Una nueva condena contra Leonardo Fariña , el financista procesado por lavar millones de dólares, podría beneficiar a su antiguo jefe, Lázaro Báez . Esta curiosa situación encendió la alarma de la Oficina Anticorrupción (OA), liderada por Laura Alonso, que le reclamó a la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ), que encabeza Alberto Abad, que se abstenga de avanzar en una causa que podría favorecer al empresario kirchnerista.
La particularidad del caso es que la AFIP es la que impulsa la investigación que le permitirá al empresario kirchnerista esquivar, en una buena parte, la causa de la llamada «ruta del dinero K». Un fallo contra Fariña, juzgado por evasión fiscal por más de 11 millones de pesos de impuesto a las ganancias e IVA por la compra de un campo en Mendoza, habilitaría a la defensa de Báez a descartar ese delito en la causa que investiga el juez federal Sebastián Casanello, quien ya tiene probado en ese expediente que Fariña actuó en nombre del empresario.
«Estamos seriamente preocupados por el impacto negativo que puede tener esto en otras causas de corrupción. Por eso alertamos en su momento al tribunal con un escrito argumentando que en la causa de la ruta del dinero K estaba acreditado por el juez Casanello que el dinero de la compra del terreno de Mendoza es de Báez», dijo Alonso.
Cerca de Alonso apuntaron directamente contra Abad. «Se trata de burocracia boba o burocracia «viva»», aseguraron. Según pudo saber LA NACION, la líder de la OA se reunió en los últimos días con Abad para contarle la situación, pero no hubo caso.
Desde la AFIP, a cargo de Abad, aseguraron que «hicieron lo que corresponde» y descartaron una pelea con Alonso. «Puede haber diferencias técnicas, pero no un enfrentamiento», sostuvieron cerca del titular de la AFIP. En la OA, en tanto, advirtieron que «tienen diferencias políticas e institucionales graves con ellos [por la AFIP] en esto».
Abad, lejos de aceptar las sugerencias, le pidió a los abogados de la AFIP «ir a fondo» contra Fariña. Este no es el único frente abierto que mantiene Abad dentro del Gobierno. En los últimos meses, el encargado de la recaudación también tuvo diferencias con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, por OCA, la empresa postal privada más grande del país, a la que la AFIP le reclama más de $ 4000 millones. Para que no haya dudas sobre sus intenciones, la AFIP solicitó ayer la pena de siete años de prisión para Fariña. «Nosotros decimos que este señor es un evasor. Si es culpable tiene que ir preso», manifestaron cerca de Abad.
En llamas
El pedido fue hecho durante la etapa de alegatos en los cuales la fiscal de juicio Claudia Barbieri reclamó la pena de cuatro años. Otra de las consecuencias podría ser que Fariña regrese a la cárcel, donde ya sufrió un intento de homicidio.
Esta decisión generó una airada reacción en la Oficina Anticorrupción. «¡Estamos en llamas! Ellos van a fondo y nosotros, también», reconocieron fuentes oficiales.
En su indagatoria, Fariña, procesado por lavar millones de dólares de Báez, denunció que durante la gestión de Ricardo Echegaray se encubrió al empresario patagónico: «Hubo un encubrimiento en la gestión anterior», lanzó Fariña.
El rol de Echegaray, y sobre todo los beneficios que obtuvo bajo el mandato de Abad al frente de la AFIP, son también fuente de malestar en la OA.
Fuentes oficiales deslizaron que el ex titular del ente recaudador «tiene protección».
La oficina que dirige Alonso presentó hace 11 días un escrito al juez Federal Ariel Lijo para pedir el procesamiento del ex titular de la AFIP en la causa Ciccone, que aún no se resolvió.
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