Sin un índice oficial, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, admitió ayer que durante diciembre se registró una inflación de 3,5 por ciento.
Mientras en el Gobierno denuncian que es el resultado de que la administración de Cristina Kirchner habilitó una «zona liberada» para que los empresarios remarcaran sus precios desde comienzos de este mes, los cristinistas -actualmente en la oposición- explican los aumentos como un efecto de las expectativas de una devaluación que finalmente se concretó.
El pecado continua siendo la inflación. Pero no cualquiera. Se trata de la suba generalizada de los precios más importante para un mes desde hace casi dos años y cuando el oficialismo se encamina, desde enero, a negociar con empresarios y sindicatos en el llamado Consejo Económico y Social. Para encontrar un avance similar hay que remontarse hasta febrero de 2014, cuando tras la devaluación impulsada por el ex ministro Axel Kicillof, los valores avanzaron 4,31%, según el llamado Índice Congreso.
En conferencia de prensa, acompañado por el director de la AFIP, Alberto Abad, Prat-Gay anunció que se declarará por decreto la emergencia estadística en el Indec y, en un combo de prórrogas de impuestos internos, extendió el beneficio de la devolución de parte del IVA por compras con tarjeta débito a los combustibles, uno de los productos que -se prevé- sufrirá aumentos tras el corrimiento cambiario. El ministro informó también ayer el fin del blanqueo de capitales dispuesto por el kirchnerismo (ver aparte).
«El Gobierno anterior decretó una zona liberada para que los empresarios remarcaran sus precios», cuestionó Prat-Gay, que indicó que casi el 80% de los aumentos de este mes se dieron mientras el kichnerismo gestionaba aún los resortes del Estado. Más precisamente, dijo que del 3,5% estimado para este mes, un 2,5% se le debe atribuir a la «herencia» del gobierno previo.
«La campaña sucia creó una psicosis de expectativas», denunció el ministro, que aseguró: «Estamos trabajando sobre esas expectativas para que los precios se vuelvan a recalcular». Incluso sugririó que «algunos precios han caído en las últimas semanas». LA NACION informó días atrás que los números que maneja el Gobierno indican que en la última semana el costo de vida habría subido 0,6%, debajo del 0,9% de la anterior. El Ministerio de Producción está trabajando con los supermercados y la industria alimenticia para suplantar el programa Precios Cuidades -que vence el 7 de enero- con una nueva canasta.
Además, con el fin de hacer frente al incremento de precios de este mes, Prat-Gay destacó la exención del pago del impuesto a las ganancias en los aguinaldos de los sueldos menores a los $ 30.000 y el pago por única vez de $ 400 para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), por embarazo y a los jubilados que cobran la mínima. «Es una mejora del salario de bolsillo, para el 30% más vulnerable, de un 10 por ciento», explicó el ministro.
Además indicó que se prorrogará el beneficio del reintegro del 5% a las compras realizadas con tarjeta de débito de hasta $ 1000 y que se extenderá a las compras de combustibles. Reiteró además que se presentará en el Congreso un proyecto de ley para la devolución del IVA a productos de la canasta básica.
La emergencia estadística
El ministro informó que desde hoy se decretará por un año la emergencia estadística «para ordenar el Indec y recuperar la verdad». Advirtió que con la actual situación del organismo no se pueden publicar índices, por lo que están evaluando un nuevo cronograma de difusión. Sin embargo, como anticipó este medio, se publicará un «índice alternativo» (con insumos de indicadores provinciales oficiales). Se trata de una necesidad del mercado: muchos contratos se indexan en base al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), dato asociado a la inflación oficial.
La emergencia estadística le otorga facultades al director del Indec, Jorge Todesca, para cubrir cargos y modificar, entre otras cosas, el organigrama del instituto. Por las trabas administrativas, a la nueva cúpula del Indec se le está complicando -por ejemplo- nombrar al nuevo equipo de la dirección de Precios. «El que no trabaja no tendrá lugar», afirmó Prat-Gay cuando LA NACION preguntó si el decreto que se publicará hoy habilitaba desplazamientos. «Con este instrumento se podrá ver caso por caso», agregó el ministro. Ayer en el Indec cesantearon a 27 trabajadores, todos bajo la ley marco, quienes -según supo este medio- no acreditaban más de tres horas diarias de trabajo en el organismo. La decisión se tomó para esquivar la renovación automática dispuesta por el ministerio de Modernización esta semana. «Los que usaron el instituto para mentir no tendrán impunidad», cerró.
fuente LA NACIÓN
Relacionados
Fracaso: Sobreactuación de Milei donde Argentina no figura
Demoras en la construcción de Marcos Paz II y Jorge Macri, no pasa nada
CABA: No pueden con motines y forman comité de emergencia por Israel