27 octubre, 2020

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MENDOZA SUMA MÁS CONFLICTOS DEL AGUA

Irrigación: la Justicia y Fiscalía seguirán actuando

Ayer, Pérez sorprendió al anunciar la renuncia de Frigerio. Luego se conoció que su asesor Villalón también dimitió. Ahora las graves irregularidades se ventilarán en la vía administrativa y penal. Implicancias.

Finalmente, Eduardo Frigerio le liberó las manos a Francisco Pérez. Ayer renunció al cargo de superintendente del Departamento General de Irrigación. Así se lo comunicó a Paco Pérez a primera hora, en lo que quizás sea el primer acto de gobierno del flamante gobernador. Ahora, Frigerio deberá soportar una investigación de la justicia penal y otra administrativa a cargo de la Fiscalía de Estado.

Su renuncia sólo cambió el escenario a la disputa, uno mucho más discreto que el proceso del Jury de Enjuiciamiento. Es que este tribunal realiza juicios de corte político para remover funcionarios, por lo que con la renuncia, se termina el proceso que debía enfrentar el superintendente.

Otro que ha renunciado a su cargo en Irrigación es Jorge Villalón, que oficiaba de asesor y casi como superintendente alterno. Esa dimisión fue presentada el 30 de noviembre pasado, ante los dos consejeros de cuenca que quedan en funciones, pero recién fue confirmada ayer.

Frigerio soportaba una dura presentación su contra ante el Jury de Enjuiciamiento, que fue realizada por el ex diputado Roberto Blanco el 29 de julio pasado. Desde entonces, la gestión de Frigerio y de Villalón, su adláter más importante estaba bajo sospecha y era el motivo de abudantes publicaciones en las páginas de los diarios, con información proveniente no sólo del diputado denunciante de Frigerio, sino también de inspectores de cauce, regantes e incluso de empresarios disconformes con la administración del departamento.

Desde la presentación de las siete denuncias ante el Jury de Enjuiciamiento hasta ahora ha pasado mucho más tiempo del que la ley prevé para el proceso contra funcionarios denunciados. Y resulta evidente que el tiempo que el propio oficialismo fue buscando ganar para patear el enjuiciamiento hacia adelante, a la postre conspiró en contra, porque se fueron sumando nuevas causas y ampliando las que ya estaban denunciadas.

Así fue que las maniobras dilatorias empezaron a transformarse en un problema para la flamante gestión de Francisco Pérez. Los plazos se estiraban y harían que el proceso contra Frigerio se transformara en una sombra que oscurecería la luna de miel de los mendocinos con el nuevo gobierno.

Así es que, desde hace días que Pérez y Ciurca vienen tratando de resolver el problema con Juan Carlos Mazzón, el jefe político de Frigerio y Villalón. El segundo puso su renuncia antes de la asunción de Pérez, el primero resistió hasta ayer (ver aparte).

Ahora los ex funcionarios de Irrigación, encabezados por Frigerio y Villalón, deberán enfrentar una investigación judicial, a cargo del fiscal de delitos complejos Santiago Garay y otra de corte administrativo, que está en manos de la Fiscalía de Estado.

El fiscal Garay había intentado llamar a Frigerio a declarar la semana pasada y el ahora ex superintendente había dicho que sólo respondería por escrito, teniendo en cuenta las atribuciones de su cargo (el superintendente de Irrigación es puesto en funciones con acuerdo del Senado, como los magistrados). En esa supuesta potestad, Frigerio había intentado eludir el interrogatorio en vivo y en directo. Ahora Garay evalúa una nueva fecha de citación y esta vez no podrá eludirla.

Y este será el futuro de Frigerio y sus adláteres en Irrigación. La investigación a cargo de Garay tiene varias aristas. Una, es fruto de una extensa nota de opinión publicada por Los Andes y firmada por uno de los abogados reconocidos como de los más conocedores de derecho del agua en Mendoza, Miguel Mathus Escorihuela.

Las otras fueron presentadas por el inspector de cauce honorario Mario Romano (padre del abogado Marcelo Romano) que se refieren a la falta de quorum en la conformación del Honorable Consejo de Apelaciones (HCA) y del Honorable Tribunal Administrativo (HTA); la otra por el incumplimiento en el destino del 2,5% de las regalías de producción hidroeléctrica para obras y la falta de nombramiento de representantes en la comisión de ordenamiento territorial. Todas estos causas están en manos de Garay y tienen correlato administrativo en Fiscalía de Estado.

DIARIO LOS ANDES

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