Cuando la delegación San Martín de los Andes de la Policía Federal irrumpió este martes por la mañana en una casa en la calle Mascardi al 500 de la ciudad neuquina, encontró algo al menos infrecuente en cualquier allanamiento: un montón de dinero. Había en el lugar, según información de la causa a la que accedió Infobae, 900 mil pesos, 10 mil dólares y mil pesos bolivianos. Precisamente, dos inmigrantes bolivianos que eran los responsables del lugar quedaron detenidos. Elia Morales Plata, de 36 años y Ronald Alcides Viza Cruz, de 43, quienes serían pareja, para quedar incomunicados y a disposición del Juzgado Federal de Zapala, subrogado por la jueza María Silvina Domínguez, a cargo del expediente.

La sospecha principal: ambos serían parte de una operación de tráfico de personas. La documentación hallada, por lo menos, respalda la hipótesis. Anotaciones con información de mujeres y comprobantes de giros de dinero hechos por las presuntas damnificadas, tickets de entrada y salida del país de la Dirección Nacional de Migraciones, documentos de extranjeros ajenos a la casa en la calle Mascardi junto a tres notebooks, cuatro tablets y cinco celulares, además de dos CPU y dos discos rígidos externos, material que deberá ser peritado en las próximas horas.

Tras una denuncia realizada tres días atrás por personal de Asistencia a la Víctima del Delito, el Juzgado Federal de Zapala firmó órdenes para allanar en un operativo conjunto con Gendarmería no solo el domicilio en Mascardi, sino también lo que sería el frente de la operación: un local de ropa sobre la calle Elordi al 800, llamado “Sarely”, que es, casualmente, el segundo nombre de una bebé de un año que sería hija de los detenidos, domiciliada también en la calle Mascardi. En el local fue encontrada una supuesta empleada, de origen extranjero y que se presume sería una víctima, que fue puesta en el programa de asistencia. También hallaron documentación de valor.

Así, queda por determinar si Morales y Viza Cruz tienen un rol de mando o son simples empleados en la organización sospechada. Hay particularidades y paradojas: Morales, inscripta en la AFIP hace seis años y con domicilio fiscal en el local de la calle Elordi, está registrada para comerciar en el rubro de prendas de vestir. Información de aportes patronales la muestra como empleadora; hay pagos de cargas sociales a su nombre hechos al menos hasta mediados del año pasado. En el local de Elordi también tiene domicilio fiscal una mujer argentina de 40 años, oriunda de San Martín de los Andes y registrada en el rubro de venta de ropa.

Este no es el único hecho reciente de trata laboral que involucra a ciudadanos del país vecino. A mediados del mes pasado, la división Trata de Personas de la PFA, a cargo de la comisario Noemí Flores, detuvo en Ezeiza a una mujer de 65 años y su hija de 41, en una causa a cargo del doctor Alberto Santamarina, juez federal de Lomas de Zamora.

La estrategia de madre e hija era simple: a través de aviso en carteleras de trabajo en ciudades como La Paz, traían compatriotas a la Argentina para hacerlos vender ropa en la feria de La Salada, entre otros puntos de venta. Pero la realidad se volvía algo más dramática. Se supo por testimonios de las víctimas que del dinero que recaudaban por las ventas se les descontaba el costo de la ropa que vendían. Es decir, si no vendían, quedaban en deuda. Tenían que pagar su alojamiento en condiciones infrahumanas, apiñados en colchones y camas cucheta en un rancho sin revoque. Hasta le tenían que pagar la comida a sus explotadores. Las jornadas laborales en los puestos podían escalar hasta doce horas y sus libertades ambulatorias estaban controladas, ya que sus documentos quedaban retenidos. Una víctima hizo la denuncia, contactó a la línea 145 de la Oficina de Rescate. Así, seis personas fueron liberadas.

 

fuente INFOBAE

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