El juez federal Ariel Lijo profundizará a partir de hoy la pesquisa en torno al presunto enriquecimiento ilícito del vicepresidente Amado Boudou. Así se lo dijeron a Clarín fuentes judiciales. Esto permite suponer que cuando lo convoque a declaración indagatoria, como pidió la semana pasada el fiscal Jorge Di Lello, también deba responder por esta acusación en torno a su patrimonio.
Di Lello pidió la indagatoria de Boudou, y de otras diez personas, en torno a la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone en 2010.
Este delito prevé una pena de uno a seis años de prisión para “el funcionario público que, directamente o por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”. El delito, en este caso, se habría cometido para que allegados a Boudou se quedaran con la empresa dedicada a imprimir billetes de curso legal.
El planteo de Di Lello fue hecho en la causa original contra Boudou, la que inicialmente tramitó en el juzgado de Daniel Rafecas. Pero ésta luego se anexó a otra causa que ya tenía Lijo contra el vicepresidente por presunto enriquecimiento ilícito . En esta causa también se investiga a los hermanos y padres del vicepresidente, a su novia, Agustina Kaempfer, y amigos y socios.
En ambas causas “hay empresas y nombres que se repiten”, dijeron fuentes judiciales. El primer nombre que surge es el del amigo y socio del vicepresidente José María Núñez Carmona, con quien comparte acciones en las firmas Aspen y Habitat Natural. En su última declaración jurada de bienes, Boudou dijo que en la primera de esas empresas tiene acciones por 354.150 pesos. Y en la segunda, 6.000 pesos.
Otra de las firmas que surge en la investigación es WSM, dedicada a la cartelería publicitaria y que recibió millonarias sumas de publicidad oficial, es decir del Estado. Esta empresa es presidida por Juan Carlos López, quien también encabeza Rock Argentina. Ambas aportaron dinero a Aspen, de acuerdo con investigaciones periodísticas.
Los pedidos de indagatoria formulados por Di Lello alteraron parcialmente los planes del juez, ya que si bien proseguirá con la ronda de declaraciones testimoniales pautada a fines del año pasado, hay testigos que no podrá escuchar porque fueron imputados por el fiscal. Este es el caso de Alberto Amato, ex yerno de Nicolás Ciccone, Jorge Capirone, Sergio Martínez y Máximo Lanusse, el hombre que trabajaba en el Banco Macro y luego pasó a CVS.
Esto significa que cuando declaren lo hagan en indagatoria y por ende no se les tomará el juramento de decir la verdad, como es obligación de todo testigo. Los primeros testigos que declararon el año pasado, Guillermo Reinwick y Nicolás Ciccone, complicaron seriamente a Boudou al afirmar que él participó de las negociaciones para que CVS y su controlante, The Old Fund, se quedaran con la imprenta.
La próxima cita de Lijo con un testigo de esta causa será el martes 25 de febrero con Graciela Ciccone. Dos días después será el turno de su hermana Silvia. Las hijas de Héctor Ciccone podrían complicar más a Boudou si es que aportan a la Justicia el escrito que firmó ante un escribano público su padre, Héctor, en donde supuestamente relató los pormenores del ingreso de CVS en la imprenta. Ciccone falleció el año pasado.
Fuentes tribunalicias aseguran que al juez Lijo no le interesa tanto el desembarco de los presuntos allegados a Boudou en la empresa comolos presuntos delitos por los negocios posteriores que ésta consiguió con el Estado.
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