GENERAL MADARIAGA.- Todo mal. O, por lo menos, nada como debería ser. La Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 19, a 1300 metros del cruce de las rutas 11 y 74, que marcan uno de los accesos a Pinamar, se inauguró con apuro en noviembre pasado en parcelas de un barrio privado donde aún no hay casas construidas. Tiene 58 empleados, a los que se les deben cinco meses de haberes y que ni siquiera figuran en los listados de la provincia porque la actual administración bonaerense tampoco tiene constancia de cómo y con qué fondos se ejecutó esa obra.
Los trabajadores, con apoyo gremial, se manifestaron ayer ante firmes versiones que daban cuenta de un posible cierre de este servicio, que sigue en funcionamiento pero sin recursos oficiales. La manifestación se dio casi en simultáneo con una reunión en Pinamar entre el intendente de ese distrito, Martín Yeza; su par de General Madariaga, Esteban Santoro; la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, y gremialistas para buscar una solución de fondo.

Se llegó a un acuerdo para que el establecimiento continúe con sus prestaciones, se regularice la relación de dependencia de todo el personal y se analice la posibilidad de potenciarlo a corto plazo para la atención de pacientes del resto de la región. También quedó explícito el compromiso de las autoridades de la cartera para iniciar un sumario y, si surgen pruebas, llevar este caso a la Justicia para que investigue posibles irregularidades de la gestión del ex gobernador Daniel Scioli.
La UPA N° 19 se construyó a la vera de la ruta 74 sobre tierras del proyecto inmobiliario La Mansa, un barrio privado. Responde al formato de hospitales intermedios, con un plantel de 20 profesionales, tres consultorios externos, equipos de rayos y ecografía, shockroom, área de terapia intensiva y ambulancia para alta complejidad, elemental para una zona caracterizada por accidentes automovilísticos.

El acto de inauguración se hizo días después de la derrota de Scioli en el ballottage presidencial. Para ese entonces, durante las primeras semanas, el centro sanitario no tenía conexión de energía eléctrica ni agua. Desde esos días, su director es Gabriel González, que había sido secretario de Salud de la gestión municipal de General Madariaga que acababa de perder la elección.
El intendente de ese distrito, Esteban Santoro, habló ayer de “responsabilidades políticas”. Destacó, por ejemplo, que el barrio privado La Mansa preveía cesión de parcelas para servicios públicos, entre ellos salud. “Pero la UPA N° 19 se levantó sobre un lote privado”, precisó. Por eso no escatimó quejas sobre las desprolijidades en esta obra. “Mientras tanto, hay que encontrar una solución para no perder fuentes laborales y reconvertir el servicio de salud”, insistió.

“A pesar de la falta de pago, aquí no se ha dejado de atender a la gente ni un solo día”, explicaron a LA NACION los trabajadores. Señalaron incluso que la nafta para la ambulancia o la compra de productos de limpieza se hacen con dinero que sale de sus propios bolsillos o de terceros que colaboran.

Dirigentes del gremio estatal de ATE participaron ayer de la protesta con corte de ruta parcial. Acusaron al gobierno provincial de querer cerrar el establecimiento y reclamaron que continúe el servicio y no se pierda ningún puesto de trabajo. “La situación es compleja”, advirtió a LA NACION Cristian Baliña, referente de ATE.

La ministra Ortiz confirmó que la UPA N° 19 continuará con sus servicios y regularizará la situación de todo su personal, condición fundamental para que puedan percibir los sueldos adeudados.

Yeza no sólo confirmó a LA NACION el acuerdo para mantener el servicio de salud pública para Pinamar y Madariaga, sino también la posibilidad de reconvertirlo, siempre con fondos provinciales. “Se abre una discusión para que el UPA, con aval de la gobernadora Vidal, pueda ser un hospital subzonal de acá a los próximos meses, con beneficios para toda la región”, detalló el intendente.

 

fuente LA NACIÓN

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