CÓRDOBA.- Los coletazos del escándalo de corrupción en Brasil llegaron a esta provincia. Juan Pablo Quinteros, legislador del Frente Cívico, pidió al fiscal federal Enrique Senestrari que investigara la vinculación del ex gobernador José Manuel de la Sota con el «Lava Jato», la operación que puso en jaque al ex presidente Lula da Silva.
Otros legisladores, además, pidieron informes sobre los contratos de obra pública con la provincia que mantiene Odebrecht, cuyo ex presidente Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita en el multimillonario caso de sobornos en Petrobras.
La constructora ganó hace pocas semanas seis de los diez tramos de obra de los gasoductos troncales licitada por el gobernador Juan Schiaretti, con un presupuesto de casi 9000 millones de pesos. En la Unicameral, tres ministros ratificaron la continuidad de la empresa.
«Todo se hizo en un marco legal y de total transparencia, ninguno de los que no ganó hizo una objeción y las únicas objeciones son de algunos legisladores por cuestiones políticas. No se puede dar de baja el proceso porque se perdería la oportunidad histórica para los cordobeses de tener gasoductos en toda la provincia», sostuvo anteayer Fabián López, ministro de Agua y Energía.
LA NACION confirmó que, desde el viernes, operadores de la empresa sondeaban si había riesgos ciertos de que los contratos puedan caer.
Por el «Lava Jato» está detenido João Santana, gurú del marketing político internacional, acusado de recibir dinero de firmas brasileñas, incluida Odebrecht. El experto desembarcó en la Argentina en 1998, de la mano de De la Sota para dirigir la campaña que, finalmente, lo consagró gobernador.
Santana y Duda Mendonça trabajaron juntos y separados para el cordobés durante casi 14 años. Los «brasileños» -como los llamaban en el círculo delasotista- aprobaban, desautorizaban, editaban y hasta determinaban los colores de las pintadas callejeras.
Como publicó este medio, en su primer testimonio Mónica Maura, esposa de Santana y detenida junto a él, admitió que en 1998 abrieron una cuenta en el banco suizo Heritage a nombre de la empresa off shore Shellbill para recibir los pagos de De la Sota. Reconoció que Odebrecht pagó parte de los trabajos para algunos candidatos, como el venezolano Hugo Chávez.
En su presentación judicial, Quinteros repasa los nexos entre Córdoba y distintos actores del megaescándalo brasileño: la intención de interesar a Petrobras en la exploración de petróleo en la provincia, la convocatoria a Odebrecht para construir y financiar la autovía entre Córdoba y Río Cuarto y los gasoductos y el contrato publicitario de De la Sota.
El legislador Aurelio García Elorrio denunció hace un año que la obra de gas aparece en la lista de 750 contratos que el cambista arrepentido Alberto Youssef entregó al juez del estado de Paraná, Sergio Moro; todos están sospechados de sobreprecios y sobornos. En esa nómina (en las páginas 32 y 33) figura la empresa OAS, que salió segunda en la licitación asociada con Electroingeniería, cercana al kirchnerismo.
«OAS ofrecía 22 millones de dólares de coima -dijo el parlamentario a este diario-. Con colegas de distintos partidos como Ricardo Fonseca, Liliana Montero, Roberto Birri y Javier Preto presentamos una decena de pedidos a la Fiscalía Anticorrupción para que librara un exhorto y determinara si se había cobrado la coima y quién lo había hecho». El fiscal Gustavo Hidalgo archivó la causa sin hacer nunca el pedido.
fuente LA NACIÓN
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