30 octubre, 2020

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25 millones de Has. en el Perú están concesionadas para la minería

25 millones de hectáreas en el Perú están concesionadas para la minería
25 millones de hectáreas en el Perú están concesionadas para la minería

“A noviembre del 2011, la cantidad de territorio concesionado en el Perú está cerca a 25 millones de hectáreas”, señala IX Informe de Conflictos Mineros en el Perú, realizado por tres organizaciones no gubernamentales vinculados al tema ambiental: Fedepaz, Grufides y CooperAcción.

El informe, presentado por Emma Gómez, Subdirectora de CooperAcción; y Marco Arana, de la ONG Grufides, también señala que en los últimos diez años las concesiones mineras se han duplicado en extensión y muestran la necesidad de cambiar una serie de políticas medio ambientales. En el informe se da cuenta de una serie de problemas a solucionar, como son: la inexistencia de una política integral de prevención y transformación de conflictos; así como la necesidad de contar con una autoridad ambiental autónoma e independiente.

Gómez Moreno recordó que –según el Ministerio de Energía y Minas- la inversión minera en nuestro país aumentó 67.2% entre enero y setiembre del 2011, en comparación a igual período del 2010, al registrar más de 4,667 millones de dólares. En los nueve primeros meses del año pasado alcanzaron los 2,791 millones.

Sin embargo, recordó que el Estado tiene la necesidad de velar por el derecho medio ambiental, por lo que se recomendó la modernización de la metodología para la realización de los Estudios de Impacto Ambiental, ya que en la actualidad son instrumentos desfasados e insuficientes. Además, se hizo hincapié en la necesidad de tener una autoridad ambiental autónoma e independiente. Solicitaron la implementación, y a la brevedad, del reglamento de la Ley de consulta previa para las poblaciones indígenas y la necesidad de discutir dónde no y dónde si pueden realizar actividades mineras.

“Evidentemente los temores iniciales con el gobierno de Ollanta Humala se han superado y las mineras siguen invirtiendo en el país. La pregunta que nos hacemos en el Observatorio es sí solo se puede medir la inversión minera en términos económicos o también podemos medirla en términos sociales y ambientales”, se preguntó la representante de CooperAcción.

Señaló que los conflictos mineros a octubre del 2011 llegan a los 227 activos, según reporte de la Defensoría del Pueblo. La cifra es prácticamente la misma que dejó el ex presidente Alan García a octubre de este año en términos cuantitativos, sin embargo -dijo- estos han aumentado en intensidad. “A cuatro meses del gobierno de Ollanta Humala hay conflictos que han tomado picos de crisis. La pregunta es por qué no se hizo nada para evitarlo”.

Este informe recoge casos de cinco regiones: Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cusco, donde se siguen evidenciando fuertes tensiones por el impacto en los recursos hídricos, la protección de ecosistemas frágiles y el crecimiento de las concesiones.

Solo en Cajamarca alcanzan el 47.3% de concesiones en su territorio. En Piura, 28.7%; en Apurímac, 58.4% (calificado como el nuevo centro de concesiones mineras) y en Cusco llega a los 19.7%.

En la presentación también participaron dirigentes sociales de Cajamarca, quienes han resaltado que un tema muy sensible en esa región es el agua, Idelso Hernández, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Cajamarca, sostuvo que se deben de proteger las fuentes de agua debido a que más del 70% de la actividad económica en Cajamarca es agropecuaria, y que la oposición al proyecto se debe a que afectaría a más de 600 manantiales, que son justamente abastecedoras para el consumo humano. “Estas cuatros lagunas que pretenden vaciar (Minera Yanacocha) se encuentran en cabeceras de cuenca”, dijo.

Finalmente, Julia Cuadros, Directora de CooperAcción, señaló que el tema “Conga” se ha convertido en un caso emblemático para el actual régimen de Ollanta Humala. Indicó que se debe ser muy cuidadoso con la concesión de los terrenos donde se realizarán actividades extractivas, como la minería. Y para ello, requería fortalecer la autoridad ambiental y la ley de reordenamiento territorial.

“Necesitamos una autoridad fuerte y un gobierno que prevenga los conflictos y no los agudice. Debemos tener capacidad y voluntad para prevenir los conflictos y no usar las mismas estrategias del gobierno anterior”, sentenció.

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