CIUDAD DE BUENOS AIRES (
Urgente24). Fueron 10 horas de tensión y básicamente de deterioro de la autoridad gubernamental en la provincia de Buenos Aires. El resultado, al levantarse la medida de fuerza, no mejora la situación porque si Daniel Scioli, el gobernador, sancionó a 6 personas (en forma apresurada y sin información), pero luego levanta la sanción por la presión de los amotinados, queda cuestionado el esquema institucional.
Un día de estos pueden declararse en huelga policial para exigir el relevo de sus jefes… o del gobernador…
Los 6 efectivos, que fueron momentáneamente separados de la fuerza para que se les iniciara una investigación, gestionaron ante la asamblea que la medida de fuerza finalizase.
Mañana jueves 15/12 prestarán declaración ante el Departamento de Asuntos Internos de la fuerza.
Según declaró el capitán Walter Revoredo, tras una mediación del juez César Melazo, existe la posibilidad de que se«reincorpore a los 6 efectivos» castigados y de que «no haya sanciones» para nadie por la protesta.
Todo indica que la tensión en La Plata venía desde antes. Los rumores de conflicto se remontaban a horas antes de que comenzara el 2do. mandato consecutivo de Daniel Scioli pero nadie tomó las precauciones del caso.
El lunes 12/12, el choque fuera de la Legislatura entre las columnas de Colina vs. La Cámpora (casi nada de militantes, casi todos manifestantes alquilados) fue un anticipo de que había que andar con precaución.
Pero tampoco le resultó aceptable a un gobernador desinformado y a un vicegobernador que creía que era
«nacional y popular» esa supuesta expresión de júbilo de parte de
barrabravas que decidieron ingresar donde ya no cabía ni un alfiler.
«Gente grande que ni siquiera sabe cómo distribuirse el espacio en las galerías…», reflexionó una senadora provincial.
La Guardia de Infantería tenía instrucciones precisas de parte de sus superiores pero luego se castigó a 6 de sus efectivos por cumplirlas a rajatablas.
El jefe policial Hugo Matzkin estuvo en el lugar y por eso parte del enojo: conoce la verdad y luego mantuvo silencio ante sanciones que eran políticas, no ajustadas a la realidad de los acontecimientos.
Por lo tanto, el conflicto era previsible. Cualquiera podía anticiparlo… menos Scioli y Mariotto. Uno por temor a que lo castigaran desde la Casa Rosada y el otro creyendo que así obtendría alguna tajada en el diferendo.
A nadie le sorprendió cuando temprano en la mañana del miércoles 14/11 se conoció que el personal del cuartel de Infantería, ubicado en 1 y 60, en La Plata, no salía a trabajar a la calle»: «Es por los chicos a los que sancionaron por lo de la Legislatura. No entra ni sale nadie» mientras dure la medida de fuerza.
A las 19:30, cuando se levantó el conflicto, la situación de todos modos quedó muy complicada porque sus efectos son difíciles de borrar:
> hay una autoridad desautorizada (Scioli, su ministro Ricardo Casal y su jefe policial Hugo Matzkin),
> hay una militancia política cuestionada (los de La Cámpora, que en los videos aparecen como una turba que fue bien detenida para evitar la inseguridad de quienes estaban dentro de la Legislatura), y
> hay un incierto futuro por la disputa por el liderazgo del conflicto policial que existe entre los uniformados.
El conflicto duró lo que duró en parte por el torpe ex agente penitenciario hoy ministro Casal, quien dijo que no aceptaban«extorsiones», palabra que nunca debió haber utilizado porque complicó las negociaciones que realizaba el juez César Melazo, quien otorgó garantías para que los 6 policías sancionados pudieran declarar ante efectivos de Asuntos Internos de la policía.
Eso ya de por sí era muy complicado porque la intervención de Asuntos Internos supone que los sancionados cometieron una falta cuando el nudo del reclamo de ellos es que no hubo error.
Antes, el jefe Matzkin había prometido que no habría “sanciones para nadie” y que se “reincorporarán los 6 efectivos” si se levantaba la protesta, y eso también es complicado porque deja mal parado al gobernador que sancionó tan velozmente.
El capitán Walter Revoredo, fue quien más tranquilidad intentó aportar para resolver el conflicto, y su negociación fue la que se concretó.
¿Cuántos fueron? Casal dijo que 70, varios
medios de comunicación platenses hablaron de 120 pero luego fueron llegando efectivos desde otras comisarías bonaerenses. L
o más importante no es el número sino la adhesión tan amplia que el planteo tiene en la Policía Bonaerense, harta de las imposiciones que se realizan desde el poder político a su
trabajo policial y que se remonta a los días del olvidable
León Arslanián. Ese enojo existe aún cuando por estas horas hayan regresado a escena amigos de Marcelo Sain que intentaron promover un sindicato policial.
Y Saín volvió a escena pidiendo la renuncia de Casal. Le respondió desde su propio Cristinismo el diputado provincial y líder del Movimiento Evita, Fernando Navarro, al calificar de “disparate” lo del ex policía aeronáutico amigo de Horacio Verbitsky, aunque le sugirió al Gobernador que “desplace a todos” los que se sumen al auto-acuartelamiento.
Navarro a Radio Mitre: «Decir que el acuartelamiento se resuelve separando a Casal, es un disparate, y te lo dice alguien que ha tenido discrepancias” (con el ministro de Justicia y Seguridad provincial).
“Daniel Scioli en los últimos días ha tomado una decisión que es colocar a las fuerzas policiales bajo la conducción política de un civil, y eso genera rechazo en algunos sectores de la fuerza bastante importante”, sostuvo Navarro.
Notable que en el Cristinismo se enfrenten entre ellos.
Ahí se confunde lo profesional con el intento de sindicalizar/politizar el conflicto, y las disputas por el liderazgo. Revoredo advirtió: «Queremos que lo antes posible se levante todo esto para ponernos a trabajar”, aunque después de la reunión que mantuvo con el subsecretario Operativo de Seguridad, Emiliano Baloira; y con el subsecretario de Política Criminal, César Albarracín, comentó: “Todavía no llegamos a nada”.
«Todavía no está garantizado que nos vuelvan a tomar», dijo Revoredo, quien dijo que una vez que presten declaración«veremos si esto se descomprime o no. La esperanza siempre está, hasta que no declaremos es positivo», aseguró.
«Los compañeros están a favor nuestro y de seguir con el reclamo. Lo que nos pasó a nosotros le puede pasar a cualquiera», argumentó para justificar el acuartelamiento.
Policías con la tradicional boina verde de la Guardia de Infantería les pidieron a los civiles y a los familiares que salgan del cuartel. Fue una acertada medida preventiva: nadie sabe lo que puede ocurrir cuando hay tanta gente alborotada y hasta desconocida.
Apareció en escena un suboficial llamado Esteban Arriaga, de Quilmes, quien vestido de civil le respondió a Casal:
> «Esto de ninguna manera es una revuelta, sino que es un reclamo de los trabajadores para poder brindar la función que nos toca».
> «La decisión es que nos quedamos. Queremos dignidad para llevar adelante nuestra tarea. Este un reclamo de trabajadores, y de ninguna manera es una extorsión».
> «Tenemos una realidad de opresión constante, compañeros que están presos por ser solo policías».