El recurso judicial de los mendocinos se originó tras el encuentro de los gremialistas de las provincias promocionadas que plantearon, de no entrar en vigencia el decreto presidencial sobre el tema, el bloqueo de las rutas de ingreso a esa provincia en señal de protesta.
La figura legal de la presentación es “amenaza coactiva agravada”, de acuerdo con el fiscal adjunto mendocino Javier Fernández, quien señaló que Rosas realizó ese planteo en el carácter de defensor del Pueblo, ante la ausencia de esa institución en la vecina provincia. Agregó además que “la demanda está enmarcada en el delito de ‘amenazas coactiva agravadas’, delito previsto en el artículo 149 del Código Penal”.
Por su parte, el titular de la CGT de Mendoza, Rodolfo Calcagni, aseguró que “no vamos a dejar entrar ni un sólo camión de esas provincias y concretan lo del boicot”.
El gobernador José Luis Gioja salió a poner paños fríos al asunto señalando que “hay que ser serios y bajar la pelota”.
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