aliciaKRÍO GALLEGOS.- Desde diciembre de 1991 -cuando asumió Néstor Kirchner su primer mandato como gobernador- que Santa Cruz no vivía un fin de año con tanta incertidumbre. Su hermana, Alicia Kirchner, gobierna con las cuentas en rojo y el Ministerio de Desarrollo Social, su enclave, ocupado por trabajadores precarizados que temen perder su empleo. Cuando la gobernadora sentenció en su discurso inaugural que la provincia “estaba quebrada”, comenzaron a salir a la luz las complicaciones financieras que tiene Santa Cruz, estructurales y provocadas, del sector público y privado, que acechan su gestión y que la obligaron a solicitar ayuda financiera al gobierno del presidente Mauricio Macri.
Alicia Kirchner habla lo justo y necesario. Se muestra activa, se reúne con los intendentes y los nuevos funcionarios y recorre obras. En estas dos semanas de gestión también recibió la visita y el sostén político de su cuñada Cristina Kirchner y de Carlos Zannini, e incluso convocó a la gestión provincial a funcionarios que la acompañaron cuando estuvo al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante doce años.

Aun con estos apoyos, el panorama es quizás aún más complejo que el del lejano 1991. El presupuesto, que para 2016 se estima en $ 25.000 millones, prevé un déficit cercano a los 4500 millones. El estancamiento de ingresos por regalías producto de la caída del precio internacional del barril de petróleo es una causa irrefutable de la merma de ingresos. Pero el problema de las finanzas es, según los propios funcionarios, porque “el modelo de empleo estatal se agotó”.
La crisis de la provincia, además de números, tiene un costado humano. Hoy cumple ocho días la toma del Ministerio de Desarrollo Social, encabezada por una veintena de trabajadores precarizados que representan a casi mil en la misma situación en otros puntos de la provincia, y llevan la medida respaldados por la conducción del gremio ATE Santa Cruz. Según datos extraoficiales, hay 900 empleados en el Ministerio de Desarrollo Social contratados en forma precarizada. Con el cambio de gobierno, el mensaje fue igual para todos: “No vengan más, el 31 de diciembre se acaba el contrato”. Ese mensaje los llevó a esta medida desesperada. Una veintena de personas pasaron Navidad encerradas en el edificio.

Trabajan por una “ayuda económica” que va de $ 2000 a $ 7000, según el caso. En negro y sin aportes. Desde el gobierno las propuestas fueron: $ 3000 para pasar las Fiestas y después la única contratación posible sería monotributo o armar cooperativas. “Resistimos a ese ofrecimiento, es precarizar y ajustar a los trabajadores”, afirmó a LA NACION la dirigente de ATE Olga Reinoso.
Río Gallegos será declarada en emergencia antes de Año Nuevo, por el alto endeudamiento de la comuna y la falta de garantías salariales. “Creemos que en dos meses [Pablo] Grasso [el intendente saliente] hizo ingresar a 300 personas”, denunció el secretario de Gobierno, Jorge Cruz. Caleta Olivia, la municipalidad más subsidiada del país, está más complicada. “Se está revisando un padrón de 6400 empleados”, señaló el intendente radical Facundo Prades, quien informó que este año ingresaron al municipio unas 527 personas.

 

fuente LA NACIÓN

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