Cada año los medios dicen que esta vez se trata de “la última oportunidad para salvar el planeta”. Hasta las palabras están empezando a quedar vacías de contenido. Lo que se juega en Durban no es la vida, porque ya la rifaron hace tiempo, lo que se juega verdaderamente es la posibilidad de encontrar los caminos reales y coherentes para detener la catástrofe y para sembrar desde la ética y la justicia las bases de una sociedad transformada que eluda consecuentemente los mecanismos y el aparato de la destrucción global en el día a día.
Ya lo dijimos y lo repetimos: el Clima está en manos del “capitalismo salvaje” y sus instituciones. En las negociaciones del último año no se ha avanzado prácticamente en nada positivo para los pueblos, no se han logrado compromisos de una mayor reducción y, apoyados en los acuerdos de Cancún, se ha seguido una lógica suicida de “compromisos voluntarios” orientados a desmantelar el régimen del clima y fomentar un nuevo instrumento que sustituya al Protocolo de Kyoto facilitando a las grandes economías eludir sus responsabilidades, en particular a EEUU. Se ha empoderado al Banco Mundial y su rol en el Fondo Verde abriéndose hacia una mayor privatización, endeudamiento y condicionalidades, se ha avanzado en afinar los mecanismos de mercado para el “control” de las emisiones, no se cuentan con compromisos para fondos suficientes que respondan a la catástrofe, se ha debilitado en la práctica la situación de los países en desarrollo y vamos vertiginosamente hacia temperaturas mayores a los 2ºC, algunos colectivos científicos hablan incluso de que en este siglo podríamos superar una elevación de 4ºC promedio: una verdadera catástrofe.
Las decisiones que se vayan a tomar ya son tardías, pero daría al menos una esperanza saber que los Estados son conscientes de la magnitud de esta crisis y de sus responsabilidades. Los gobiernos deben decir la verdad, explicar a sus pueblos lo que pasa, pues los lamentos y las promesas de un futuro no son suficientes, necesitamos medidas efectivas e inmediatas para parar esta destrucción.
Exigimos a los gobiernos que en la COP 17 defiendan los principios de la equidad y de las responsabilidades históricas de las grandes economías para con el mundo y que los países responsables de esta catástrofe no solamente se comprometan a reducciones sustantivas de sus emisiones, sino a dejar de impulsar un desarrollo insostenible en el sur mediante sus empresas, sus políticas y su afán de salvar al capitalismo en su crisis financiera. El planeta no tiene por qué pagar el costo de la crisis producida por ellos mismos.
Exigimos también a nuestro gobierno que, a tiempo de defender el régimen climático basado en las responsabilidades históricas y diferenciadas entre las grandes economías y los “países en desarrollo”, actúe con coherencia y consecuencia en el nivel internacional y a nivel local, porque si bien clamamos por el derecho al desarrollo, debemos decir con la cara en alto que el tipo de desarrollo que buscamos no es el mismo que el que está destruyendo el planeta. Los representantes de Bolivia deben ser coherentes con cómo poner en práctica aquello que llamamos los “derechos de la Madre Tierra”, esos temas incluidos en los textos borradores de negociación deben contar con explicaciones coherentes, reflexionadas, basadas en lo que las realidades locales están clamando.
Y a quienes se rasgan las vestiduras afirmando que los que más contaminan hoy son los países emergentes, que para nosotros no son ningún modelo a seguir, les recordamos la enorme deuda histórica que los países desarrollados y las grandes economías tienen con los países pobres y que son precisamente las grandes transnacionales de occidente las que exacerban el extractivismo y el desarrollismo. El argumento de las economías emergentes está siendo usado por los países desarrollados, en particular por Estados Unidos, para desmantelar el régimen multilateral sobre el clima y destruir aquellos principios expresados en la Convención y el Protocolo de Kyoto e inclusive borrar con el codo lo que se acordó en la Agenda de Bali. Mientras tanto y en paralelo se afilan los sables para las negociaciones de la OMC, que bajo mandato del G20 en la reciente reunión en Niza, se han constituido en una prioridad a ser concluidas. Son precisamente las profundas asimetrías y las leyes del capital como los sistemas de propiedad intelectual y las reglas de inversión las que han facilitado a estos países ubicarse a años luz en tecnologías y matrices energéticas de bajo carbono y que –por cierto- ni siquiera son utilizadas como corresponde bajo políticas públicas sino que siguen en manos del poder corporativo.
Pero también es fundamental echar una mirada al poder de las corporaciones y las élites dominantes en los países del sur y a los modelos de desarrollo, infraestructura y energía que éstas están impulsando, como es el caso de América del Sur y su relación con la crisis climática y ambiental y recordar que el propio PICC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) afirma que ninguna experiencia previa en términos de infraestructura, gestión del agua, gestión medioambiental, es un antecedente para la magnitud de los desafíos que el futuro depara, dados los grados de vulnerabilidad por los cambios climáticos.
Sin duda, las soluciones de fondo vendrán de la gente, que es la que vive en carne propia las consecuencias así como lo hemos visto en Tahilandia, Colombia, Australia, América del Sur, las sequías en África y todas aquellas regiones golpeadas por la crisis climática y ambiental, y por la vulnerabilidad que ha añadido a esta situación el uso de la energía nuclear, la construcción de infraestructuras agresivas y el incremento de los agrocombustibles. Es la gente de a pie, esa que no va a las conferencias internacionales, la que enfrenta y resuelve las crisis y la que se merece una esperanza.
Así fue también con la agenda propuesta por el Acuerdo de los Pueblos que sintetiza la conciencia de que requerimos acuerdos globales basados en la ciencia, la equidad y la justicia. Recordemos algunas de las propuestas elaboradas colectivamente:
– Los acuerdos deben estar dirigidos a limitar el incremento de la temperatura en el presente siglo a 1º C para reducir los efectos del cambio climático.
– Se debe buscar reducir los gases de efecto invernadero en 50% respecto al año base de 1990 para el 2do periodo de compromiso en el Protocolo de Kioto desde 2013 – 2017.
– Los países desarrollados tienen una deuda climática con los países pobres, la madre tierra y las futuras generaciones y deben honrarla.
– Los fondos para enfrentar los impactos del cambio climático deben superar a nivel mundial los presupuestos de defensa, guerra y seguridad de los países desarrollados.
– Ninguna institución de interés privado como el Banco Mundial u otras deben intervenir en la gestión de los fondos para el clima que son de interés público.
– No se puede someter la reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques a los mecanismos de mercado. (Acuerdo de los Pueblos, Abril 2010)
Cada año los medios dicen que esta vez se trata de “la última oportunidad para salvar el planeta”. Hasta las palabras están empezando a quedar vacías de contenido. Lo que se juega en Durban no es la vida, porque ya la rifaron hace tiempo, lo que se juega verdaderamente es la posibilidad de encontrar los caminos reales y coherentes para detener la catástrofe y para sembrar desde la ética y la justicia las bases de una sociedad transformada que eluda consecuentemente los mecanismos y el aparato de la destrucción global en el día a día. www.ecoportal.net
Elizabeth Peredo Beltrán – Psicóloga social, escritora y activista por el agua, la cultura y contra el racismo. Un resumen de este artículo ha sido publicado en la Agenda Global en Bolivia el domingo 27 de Noviembre.
TUNUPA – Fundacion Solon