Harán análisis toxicológicos a los 93.000 policías bonaerenses

LA PLATA.- Los policías bonaerenses serán sometidos a análisis toxicológicos, de alcoholemia y de abuso de sustancias ilícitas. Los primeros tests se les harán al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo ; al jefe de la fuerza, Pablo Bressi, y a todo el personal de la Superintendencia de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado. En los próximos 90 días la medida alcanzará a 1670 personas, pero más adelante los 93.000 efectivos de la provincia serán sometidos al estudio.

La gobernadora María Eugenia Vidal tomó esta decisión junto con otra destinada a transparentar la fuerza: duplicará la cantidad de policías obligados a presentar declaraciones juradas de bienes. Más de 7600 oficiales se sumarán a los 6800 jefes y subjefes ya alcanzados por esta exigencia. En total, 14.000 uniformados deberán dar cuenta de su patrimonio cada año.

«Son todas medidas orientadas a la transformación de la policía», dijo la gobernadora a LA NACION. Desde el inicio de su gestión, la Dirección de Asuntos Internos -que reporta directamente a Vidal- ya apartó a 4430 policías, suspendió a 1155 y detuvo o envió a prisión a 362 uniformados por distintos delitos.

Además, Asuntos Internos inició 300 sumarios que alcanzan a 100 policías investigados por presunto enriquecimiento ilícito. De ellos, 73 jefes y subjefes ya fueron denunciados ante la Justicia con pruebas suficientes para procesarlos.

El ministro Ritondo dejó en claro ayer que en la lucha contra la narcocriminalidad no puede haber connivencia de uniformados: «Aquellos que dan la lucha contra el narco no pueden estar implicados», dijo, al anunciar los exámenes toxicológicos. «Somos la primera fuerza de seguridad del país que toma esta medida», añadió.

Fuera del país, la DEA y el FBI norteamericanos y las policías de Nueva York, Honduras, Ecuador, México y Australia son algunas de las que hacen análisis similares a sus integrantes.

En la provincia se firmó un convenio para que los tests los realice Fundartox, entidad presidida por Carlos Damín, especialista en Toxicología, Medicina del Trabajo y Salud Pública, profesor de Toxicología en la Facultad de Medicina de la UBA y jefe de la División Toxicología del hospital Fernández.

Con el anunciado objetivo de «planificar políticas para el control, reconocimiento, tratamiento, prevención, concientización y capacitación sobre el consumo, abuso, uso y abuso de sustancias psicoactivas», la resolución llega tres meses después de que el agente Luis Montero, de la Policía Local de Ezeiza, fue filmado cuando consumía cocaína. Fue suspendido y se le inició una causa por infracción a la ley de estupefacientes.

No fue el único policía implicado en el consumo de drogas o en el abuso de sustancias ilícitas. Otros 145 policías ya recibieron sumarios internos por consumir estupefacientes durante el trabajo, según pudo averiguar LA NACION.

Según surge de un informe estimativo que proyecta el consumo de la población total al universo de los 93.000 policías bonaerenses, el 2,4% de los uniformados podría estar involucrado en el consumo de cocaína; el 4%, en el consumo de marihuana, y el 7,2%, en el uso irregular de psicofármacos.

Los análisis orientados a detectar estos casos en las fuerzas de seguridad se harán a través de muestras de saliva. Serán sorpresivos, en el lugar de trabajo de cada uniformados, y sorteados al azar por el numero de legajo. En los que casos en que el resultado dé positivo se hará una contraprueba por medio de un test de orina.

Atención especial

No se expulsará al agente afectado a menos que se detecte que está involucrado en un delito como, por ejemplo, la comercialización de las sustancias. En caso de que sólo se trate de consumo personal se lo asistirá desde el área de salud mental.

«No queremos iniciar una caza de brujas -dijo Ritondo-, sólo queremos estar seguros de que quien tiene permiso para usar un arma no esté bajo efectos tóxicos.»

El test toxicológico se hará desde ahora a los ingresantes a la fuerza. Los postulantes serán sometidos a pruebas de rutina para detectar estos consumos.

La gobernadora Vidal enfatizó que la idea no es estigmatizar, sino dar a los policías que consumen la posibilidad de «pedir ayuda» y, al mimo tiempo, «ofrecer control», para que la sociedad sepa que está en manos de buenos policías.

«La gravedad de cada caso la va a determinar el área de Asuntos Internos», dijo Ritondo a LA NACION. «En cada caso se evaluará si el consumo está ligado a delito o no. En caso de que así sea se abrirá un sumario. En caso contrario se suspenderá al uniformado mientras hace el tratamiento, a cargo del área de sanidad», se explicó.

fuente LA NACION

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