El primer peritaje presentado en la causa por presunto espionaje contra políticos, jueces, periodistas y famosos afirmó que hubo teléfonos que efectivamente habrían sido pinchados.

El estudio lo hizo Claudio Garbarz, de la Universidad Tecnológica Nacional, sobre una lista original de 202 supuestos espiados. Esa lista la había aportado el año pasado Laura Alonso, entonces diputada por Pro y hoy jefa de la Oficina Anticorrupción. En la denuncia que dio origen a esta causa, ella informó que un agente de inteligencia le había comunicado, de manera anónima, que se estaba espiando a esas 202 personas, en su mayoría públicas.
Según el informe de Garbarz, algunos de los nombrados fueron, como se denunció, objeto de una intrusión, informaron fuentes con acceso al expediente.

Ahora, el juez de la causa, Sebastián Casanello, espera un nuevo peritaje, que le encomendó a la División Cibercrimen de la Policía Metropolitana para que chequeara las intrusiones e investigara su origen. Notificados del resultado del primer estudio, algunos de los supuestos espiados dijeron desconocer el teléfono que aparecía a su nombre o haberlo dejado de usar hacía años. Garbarz hizo un análisis con un método propio, que fue cuestionado en algunas causas, pero la Cámara Federal no lo invalidó.
Según su informe, varias líneas habrían recibido de un hardware ciertos softwares maliciosos, que son programas que permitirían la intrusión. Entre las líneas que dieron positivo ante esta prueba hay algunas que pertenecerían a jueces, como Claudio Bonadio, Sergio Torres, María Romilda Servini de Cubría, Jorge Ballestero; otras, a políticos, como la propia Alonso y Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad, y otras, a periodistas y empresarios de medios, como Héctor Magnetto , CEO de Clarín.

Antes de estos peritajes, los informes oficiales ordenados en la causa arrojaron que no se había tratado, en ningún caso, de escuchas hechas por la Oficina de Observaciones Judiciales (conocida como Ojota) ni su sucesor, el Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom). Originalmente dependiente de la SIDE, después de la Procuración y hoy de la Corte, es el único organismo capaz de hacer interceptaciones telefónicas legales. En otras causas, en cambio, se corroboró que sí se habían hecho escuchas indebidas haciéndolas pasar por legales.
La denuncia original -cuyo autor nunca fue identificado- daba algunos datos y decía, por ejemplo, que las intervenciones se harían desde una oficina que estaba en la esquina de las avenidas Entre Ríos y San Juan. Se investigó la zona y no se encontró nada. Cerca, sobre San Juan, funcionaba una oficina del Ministerio de Seguridad, que fue inspeccionada, pero también con “resultado negativo”.

 

fuente LA NACIÓN

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