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Despidos: en 2009, Cristina aplicó recetas parecidas a las de Macri

La crisis financiera de 2009 obligó a los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a cambiar su agenda. «No podíamos hablar de otra cosa», admitió un ejecutivo que pasó por ese encuentro en Ginebra aquel 19 de junio, hace ya siete años. Allí se debatió sobre el significativo impacto del cimbronazo económico en el mercado laboral. Nació entonces el Pacto Mundial para el Empleo.

El Impacto de Las Politicas Laborales Contraciclicas Sobre El Empleo Asalariado Registrado by Natalia Vargas

El documento, con 28 líneas de acción diferentes, nunca trató la posibilidad de prohibir despidos ni establecer castigos para aquellas empresas que los impulsaran. En cambio, puso el foco en «aumentar el apoyo a las personas vulnerables», «evitar las soluciones proteccionistas» y «asegurar» una regulación eficaz para las economías de mercado que «comprenda un entorno jurídico y normativo favorable a la creación de empresas sostenibles y la generación de empleo».

En su punto 11, inciso 4, habla sí de «limitar o evitar las pérdidas de trabajo», pero recomienda mecanismos como el empleo compartido y prestaciones de desempleo parcial. El pacto fue respaldado por varias delegaciones invitadas a la Conferencia Internacional del Trabajo, entre ellas, la argentina. Allí estaban algunos promotores de la actual ley antidespidos, como el diputado Héctor Recalde. También lo avalaron sindicalistas: Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (UPCN) u Omar Suárez (SOMU), entre otros.
Quien se acordó anteayer de los vaivenes de Recalde fue el diputado Mario Negri (UCR), mientras el jefe de Gabinete, Marcos Peña, hacía su informe en la Cámara de Diputados. «El año pasado hubo aquí un proyecto de ley que proponía la doble indemnización -dijo en el recinto-. ¿Y saben qué dijo de los argentinos el diputado Héctor Recalde? Dijo que era una repetición de lo que hizo Duhalde después de la convertibilidad, que obviamente significó la licuación del poder adquisitivo.»

A pesar de la razonabilidad sindical, no eran tiempos fáciles para Cristina Kirchner. En el primer trimestre de 2009, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), había 108.000 trabajadores registrados menos que a fines de 2008, sumando las plantillas del Estado y las empresas. Sólo en el mercado laboral privado los despidos fueron 106.000.

En el primer trimestre de este año, el Gobierno no admitió despidos. Sobre la base de datos del SIPA, señaló que hubo un crecimiento de 3218 puestos entre diciembre y febrero, aunque el Ministerio de Modernización ratificó 11.000 desplazamientos en la administración central. No hay datos sobre lo que ocurrió con el empleo público total. La CTA, en cambio, estimó que las personas que perdieron su trabajo son 68.000. Página 12 citó un trabajo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que habla de más de 141.000 despidos. Dudas heredadas de la destrucción estadística.

En 2009 el kirchnerismo eligió recorrer otro camino y no el actual. Pese a la «ola de despidos», no impulsó la emergencia ocupacional. El entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada, tuvo otros planes: bajar las contribuciones patronales (incentivo similar al presentado en los 90 por Domingo Cavallo o al anunciado días atrás por Macri) y subsidiar parte de los salarios de los trabajadores de empresas en crisis.

La primera iniciativa fue promulgada el 22 de diciembre de 2008. La segunda se llamó Programa de Recuperación Productiva (Repro). En 2008, según datos oficiales, el Repro llegaba a 448 establecimientos. Un año después se distribuía entre 2769 empresas (salud, frigoríficos, pesca, textiles y autopartes). Se pasó de subsidiar a 22.846 trabajadores a 143.653 en tan sólo un año.

El senador del FPV Juan Manuel Abal Medina fue anteayer un impulsor de la ley antidespidos. Pero en 2012, cuando era jefe de Gabinete, su Programa de Evaluación de Políticas Públicas elogió en un informe el camino elegido por Tomada en 2009. El documento sentenció incluso que la rebaja de contribuciones patronales -la opción de Macri- fue la más eficiente.

 

fuente LA NACIÓN

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