Perú y Chile son los países con más conflictos mineros en la región. Jaime Borda, de la Red Muqui Sur de Perú, advirtió que los gastos para exploración minera en el mundo se multiplicaron por diez desde 2002. Enseña un mapa que muestra «cómo ven los empresarios al Perú”, un país cubierto de cuadrados que representan las concesiones mineras. En 2002 había apenas 7,5 millones de hectáreas concedidas a la minería, cifra que saltó a casi 26 millones en 2012, el 20% de la superficie del país.
Algunas provincias andinas como Apurímac tienen el 57% de la superficie concedida a las mineras. Borda sostuvo que la elevada conflictividad que registra el país está motivada por el hecho de que «la población entendió que la protesta es la única forma de que el gobierno escuche a las comunidades”. Se preguntó si es posible una relación nueva y diferente con la minería.
La respuesta no fue sencilla. Las grandes empresas mineras, como las recién fusionadas Glencore y Xstrata controlan monopólicamente los mercados: 70% del mercado mundial de zinc, 55% del cobre, 45% del plomo. «Las bases del crecimiento extractivo se han agotado en términos democráticos y se vuelve un crecimiento cada vez más agresivo, vertical, autoritario y profundamente centralista”, dijo Borda.
Por eso defendió «mayor institucionalidad en el tema ambiental, fortalecer la descentralización y el ordenamiento territorial”, ya que no está claro quién planifica el crecimiento de la minería que está convirtiendo la región sur en un corredor minero.
El chileno Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) destacó que su país, pese a ser el primer productor del cobre del mundo, renunció a regular el mercado y los precios al punto que «las transnacionales deciden dónde y a qué ritmo explotar” . La minería es el principal producto de exportación pero supone menos del 1% del empleo, pero el 70% es precario por subcontratos.
En 2010, el 25% del territorio estaba en exploración o explotación. En Chile la minería consume el 37% de la electricidad que produce el país, que llegará al 50% en pocos años, frente al 28% de la industria y el 16% del sector residencial. Eso impone al Estado la permanente construcción de nuevas fuentes de energía, que aceleran el desplazamiento de poblaciones y el trasvase de tierras agrícolas a otros usos.
En paralelo, el Estado es el gran perdedor con la expansión minera. En 1990 la estatal Codelco concentraba el 75% de la producción minera, porcentaje que cayó al 28% en 2007 por las permanentes concesiones a privadas. Sin embargo, los aportes fiscales son inversos: con ese pequeño porcentaje de la producción, Codelco aportaba en 2008 al fisco 8.300 millones de dólares frente a sólo 3.400 millones de las privadas pese a que producen el doble.
Los opositores a la minería han cosechado una importante victoria en Chile. Desde 2000 sostienen una pugna contra la minera Barrick Gold que explota Pascua Lama en la frontera chileno-argentina. La justicia decidió la paralización de la explotación mientras no regularice obras de contención y manejo de aguas contaminadas.
El proyecto de Barrick, el mayor productor de oro del mundo, de unos 8.500 millones de dólares, fue paralizado en abril por una corte local a pedido de comunidades indígenas de la zona. Días atrás la Corte Suprema confirmó la suspensión de la mina.
En consecuencia Barrick reportó pérdidas de 8.560 millones en el segundo trimestre 2013 (el 40% de su patrimonio) y los accionistas iniciaron un juicio contra los directivos por ocultar y tergiversar información desde octubre del 2009. Puede ser el comienzo de los problemas de la minería en Chile: el Norte del país sufre una importante crisis hídrica cuya principal responsabilidad recae en la megaminería.
El biólogo Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo en 2004, sostiene que «el actual modelo agrícola extractivo que se practica en Argentina debería ser asumido como una variante muy extendida y superficial de la megaminería” . Argumenta que en los cultivos no se extraen metales sino nutrientes que luego se exportan como granos. «Agricultura y megaminería tienen en común, además el consumo de agua y la generación de pasivos ambientales”.
Mientras la minería deja depósitos estériles y colas de mineral, la agricultura industrial «deja acumulaciones diseminadas de plaguicidas que persisten por años y décadas”. Con esa mirada aborda el emprendimiento de Monsanto en Malvinas Argentinas, una localidad a 14 kilómetros de Córdoba y a 10 del barrio Ituzaingó, que tiene poco más de 12 mil habitantes.
Afortunadamente, explica Montenegro, la noticia de la llegada de Monsanto se produjo mientras en la sociedad se debaten «los efectos de las bajas dosis de plaguicidas en la salud humana y el ambiente”, gracias a la persistencia de las Madres de Ituzaingó.
Ironías de la vida, la noticia fue dada el 15 de junio de 2012 por la presidenta Cristina Fernández desde Estados Unidos, tres días después de iniciado el primer juicio contra los responsables de la contaminación en Ituzaingó. Apenas se enteraron del proyecto, los habitantes de Malvinas Argentinas pusieron en pie la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vidaintegrada por el colectivo Red de Médicos de Pueblos Fumigados y vecinos de la localidad.
En abril la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y el Conicet (consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) hicieron pública una encuesta realizada en Malvinas Argentinas: el 87% desean una consulta popular y el 58% rechaza la instalación de la multinacional. Pero el 73% tiene miedo de opinar en contra de Monsanto por temor a salir perjudicado y el 65% no tiene confianza en el estudio de impacto ambiental que realizará la propia empresa.
Monsanto planifica instalar 240 silos de semillas de maíz transgénico con el objetivo de llegar a 3,5 millones de hectáreas sembradas. El doctor Ávila Vázquez asegura que uno de los principales riesgos es una enfermedad llamada «pulmón de granjero” que produce la formación de fibrosis en los pulmones. Un problema adicional es que «no existe en Latinoamérica un lugar donde existan tantos silos juntos y los granos estarán recubiertos con una película de agroquímicos.
La planta usará millones de litros de agroquímicos para el curado de semillas y una parte de los efluentes «se liberarán al suelo y al agua, provocando un grave perjuicio”, sostiene Ávila Vázquez. La frontera agrícola seguirá creciendo y morirán muchos insectos. «Estas semillas están prohibidas en Europa porque han llevado a la muerte masiva de abejas, mariposas monarcas y vaquitas de San Antonio”, señaló el médico.
Por su parte, Montenegro sostiene que «Argentina tendría las dos plantas más grandes del mundo para el acondicionamiento de semillas, lo cual fortalecerá el ya descontrolado modelo extractivo”. La asamblea sostiene que el municipio aplica una ley provincial que tiene menos exigencias ambientales que la nacional. En abril el Tribunal Supremo de Justicia habilitó la obra que había sido suspendida por otro juzgado.
Las protestas contra Monsanto se incrementaron desde el 18 de setiembre cuando los manifestantes instalaron un campamento impidiendo el paso de camiones con materiales para la construcción de la planta. Hubo una fuerte represión policial en la que fue herida Sofía Gatica. «No vamos a permitir el ingreso de ningún camión ni que se instale Monsanto, porque son ellos o somos nosotros. Yo ya perdí a mi hija”, dijo Sofía.
El sindicato de la construcción desalojó el 26 de setiembre a los manifestantes de uno de los portones de entrada y la CGT reclama por las fuentes de trabajo que se pierden. A pesar de la mezquindad del sindicalismo empresarial, las protestas llevaron a la suspensión de las obras el 1 de octubre por la falta de materiales.
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