Casi un año después de la sanción de la ley de reparación histórica para los jubilados, la medida está lejos de alcanzar los resultados prometidos: empezó a cobrar menos del 40 por ciento de los potenciales beneficiarios, el porcentaje promedio de los aumentos quedó muy por debajo de lo calculado y se incrementó la cantidad de juicios por reajustes previsionales.

Según datos aportados por el jefe de Gabinete, Marcos Peña , en su último informe ante el Congreso, se abonaron 894.668 casos. La cifra representa el 37 por ciento de la meta de 2.400.000 personas que el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso , se propuso alcanzar en julio de 2018, justo dos años después de la promulgación de la ley, en julio de 2016. El programa vence en 2019.

El porcentaje promedio de aumento registrado de los que recibieron el beneficio fue del 24,9 por ciento, pese a que el Gobierno sostuvo que sería de un 35, 40 o 50 por ciento, según el grupo al que perteneciera el jubilado: con sentencia firme, con juicio iniciado o sin causa en trámite. En enero, cuando se liquidaron los últimos incrementos por la reparación, el haber promedio de los que recibieron el beneficio pasó de 8332 a 10.407 pesos.

La ley tampoco cumplió hasta ahora con el objetivo de bajar la cantidad de juicios. Del universo de 443.823 jubilados con causas abiertas, sólo 22.536 desistieron del reclamo para adherir a la reparación, el 5 por ciento del total. Además, de septiembre a diciembre de 2016 se iniciaron 10.404 causas, casi mil más que las abiertas en el mismo período del año anterior.

“Es una buena ley, pero hay dos cosas que están frustrando sus objetivos: la sobreestimación política que se hizo durante el debate legislativo y la faz operativa, que es realmente muy mala”, dijo a LA NACION Eugenio Semino, defensor del pueblo de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires. “En ningún caso la ley iba a resolver el problema de los jubilados que cobran la mínima”, agregó. Es un universo de unas 3.500.000 personas sobre un total de unos 6.500.000 jubilados y pensionados.

El propio Semino, dos abogados expertos en seguridad social consultados por LA NACION y tres diputados opositores que integran la Comisión de Previsión y Seguridad Social, coincidieron en que el programa no va a alcanzar a 2.400.000 personas. Argumentaron que la mayoría de las solicitudes se hicieron en los meses siguientes al lanzamiento de la medida, por lo que la curva de adhesión será descendente.

La mirada de la Anses es totalmente opuesta. Si bien Peña informó en el Congreso que la meta oficial ahora es de “cerca de dos millones” de beneficiarios, las autoridades del organismo manifestaron que el porcentaje de casos liquidados en los primeros ocho meses “es la prueba del éxito alcanzado por la propuesta”. Agregaron que desde agosto pasado se otorgaron 350.000 nuevas jubilaciones y pensiones que deberían considerarse parte de la reparación histórica porque se calcularon con los índices correctos.

Respecto del porcentaje de aumento de los casos ya liquidados, indicaron que el promedio está por debajo de lo prometido porque se adelantó el pago a los jubilados de más de 80 años y a los que tienen problemas de salud, un universo al que en general le correspondía un porcentaje menor de reajuste. “En la medida en que casos de mayor importe y complejidad se sumen a los pagos, se irán alcanzando los valores mencionados”, indicaron.

Afirmaron además que desde la sanción de la ley “se ha advertido una gran disminución de la litigiosidad”. Argumentaron que mientras que en agosto de 2016 el inicio de juicios había crecido a un ritmo del 40 por ciento respecto del año anterior, desde que se aplica la reparación histórica la tasa de incremento de juicios disminuyó a un 11 por ciento. Es decir, los juicios siguen creciendo, pero a un ritmo menor. “A medida que avance el programa, la tendencia decreciente se va a profundizar”, dijeron.

Reajustes muy bajos

A contramano del optimismo oficial, los abogados especialistas Christian D’Alessandro y Silvia Arce advirtieron que la escasa adhesión responde a que los reajustes ofrecidos en la reparación son muy bajos. “Esto motivó que una gran cantidad de jubilados que jamás había reclamado judicialmente se decida a empezar un juicio”, dijo D’Alessandro.

Arce puso el foco en las desprolijidades del proceso administrativo. Los casi 900.000 jubilados que están cobrando, señaló, fueron seleccionados por la Anses “de manera arbitraria”, dado que, según confirmó Peña, más de 200.000 aún no aceptaron la oferta de reajuste.

Entre los jubilados que habiendo hecho la solicitud todavía no recibieron la oferta de parte de la Anses hay 181.291 personas mayores de 80 años. “Resulta alarmante, teniendo en cuenta la edad y el tiempo que lleva el proceso, que es de aproximadamente ocho meses desde la aceptación hasta el pago, previo paso por la Justicia para su homologación”, señaló D’Alessandro.

La Anses defendió lo hecho hasta ahora y prometió respuestas en breve. “Existen casos de mayor complejidad cuya liquidación requiere un poco más de tiempo. Dada la urgencia que requieren los jubilados de edad más avanzada, se prevé que durante mayo se liquidará una importante proporción de los casos de mayores de 80 años”, indicaron.

Los diputados de la oposición creen que la respuesta del organismo en insuficiente. “Hay gente que ya cobró el beneficio y a la que la Anses después empezó a descontarle porque supuestamente estaba mal liquidado”, advirtió la diputada Mirta Tundis (Frente Renovador), presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

Juan Carlos Díaz (Frente para la Victoria) señaló que como recién este mes están saliendo las primeras homologaciones judiciales, “la Anses está pagando a los que quiere y como quiere, en contra de lo indicado por la ley”. Diego Bossio (Bloque Justicialista), ex director ejecutivo de la Anses, afirmó que el esfuerzo presupuestario dedicado a la reparación histórica es “marginal” y manifestó: “Es una ley que voté, pero que no tuvo el impacto social esperado”.

fuente LA NACION

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