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La CGT no irá al Congreso por la reforma laboral y se traba el debate

La CGT parece decidida a caminar «por la avenida del medio» y el debate de la reforma laboral en los tiempos que pretende la Casa Rosada amenaza con quedar trunco. La central obrera dice que apoya los cambios, pero no está dispuesta a defenderlos en el Congreso. Como esa es la condición que puso el peronismo para avanzar con el tratamiento legislativo, la concreción de la reforma, al menos este año, corre serio riesgo. La mesa chica de la CGT se reunió ayer para definir los términos de un escrito en el que quedará plasmado un aval a la reforma. Será su manera de cumplir con el Gobierno. El documento, que la central difundirá la semana próxima, detallará los puntos de la iniciativa que cambiaron en la negociación con la Casa Rosada. Ese pronunciamiento promete agudizar el cortocircuito con los legisladores del PJ, que condicionaron el debate a que la central asuma una postura unánime frente a los cambios.

La estrategia de la CGT es clara: evitar ponerle la cara a una discusión ríspida en el Congreso, pero evitar también correrse de lo ya acordado con el Gobierno y tensar así la cuerda con Mauricio Macri

En esa línea, en los próximos días la central concentrará su discurso en el rechazo y los cuestionamientos a la reforma previsional, la otra gran apuesta de la Casa Rosada que también se complicó por la resistencia de legisladores de la oposición.

El acuerdo al que ya llegaron la CGT y el Gobierno incluye un pacto para avanzar con la reducción de costos laborales y con los acuerdos de productividad, el blanqueo laboral y a las medidas para reducir el nivel de litigiosidad contra las obras sociales. Todo ello a cambio de que la reforma no incluya modificaciones en la ley de contrato de trabajo ni en la de asociaciones sindicales, lo que les garantiza a los gremios conservar la caja y el monopolio de afiliación.

«Nuestra tarea en el Congreso está terminada. Lo que quede por resolver es responsabilidad de los diputados y los senadores», dijo a LA NACION uno de los participantes de la reunión de ayer en UPCN. «A [Miguel] Pichetto [jefe del bloque peronista en el Senado] ya le dijimos todo lo que teníamos que decirle», agregó.

Otro asistente no ocultó su malestar con Pichetto. «Está distrayendo la atención: demora la de la reforma laboral para aprobar la reforma previsional. Los tiempos para debatir una ley no son un problema nuestro», lanzó.

Traducido: la CGT no responderá al pedido del senador rionegrino, que hace unos días exigió que los jefes de la central se presenten en el Congreso y ratifiquen allí su respaldo a los cambios en el régimen laboral.

La pelea de fondo es por el costo político de acompañar (o no) la reforma. Pichetto ya avisó que el peronismo no aceptará tratar el proyecto del Gobierno este año y que sólo avanzará si la CGT expone su apoyo «homogéneo» a los cambios. Esa exigencia tiene que ver con la posición de Pablo Moyano, que lidera la oposición a los cambios y sugirió que en el Senado podría volver a circular «la Banelco», en obvia alusión al pago de sobornos para la aprobación de la reforma laboral de 2001.

La CGT insiste en que la resistencia de Moyano hijo no puede tomarse como la posición de la central. «Es la postura de un gremio. El 90 por ciento del secretariado [de la CGT] apoyó la reforma», dijo a LA NACION un dirigente de la mesa chica.

El escrito que preparan para la semana que viene, cuando volverá a reunirse el consejo directivo de la CGT, detallará los artículos de la reforma que cambiaron por la gestión de la central. «Queremos que quede bien claro cómo nuestra intervención modificó el proyecto original», dijo un jefe gremial.

El pronunciamiento de la semana que viene es un intento de tomar distancia de Pablo Moyano y aplacar las internas que cruzan a la CGT desde hace meses y que decisiones como la de ayer no hacen más que dejar al descubierto.

Dos meses para regularizarse

El Gobierno publicará hoy en el Boletín Oficial la resolución que obligará a unos 450 gremios a regularizar su situación en 60 días para no ser dados de baja. La medida, adelantada por LA NACION la semana pasada, apunta a organizaciones poco representativas y sin actividad. La tasa de sindicalización en la Argentina es del 37 por ciento.

fuente LA NACION

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