El bloque oficialista de diputados intentará avanzar hoy en un dictamen que instaura un régimen penal para empresas que cometan delitos de corrupción. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, propone un andamiaje legal para que empresas que ya cometieron delitos en el país -como en el caso de Odebrecht- puedan confesar a qué funcionarios les pagaron sobornos durante el kirchnerismo.
En efecto, el proyecto -que se discutirá hoy por la mañana en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General- incluye una cláusula transitoria para que, en el caso de hechos ocurridos antes de la sanción de la ley, las empresas puedan celebrar, por vía administrativa, un acuerdo de cooperación con la Procuración del Tesoro.
Para delitos que se cometan a futuro, la iniciativa impone severas sanciones a las empresas, desde multas hasta la prohibición de participar en licitaciones públicas y la quita de la licencia para operar en el mercado.
El oficialismo pretende apurar la sanción de este proyecto y, para ello, convocará a una sesión el 28 del actual en la Cámara de Diputados. En el plenario de hoy de las comisiones -que presiden los diputados oficialistas Gabriela Burgos y Daniel Lipovetzky-, se buscará emitir dictamen más allá de las disidencias que puedan plantear los bloques opositores. Es que el Gobierno quiere que cuanto antes se apruebe la ley para, de esta manera, contar con una herramienta legal que le permita cerrar un acuerdo con Odebrecht.
El proyecto que debatirán los diputados establece multas de entre el 0,5 y el 20 por ciento de los ingresos brutos anuales de las compañías observadas, suspensión de actividades y pérdida de subsidios estatales a las empresas que cometan delitos contra la administración pública.
En cuanto a la suspensión total o parcial de actividades, el proyecto determina que no podrá superar los diez años; lo mismo sucede en caso de suspender la marca o patente donde se establece que la prohibición de operar no podrá superar la década.
En la iniciativa se determina que si una empresa es condenada por este tipo de delitos se le podrán sacar hasta por el lapso de diez años los subsidios estatales, así como prohibirle la participación en licitaciones públicas del Estado.
Otro de los puntos es que se elimina la responsabilidad de las personas jurídicas en cuanto a la actuación de los proveedores y contratistas.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Relacionados
Explicaciones del Gobierno Nacional para pagar en cuotas jubilaciones
Nuevo dueño para Ayudín
¿Contra la CASTA? Senadora de Libertad Avanza mete a la familia al Senado