Sentadas en círculo en el suelo, un grupo de personas escuchan en silencio a una joven que llora. “Trabajé toda mi vida para que esto no pase y ahora nos lo están haciendo a nosotros”, dice entre sollozos. En medio del hall de entrada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), la mujer denunciaba que tanto a ella como a muchos de los que estaban allí los había discriminado el propio organismo.
El reclamo se desató poco después de que el nuevo interventor del Inadi, el ex subsecretario de Justicia de la ciudad de Buenos Aires Javier Buján, ordenó el despido de 108 personas del instituto -un 20% de la planta total- entre, según él, empleados con superposición de funciones, sin calificación para el cargo o que directamente no se presentaban a trabajar y cobraban igual.

Después de tres días de protestas en el edificio de Avenida de Mayo al 1400 y de negociación con el gremio estatal de ATE se firmó en el Ministerio de Modernización la reincorporación de apenas diez de los 108 despedidos.
“Caótico.” Ésa es la palabra con la que Buján describe cómo encontró algunos sectores del organismo cuando asumió el cargo, a fines de diciembre. El estropicio era tal que algunas cuestiones de propaganda kirchnerista siguieron difundiéndose ya entrado el gobierno del presidente Mauricio Macri: LA NACION fue testigo, el 30 de enero pasado, durante los festejos del año nuevo chino, de cómo una de las camionetas del instituto que auspiciaban el evento proyectaba en una de sus pantallas imágenes del ex presidente Néstor Kirchner. Según las autoridades del Inadi, el empleado que filtró ese video sin autorización renunció.

Sobran los casos para ejemplificar un organismo que, a simple vista, parece haber quedado en el tiempo, al volverse cada vez menos funcional mientras se engrosaban los legajos de nuevos empleados, en su mayoría militantes kirchneristas, según las nuevas autoridades. La imagen del abandono va desde lo más simple hasta la propia esencia del organismo:
-El Inadi no tiene computadoras propias, y las pocas que hay son máquinas añejas prestadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

-Hasta hace unos meses tampoco tenía digitalizadas las resoluciones de las autoridades previas. Tampoco hubo transición entre el anterior interventor, Pedro Mouratian -designado por la presidenta Cristina Kirchner en 2011-, y el actual. Nunca se conocieron.

-Entre los despedidos hubo casos de personas empleadas desde hacía más de seis años y que percibían un salario, pero que no iban a trabajar. También había cargos que requerían ciertos estudios (como el de psicólogo, por ejemplo) que estaban ocupados por personas sin estudios primarios.

-Buena parte de los trabajadores incorporados en los últimos años son militantes kirchneristas que hoy conservan su cargo, salvo aquellos que protagonizaron casos como los citados en el punto anterior.

-Había que comunicarse con las superpobladas delegaciones del interior a través del correo físico porque no había -y aún no hay- un sistema que las conectara en red. Mucho menos había un equipo de seguridad informática que pudiera haber evitado, por ejemplo, el hackeo sufrido tres días después de que asumió la nueva conducción.

-El instituto tenía empleados desperdigados en otras dependencias del Estado sin roles claros.

-En un depósito había abandonados más de 10.000 ejemplares de textos impresos con recursos del Inadi que nunca fueron repartidos.

-El instituto contaba con apenas tres ejes centrales sobre los que trabajaba: diversidad, adultos mayores y racismo. El primero de ellos era el único “fortalecido” que seguirá funcionando tal como estaba.

-Como receptor de denuncias, en 2015 el Inadi recibió sólo 1794, de las cuales el 59% no obtuvo resultados. Sin embargo, del 41% que fueron catalogadas como “resueltas” el 37% fue por “desistimiento o inacción” del denunciante.

Las auditorías para conocer el verdadero estado de situación todavía no concluyeron. Sobre los resultados que brindaron hasta ahora, Buján -que manejará un presupuesto de $ 120 millones- afirma, sin embargo, que no todo está tan mal. “No lo encontré peor de lo que esperaba. En diversidad se hizo un buen trabajo. Eso seguirá igual. No venimos a cambiar todo.”

De todas maneras, la nueva conducción debió extender de seis meses a un año el plazo estipulado en un principio para reorganizar el instituto.El interventor presentará un documento con detalles de la herencia y los lineamientos de su gestión el 30 del actual.

Mientras tanto, los despedidos empapelaron las puertas del organismo con carteles con frases como “Buján miente” o “Discriminación en Inadi”. Mensajes que terminan siendo una postal de un cambio que ya empezó.

Javier Buján

Interventor del inadi

El subsecretario de Justicia porteño durante el gobierno de Mauricio Macri asumió a fines de diciembre

 

fuente LA NACIÓN

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