Mientras se mantiene la suspensión de vuelos internacionales de Aerolíneas Argentina dictada el sábado, crecen las quejas y molestias de los pasajeros que quedaron varados en el aeropuerto de Ezeiza, tras lo cual la compañía entregó vales a los afectados para restituir sus gastos, al tiempo que intenta reprogramar los servicios servicios. Y por si no fuera poco, el Gobierno evalúa llevar el caso a la Justicia.

De acuerdo con la agencia DyN, la compañía dispuso, por orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, suspender los vuelos internacionales a raíz del conflicto con el gremio de técnicos aeronáuticos APTA, según reveló anoche el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.

Los pasajeros protestaron ante las ventanillas de atención al público durante toda la mañana por la falta de explicaciones en los mostradores sobre la forma en que podrán completar sus viajes. De momento, al menos un vuelo hacia Bolivia y otro hacia España fueron confirmados para mañana, de acuerdo a lo relatado por pasajeros afectados por la demora al canal Crónica TV.

La réplica oficial. Ante la medida de fuerza de la Asociación del personal Técnico Aeronáutico (APTA), el Gobierno nacional mañana pedirá a la Justicia la quita de su personería gremial, tras lo cual el sindicato observó una «intencionalidad política» y volvió a cuestionar la gestión del oficialismo en la compañía.

El jefe de APTA, Ricardo Cirielli, centro de las críticas del Gobierno, aseguró hoy que el sindicato no dispuso «ningún tipo de paro, ni cubierto ni encubierto» y reiteró que las demoras de vuelos en los últimos días obedecieron a que los técnicos dieron prioridad a «cuestiones de seguridad» en la salida de algunos aviones y cuestionó la «negligencia empresarial» en el tema.

Ante ello, los ministros de Trabajo y Planificación Federal, Carlos Tomada y Julio De Vido, anunciaron a través del canal de noticias C5N que el Gobierno pedirá a la Justicia sanciones para el gremio como «declarar ilegal» la medida y «cancelar su personería gremial» por violar la conciliación obligatoria del viernes.

Los funcionarios también detallaron que las acciones del gobierno fueron dispuestas desde Santa Cruz por la Presidenta, quien, según De Vido, los instruyó «a tomar todas las medidas administrativas y recurrir a la Justicia para que los servicios sean prestados con todas las garantías». La presidenta «cree que es un paro encubierto, absolutamente injusto y sin ningún motivo», acotó De Vido.

Por su parte, el titular de la cartera de Trabajo, remarcó que mañana reclamará «a la Justicia la cancelación de la personería gremial de APTA, que se designe un delegado a fin de que se acate la conciliación obligatoria». Y, advirtió, que en caso de que no se acate la conciliación «también se pedirá la ilegalidad de la medida».

«No hay ningún reclamo y en todo caso van a hacer reclamos inventados mediáticamente. Está claro que no hay ningún conflicto entre APTA y Aerolíneas Argentinas», señaló.

Cirielli, por su parte, replicó que «el ministro quiere declarar ilegal una medida de fuerza que no existe». «Me llama la atención porque debe haber alguna intencionalidad política detrás de esto», advirtió el sindicalista por radio El Mundo horas después de haberle asegurado a radio Mitre que en la CGT también «están en desacuerdo con la gestión de Aerolíneas Argentinas porque (a la empresa) nos costó mucho recuperarla».

Asimismo, el titular de APTA criticó duramente la gestión de Mariano Recalde en la compañía y dijo que sobre el tema había «conversado últimamente con (Hugo) Moyano y con (el jefe de la CGT Azul y Blanca, Luis) Barrionuevo. Ellos están apoyándonos a nosotros». «Estamos a la espera de que Mariano Recalde diga donde están los 2.100 millones de dólares (presupuestados para la compañía) y donde están las inversiones», añadió.

Asimismo, advirtió que por más «presiones» de funcionarios que haya «los técnicos van a cumplir siempre primero con las cuestiones de seguridad y no van a hacer caso a sacar un avión bajo el mínimo de seguridad».

FUENTE: PERFIL