La reforma impositiva que promueve el Gobierno todavía no llegó al Congreso, pero ya generó discusiones en el recinto del Senado. En su anteúltimo informe del año ante el Parlamento, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, recibió una seguidilla de cuestionamientos de parte de representantes de provincias que se sienten afectadas por las modificaciones que se proponen.

Mientras que los senadores de Tierra del Fuego alertaron sobre las consecuencias que tendría para la economía local la eliminación de impuestos internos a los productos electrónicos, los de San Juan y Mendoza pusieron el grito en el cielo por el incremento de los impuestos al vino.

No fueron los únicos cuestionamientos: representantes de otros distritos preguntaron a Peña por una posible pérdida de recursos coparticipables y exigieron una solución política al reclamo judicial de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, una de las principales preocupaciones de los gobernadores del interior.

“Hemos dejado en claro la hoja de ruta. El Presidente definió el lunes los conceptos generales. Después dieron más detalles los ministros. Ahora pondremos en funcionamiento ámbitos de diálogo más específicos donde podamos escuchar las partes y hacer los números. La propuesta integral beneficia a todos los sectores. Además se trata de una propuesta, no de una imposición”, respondió el jefe de Gabinete, ante la primera ráfaga de críticas. Peña arrancó su exposición con un repaso de los consensos básicos lanzados por Mauricio Macri.

Uno de los discursos más duros fue el de José Ojeda (Tierra del Fuego), un peronista alineado con el sector de Miguel Pichetto. “Condenan a Tierra del Fuego a un estallido”, dijo, y avanzó con un cálculo de los efectos de una eliminación de los impuestos internos para televisores, teléfonos celulares y otros productos electrónicos. “Implicaría la pérdida de 9600 puestos de trabajo directos y afectaría a más de 50.000 personas”, sostuvo.

En la misma línea se manifestó la senadora Miriam Boyadjian, del Movimiento Popular Fueguino. El argumento es que sin esos impuestos internos, las compañías fueguinas, exentas del tributo que hoy existe, no estarían en condiciones de competir con los productos importados.

Sin dar precisiones, el jefe de Gabinete confirmó que la intención de la Casa Rosada es que la industria tecnológica deje de ser el sostén principal de la actividad económica en la provincia de Tierra del Fuego. “Hay que diversificar. Hay que ver los números sin plantear escenarios de crisis, sentarnos a una mesa y trabajar. Hay muchísimas oportunidades de desarrollo y empleo en la provincia”, devolvió.

La discusión por los impuestos al vino la abrió la mendocina Anabel Fernández Sagasti, de La Cámpora. “Ustedes les mintieron en la cara a la industria vitivinícola y a los productores. Hace tres meses negaron estar pensando en nuevos impuestos. Hicieron pasar de largo al propio gobernador [Alfredo Cornejo], que acusó a los productores de infundir temor”, subió el tono. La siguió otro kirchnerista, Ruperto Godoy, de San Juan, quien recordó que en 2013 se declaró por ley al vino como bebida nacional, con la intención de potenciar la industria, y remarcó que la reforma que promueve el gobierno nacional incluye al vino entre las bebidas perjudiciales para la salud.

Peña intentó llevar tranquilidad, pero defendió la propuesta de la Casa Rosada. “Rechazamos la idea de que plantear la discusión de un tributo sea poner en duda el valor estratégico que tiene la industria del vino. La rebaja general de impuestos da un salto positivo a la actividad”, insistió el ministro coordinador. Sobre el reclamo que le hicieron en cuanto a la calificación del vino como bebida perjudicial para la salud, argumentó que se trataba de un requerimiento de la Organización Mundial para la Salud (OMS).

Sobre el final de la sesión, el tono conciliador lo aportó Pichetto. El presidente del bloque del Frente para la Victoria sostuvo que en términos generales, la reforma impositiva es “medianamente sensata”.

Pichetto calificó como “interesante” la propuesta para gravar la renta financiera, pidió debatir muy a fondo los cambios de la ley de movilidad jubilatoria y reclamó una solución política para el Fondo del Conurbano, como reclaman los gobernadores. Sugerente, deslizó que esto último puede ser la “llave maestra para destrabar otras cuestiones”.

fuente LA NACION

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