De todas las causas penales que tiene el empresario detenido Lázaro Báez, la primera que llegará a juicio oral es una de las menos conocidas: la falta de pago de 33 millones de pesos de aportes previsionales a empleados de sus empresas.

El juez en lo Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada consideró cerrada la investigación y en condiciones de que sea juzgada por el delito de de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, que tiene una pena de dos a seis años de prisión. Para eso, le pidió a la Fiscalía y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que dictamen si el caso puede pasar a juicio. La expectativa es que en octubre ya esté en un tribunal oral, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Báez no irá solo a juicio. También sus hijos Martín y Leandro, el abogado Jorge Chueco -detenido con Báez en la cárcel de Ezeiza- y el presidente de Austral Construcciones -la empresa insignia de su grupo-, Julio Mendoza. Todos acusados del mismo delito. Además, se juzgará la responsabilidad de 14 empresas que pueden ser multadas o inhabilitadas.

La causa se inició en mayo del año pasado . Fue una de las últimas en las que Báez fue imputado. La AFIP denunció que 16 empresas del grupo económico no pagaron o lo hicieron fuera de término 223 millones de pesos de aportes de sus empleados en el período de 2010 a 2016.

Pero la investigación determinó que los aportes que no se hicieron fueron por 33.433.388,47 pesos. El juez citó a indagatoria como acusados de los hechos a 29 personas entre presidentes, accionistas y representantes legales de las compañías. Junto con Lázaro Báez fueron convocados tres de sus cuatro hijos, Martín, Leando y Luciana, quienes tenían distintos cargos en algunas de las compañías.

Berón de Astrada procesó en diciembre del año pasado a Lázaro y Martín Báez y a Mendoza. En abril pasado hizo lo mismo con el resto de los acusados. La Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos.

El juez entiende que Báez, sus hijos Leandro y Martín, Mendoza y Chueco ya pueden ir a juicio porque su situación es distinta a la del resto de los acusados. Es porque la ley de blanqueo de capitales permite suspender o extinguir una causa penal para quienes se acogan a una moratoria, excepto para las que personas que ya tengan un procesamiento. Ese es el caso de los Lázaro y Martín Baéz, Mendoza y Chueco, quienes ya habían sido procesados por el juez Sebastián Casanello por lavado de dinero en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.

El resto de los procesados pidió entrar en la moratoria y el juez está pidiendo informes a los juzgados y cámaras penales de todo el país para saber si tienen procesamientos. Leandro no planteó ese beneficio por lo que irá a juicio en esta etapa. Lo mismo ocurrirá con Luciana que hace una semana fue procesada junto a su padre y sus tres hermanos en el último tramo de la causa que lleva Casanello.

Lázaro Báez pidió acogerse a la ley de blanqueo pero por lo que establece la ley sobre los procesados en otros expedientes tanto Berón de Astrada como la Cámara se lo rechazaron.

“Estimado el suscripto que se encontraría completa la instrucción en relación a Lázaro Báez, Leandro Báez, Martín Báez, Jorge Chueco y Julio Mendoza córrase vista simultáneamente a la parte querellante y al Sr. Fiscal en los términos del art. 346 del C.P.P.N.”, sostiene el oficio que el juez firmó el martes para que las partes dictamen si corresponde que el caso pase a juicio.

Ahora el fiscal Miguel Schamun y los abogados de la AFIP tienen seis días hábiles para dar su opinión. Luego el mismo plazo tendrán las defensas de los acusados. Pueden oponerse al juicio y plantear nulidades. La expectativa en el juzgado de Berón de Astrada es que en octubre la causa sea enviada a un Tribunal Oral en lo Penal Económico.

El tribunal no solo juzgará a los acusados, sino que también analizará la responsabilidad de 14 empresas del grupo Báez, entre ellas Austral Construcciones y Valle Mitre, la compañía que administró los hoteles de la familia Kirchner. Para las compañías -por la falta de aportes a los empleados- la ley establece que pueden recibir desde multas económicas hasta la inhabilitación temporal o definitiva.

Preso desde el 6 de abril del año pasado, Báez tiene un futuro judicial en el que posiblemente lo esperen otros juicios. Está procesado en “la ruta del dinero K” por tres hechos de lavado de dinero, por las irregularidades en la obra pública que recibió durante el kirchnerismo, en el expediente “Los Sauces” y el 28 de noviembre tiene que presentarse a indagatoria en “Hotesur”. En los tres últimos expedientes está acusado junto la ex presidente Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y ex funcionarios de su gobierno.

Los expedientes están bajo revisión de la Cámara Federal. Si el tribunal confirma los procesamientos, las acusaciones se transformarán en nuevos juicios orales para el empresario.

fuente INFOBAE

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