 27 de septiembre del 2012 y después el 18 de abril de este año, pero en ningún caso se pudo realizar. La primera vez se postergó porque existían muchos debates en agenda y la segunda, debido a un planteo que hizo la defensa de Gil y Ortiz.

Además, en la Corte de Justicia está pendiente de resolución un recurso de la defensa, que pide la nulidad del requerimiento de elevación a juicio por una cuestión de ‘técnica jurídica‘. Pero, confiaron las fuentes, el planteo no tiene efecto suspensivo y los camaristas decidieron avanzar apostando a que el máximo tribunal lo rechazará.

Las alarmas están encendidas, porque ya pasaron 15 años sin que la causa sea resuelta y para peor, prescribe el 9 de septiembre de este mismo año. Significa que si llega esa fecha y el juicio no comenzó, todo pasará archivo y los exintendentes zafarán no porque se acredite que no tuvieron nada que ver, sino por el paso del tiempo. Aunque el propio Gil, antes de presentar el recurso que aún se está sustanciando y que generó una nueva demora, cuando estaba firme la segunda fecha, le dijo a este diario que ‘de una vez por todas‘ iba a poder demostrar su inocencia.

La historia comenzó en 1988, cuando Gil transitaba su primer mandato de intendente (repitió en el periodo 1999-2003) y Ortiz era jefe de Patrimonio (posteriormente, fue electo jefe comunal en 2003 y 2007). Concejales y el por entonces vicepresidente del Concejo Deliberante los denunciaron, ante la sospecha de que habían pagado con fondos municipales obras y arreglos que nunca se ejecutaron.

La Justicia les endilga el delito de fraude contra la administración pública y si son declarados culpables, no terminarán en la cárcel porque es excarcelable. Sin embargo, recibirían un duro castigo. Gil es secretario del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados local y Ortiz está al frente de la Unidad de Coordinación de Bosques Nativos, y deberían dar un paso al costado porque la ley no permite que un condenado sea funcionario público.

Los exintendentes no son los únicos que están acusados por lo que sucedió en 1988. Según figura en el expediente del proceso, Pedro Bravo era el encargado de Compras, conformaba las facturas y cobró algunos cheques. Mario Serrano era el encargado del camping municipal y certificó los trabajos que luego se determinó que no se habrían realizado. Y María Esther Reinoso era la tesorera y encargada de autorizar los pagos.

Comments

comments