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En un clima crispado, el Gobierno convocó a la empresa a otra reunión

«La pelota está del lado de Odebrecht. Con esta reunión vamos a conocer si quieren o no quieren acordar con nosotros.» Con esa expectativa, un alto funcionario del Gobierno se refirió al encuentro con el gigante brasileño convocado para hoy por el ministro de Justicia, Germán Garavano. La empresa hizo su primera propuesta la semana pasada y el Poder Ejecutivo elaboró una contraoferta, pero, por ahora, las partes no logran coincidir en sus pretensiones.

Según pudo conocer LA NACION, la reunión fue agendada para las primeras horas de la mañana en la cartera de Justicia, horas antes de que Garavano inicie un viaje a los Estados Unidos. Se espera que el ministro ponga sobre la mesa una contrapropuesta que elaboró en las últimas horas junto con el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

La empresa ayer miraba la negociación con cierto escepticismo, luego de que el Poder Ejecutivo advirtió que no puede evitar la persecución penal en contra de la firma. Además, Odebrecht aún tiene entreabierta la puerta de un acuerdo con los fiscales, por lo que debe evaluar si le conviene, o no, avanzar con dos convenios paralelos. Todo en la previa a que lleguen los primeros datos desde Brasil.

«Odebrecht quiere un acuerdo con el Estado y tocó todas las puertas. Ahora hay que ver si alguien abre», dijo ayer una fuente cercana a Odebrecht en diálogo con este medio, al referirse a las propuestas que la empresa presentó tanto en la Justicia como en el Gobierno.

Negociación difícil

El gigante brasileño le expresó a la gestión de Mauricio Macri que está dispuesto a entregar datos detallados de los sobornos y a pagar una multa de US$ 35 millones, el equivalente a las coimas reconocidas hasta ahora. A cambio pidió no ser perseguida por la Justicia y seguir trabajando en el país, tanto en las obras en marcha como en posibles licitaciones futuras.

Desde el Gobierno ya respondieron que esa propuesta es «inadmisible». Así, en las últimas horas, Garavano y Saravia Frías elaboraron una contraoferta que consiste en dos puntos. Por un lado quieren pedirle a Odebrecht que elabore una «carta de intención» donde se comprometa a abrir sus libros contables para poder estimar el monto de la multa. En este sentido, buscan tomar como referencia la rentabilidad generada con los contratos viciados por presuntas coimas (el soterramiento del Sarmiento, la planta potabilizadora de AySA y la ampliación de los gasoductos).

Por el otro, el Gobierno pretende que la empresa haga un depósito con los US$ 35 millones, pero como «anticipo» de un resarcimiento mayor. Respecto de las causas penales, desde el Poder Ejecutivo señalaron que no pueden dar garantías y que si del intercambio con la empresa surgen indicios de actos ilícitos, éstos serán denunciados en la Justicia por la Oficina Anticorrupción, que comanda Laura Alonso.

«A Odebrecht no le queda otra opción que aceptar lo que ofrecerá el Gobierno. Sólo así podrán continuar con las obras en marcha y seguir trabajando en el país. Ellos necesitan fondos para hacer frente a sus obligaciones en los países donde quedaron complicados», se confiaba ayer una fuente gubernamental.

Desde la empresa, sin embargo, mostraron cierta resistencia. «La información en otros países sólo se brindó cuando existió algún tipo de garantía en el aspecto penal, como ocurrió en Brasil y en la República Dominicana. Es cierto que el tema de la multa hay que negociarlo con el Gobierno, pero es algo que está subordinado a lo judicial», opinaron fuentes cercanas a la filial de Odebrecht en la Argentina.

Puja política

Además del tironeo con Odebrecht, el Gobierno batalla su puja política contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. La jefa de los fiscales fue señalada como la primera receptora de la información de la Lava Jato que puede llegar desde Brasil a partir de mañana. En rigor, los destinatarios finales de la información son los fiscales que instruyen causas contra Odebrecht y que viajarán el viernes al país vecino para avanzar en la colaboración.

Desde el Poder Ejecutivo mostraron recelo ante la posibilidad de que Gils Carbó tenga el monopolio de la información, que podría salpicar tanto al kirchnerismo como al macrismo. «Insistimos en el acuerdo con Odebrecht porque es una manera de no depender de nadie para tener información de primera mano», indicaba ayer un vocero oficial.

Otro funcionario al tanto de las negociaciones admitió: «Creemos que a la empresa le conviene firmar un acuerdo con el Gobierno para seguir operando en el país. Y si no, no habrá convenio y esperemos que la información que obtenga Gils Carbó no sea alterada y sea pública».

fuente LA NACION

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