El juez federal Sebastián Casanello allanó ayer las 10 unidades de gestión local que el PAMI tiene en la Capital en la causa que investiga una supuesta red que vendía medicamentos a afiliados fallecidos.
Por orden del magistrado, agentes de la Policía Federal se llevaron computadoras, expedientes y documentación relacionada con los muertos que aparecían en el padrón del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y que según la denuncia que realizó el organismo a cargo de Carlos Regazzoni le habrían costado a la obra social unos $ 1500 millones.

Según la denuncia que presentó Regazzoni a principio de mes contra la anterior administración que dirigió hasta diciembre el kirchnerista Luciano Di Cesare, el desfalco habría ocurrido con los medicamentos para diabéticos -tiras reactivas- y en la maniobra utilizaron documentación apócrifa de unas 7500 personas fallecidas.
Los beneficiarios, según el escrito que las nuevas autoridades del PAMI presentaron ante la Justicia, continuaron comprando tiras reactivas luego de su deceso.

“Como en la demanda denunciamos que había muertos que figuran como vivos, la Policía Federal vino a buscar esos datos”, detallaron a LA NACION fuentes de la obra social más grande de América latina, con 5.500.000 afiliados.
“Detectamos 7500 personas fallecidas que aparecen con la compra de medicamentos. Y esto pasó porque no hubo controles internos, no se cruzaba el padrón de afiliados con el registro de fallecidos, había médicos que fraguaban las recetas o les fraguaban las recetas y en muchos casos había connivencia de las farmacias”, le había explicado Regazzoni a Clarín días después de presentada la demanda.

El funcionario detalló que esos medicamentos eran revendidos a clínicas y farmacias.

Tras siete años con Di Cesare al frente del PAMI, el organismo quedó con una deuda de $ 5000 millones y un déficit operativo de $ 200 millones mensuales.

Como informó LA NACION en diciembre último, el médico que designó el presidente Mauricio Macri para administrar el instituto ya había denunciado a su antecesor por “defraudación contra la administración pública”.

Di Cesare también se encuentra procesado por irregularidades en la suscripción de letras del tesoro por más de $ 2000 millones, cuando no podía hacer frente a la atención de los jubilados por falta de dinero. Anteayer, la Sala II de la Cámara Federal Penal porteña confirmó el procesamiento y ratificó el embargo de $ 1 millón que le había impuesto el juez Claudio Bonadio.

Desde que asumió, Regazzoni investiga la connivencia entre algunos centros de salud y las ex autoridades de la entidad. Ya se encontraron con sobreprecios en la compra de medicamentos e irregularidades en las cápitas -como se llama a la derivación e internación de los afiliados- con los centros de salud.

Con unos 15.000 trabajadores, Regazzoni tiene a su cargo una de las cajas más importantes del país. De $ 6.797.400.000 en 2007, pasó a administrar unos $ 82.000.000.000. Esto representa, detrás del gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, el quinto presupuesto más abultado de la Argentina.

El lamentable estado en el que relatan las nuevas autoridades que encontraron al PAMI anticipa nuevas denuncias contra la anterior administración.

 

fuente LA NACIÓN

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