Odebrecht: otro testimonio apunta contra Corcho Rodríguez por la obra de AySA

“Jorge Rodríguez se presentó como un miembro de la delegación de la empresa Odebrecht”, contó ante el juez Sebastián Casanello el actual presidente de la Agencia de Planificación (APLA) Pablo Bereciartua quien prestó declaración testimonial en el marco de la causa donde se investiga a la constructora brasilera junto a las demás firmas que integraron el consorcio adjudicatario de la planta potabilizadora Paraná de Las Palmas, que según la Auditoría General de la Nación (AGN) tuvo un incremento en su costo del 78% y la oferta ganadora fue de un 25% más que el valor del pliego licitatorio. El testimonio muestra -una vez más-, al “Corcho” Rodríguez junto a directivos de Odebrecht, mientras es investigado en otras causas por contratos millonarios, por realizar diversos viajes con ellos. Además, la Justicia se centra en un conjunto de constructoras beneficiadas junto a Odebrecht por AySa.

La APLA fue uno de los organismos cuestionados cuando la AGN 2013 elevó un informe que reveló varias irregularidades alrededor de la obra que AYSA le otorgó a la UTE encabezada por Odebrecht, junto a Benito Roggio, Supercemento SA, José Cartellone Construcciones Civiles SA. Este consorcio ofertó $ 2.200 millones y finalmente la Comisión de preadjudicación, otorgó la obra en agosto de 2008, por $ 2.293 millones: un 25% por encima del presupuesto oficial.

Las sospechas de la justicia no recaen sólo sobre la firma brasilera que admitió haber pagado sobornos por 35 millones de dólares en nuestro país para obtener contratos de obra pública, sino sobre las demás sociedades integrantes de la UTE: presuntos sobreprecios, redeterminaciones de costos y retrasos en la obra que aumentaron significativamente su valor, son algunos de los aspectos investigados. Además, en la causa se sospecha de una adjudicación “direccionada para favorecer a todo el consorcio”, señalaron fuentes judiciales a Clarín. Ya ingresó al juzgado toda la documentación de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre el conjunto de empresas vinculadas a la planta de Tigre.

En este entramado, el rol de Jorge “Corcho” Rodríguez vuelve a cobrar relevancia. En la causa que lleva el juez Daniel Rafecas, donde se investigan presuntos sobreprecios y coimas en la ampliación de un gasoducto -donde Odebrecht fue subcontratada por 1.900 millones de dólares- se está detrás de una serie de viajes que el ex de Susana Giménez realizó con directivos del gigante brasilero, tal como informó Clarín. Las fechas bajo sospecha son el 14 y 15 de febrero de 2012, el 12 y 19 de septiembre del mismo año y otro viaje en 2009.

Rodríguez aparece ahora también vinculado a obras con AySA. Según contó ante Casanello, el actual presidente de la APLA, el «Corcho» fue el año pasado a su despacho junto a otros directivos de Odebrecht “se presentó como un miembro de la delegación de la empresa, y el punto principal que se conversó fue la propuesta de un potencial proyecto en Jujuy que ellos lo mencionaron en el interés que tenían en dicho proyecto”, consignó Bereciartúa.

El rol de Rodríguez en torno a la obra adjudicada por AySA es otra punta que sigue la Justicia. Se busca determinar, si ofició de “intermediario” para “el presunto pago de sobornos” por parte de la empresa con domicilio fiscal en Alem 855 piso 32, mientras que el “Corcho” declara sus oficinas en el piso 33 del mismo complejo. También, cuál era su vínculo con el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, de quien dependía AySA, y los contratos adjudicados al consorcio que lideró Odebrecht. El juez Marcelo Martínez De Giorgi pidió los registros de visitas del extinto ministerio, para ver si Rodríguez era parte de las reuniones de los brasileros con funcionarios K. La actual gestión de APLA auditó las dos plantas potabilizadoras que investiga Casanello. El informe fue realizado por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI) y consignó que AySa careció de “mecanismos de control sobre el procedimiento de redeterminación de precios de los certificados de obra”. Bereciartúa señaló al magistrado que «no está finalizado el contrato de obra» rodeado de sospechas.

fuente CLARIN

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