Los muros que Eduardo Freiler construyó para proteger su casona blanca no pudieron ocultar la mansión que el magistrado levantó frente a la quinta de Olivos. Esa casona blanca, adquirida mediante una sospechosa operación inmobiliaria, fue el primer indicio que reveló el alto nivel de vida del juez, quien se salvó ayer de que el oficialismo avanzara en su juicio político.

El andar de Freiler incluye una colección de autos antiguos, dos viajes al exterior por año junto con su familia y la adquisición de una interminable lista de bienes en los últimos cinco años, que incluyen una flota de autos de alta gama, un yate, caballos, vacas, campos y varios inmuebles. La compra del caserón de Olivos -revelada por LA NACION en agosto de 2015- es la más llamativa: la Justicia la tasó en un millón de dólares.

Una mayoría que puede variar: los escenarios a los que apuesta el oficialismo en el Consejo
Freiler compró todos estos bienes con el único ingreso que declaró, como camarista federal, que oscila -depende el año- entre $ 75.000 y $ 150.000 mensuales.

Sin embargo, el juez ni siquiera cobra su sueldo completo ya que desde 2012 -año de su divorcio- le cede más del 30 por ciento de su salario a la jueza Marcela Pérez Pardo, su ex mujer. ¿Cómo justificó Freiler todos estos bienes?

De ninguna manera. El debe y el haber no cierran. La investigación realizada por el consejero Pablo Tonelli, que es diputado nacional de Pro, determinó que la suma de sus bienes con una proyección conservadora de los gastos del magistrado arroja, por lo menos, $ 17 millones de diferencia en los últimos años.

La proyección contempla, por ejemplo, los gastos en alimentos de Freiler, así como los seguros y el combustible de sus autos, la guardería para sus embarcaciones, el cuidado de sus caballos y sus vacas y hasta el propio alquiler de su casa -que tampoco declaró-, ya que la nueva casona todavía está en refacciones.

Silencio sobre su patrimonio

Los consejeros kirchneristas frenaron su juicio político, pero, por ahora, ninguno defendió públicamente el incremento patrimonial del juez. Ni siquiera el propio Freiler hizo referencia a sus números cuando se presentó en el Consejo de la Magistratura para dar explicaciones sobre su acusación.

“Nuestra acusación no tiene por objeto analizar las sentencias de Freiler. El juez no puede justificar su patrimonio de ninguna manera. Queremos iniciarle juicio político porque es un juez corrupto”, sostuvo ayer el macrista Tonelli. Y chicaneó a los kirchneristas al asegurar que lo defienden porque Cristina Kirchner le debe “muchos favores” al camarista. Es que Freiler fue protagonista de algunas de las decisiones judiciales más polémicas de los últimos años, como el apartamiento del juez federal Claudio Bonadio de la causa Hotesur o el rechazo a reabrir la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta.

Aunque el eje central del dictamen del oficialismo apunta al desequilibrio patrimonial del juez, la acusación también incluye las deudas impositivas del magistrado. El juez prácticamente no paga impuestos: tiene deudas de patentes en ocho autos -de alta gama-, no paga impuesto inmobiliario, tampoco el ABL ni Ingresos Brutos, según consta en el dictamen. Freiler intentó justificar esas deudas ante el Consejo: “¿Por qué motivo un ciudadano, por ser juez, no puede priorizar el destino de sus ingresos, relegando, eventualmente, al fisco y favorecer a otros acreedores u erogaciones, suntuarias o no?”.

Él decidió no pagarle al fisco para llevar la vida ostentosa que lleva y que no puede justificar de ninguna manera. El desbarajuste patrimonial está a la vista.

fuente LA NACION

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