25 octubre, 2020

FM Cosmos

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LA LEY ANTITERRORISTA TUVO FUERTE OPOSICIÓN

Se la sospecha de crminalizacióbn de la protesta social.

Tras una discusión con un fuerte tono conflictivo entre la oposición y el oficialismo, el pleno de la Cámara baja aprobó con 134 votos a favor, 90 en contra y 2 abstenciones el proyecto sobre prevención y sanción del financiamiento del terrorismo.

El Frente para la Victoria consiguió la aprobación del proyecto para modificar el Código Penal sobre prevención y sanción del financiamiento del terrorismo, luego de un tratamiento de más de dos horas de tratamiento. La votación resultó afirmativa, con 134 votos a favor, 90 en contra y 2 abstenciones.

El dictamen aprobado corresponde al Frente para la Victoria y fue elaborado en base a un proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo y pedido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Al igual que el tratamiento de los otros proyectos que se trataron en la sesión comenzada el miércoles, la oposición no alcanzó a considerar sus dictámenes de minoría. Uno llevaba las rúbricas de Eduardo Amadeo, Natalia Gambaro, Gustavo Ferrari y Daniel Germano (FP), Patricia Bullrich (Unión por Todos) y Federico Pinedo (Pro), mientras que el otro llevaba las adhesiones de Alfonso Prat Gay (CC), Elsa Álvarez, Manuel Garrido y Ricardo Gil Lavedra (UCR).

La discusión en el recinto alcanzó fuertes puntos de tensión al momento que desde la oposición aseguraron que el proyecto contra el financiamiento del terrorismo criminaliza la protesta social.

Los votos afirmativos correspondieron al Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, Frente Cívico por Santiago, y al Movimiento Popular Neuquino mientras que los votos negativos fueron de los bloques de la oposición.

En cuanto al tratamiento en particular, el FpV sólo aceptó dos modificaciones: un agregado al artículo 5 del dictamen, para que “la competencia de este tipo de delitos sea federal”, y también al artículo 7. El diputado Oscar Albrieu, titular de la comisión cabecera –Legislación Penal- no aceptó otras modificaciones propuestas por Manuel Garrido (UCR) y Marcela Rodríguez (DIP) al artículo 3, entre otros.

El proyecto contra el financiamiento del terrorismo

En una de estas iniciativas, se impulsa una modificación del Código Penal para incorporar un nuevo artículo (el 41 quinquies) y establecer que «cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales aprobados por nuestro país, incrementará su pena en el doble del mínimo y del máximo».

Se aclara, sin embargo, que la aplicación del artículo así como la facultad que se le da a la Unidad de Información Financiera (UIF) para el congelamiento administrativo de activos vinculados a delitos previstos en el artículo 306 del Código Penal, «en ningún caso podrán ser aplicados a aquellos hecho que no configuren actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales».

Para no dejar lugar a dudas, en los fundamentos el proyecto destaca que «quedan terminantemente excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de protesta colectivos y, en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal» pero constituyan el ejercicio de un derecho constitucional.

Por otra parte, para poder reprimir de una manera específica la financiación de actos terroristas se incorporan al Código Penal los llamados «Delitos contra el orden económico y financiero», tipificados recientemente por la ley 26.683 que incorporó en la legislación argentina la figura del lavado de dinero.

Alfonso Prat Gay de CC tomó lectura del informe del GAFI y al tiempo sostuvo que quien tenga estómago que siga leyendo el informe.

En tanto que Fernando Pino Solanas disparó que es una criminalización de la protesta social, y en misma sintonía se manifestó Claudio Lozano.

Por otra parte y en general hizo referencia Margarita Stolbizer a los proyectos oficiales y sostuvo que “La agenda propuesta por el Gobierno sólo busca poder concentrado e instrumentos de persecución” . «Si tuvieran vocación de transparencia impulsarían la ley de acceso a la información pública. Si tuvieran sensibilidad frente a un fuerte reclamo social tratarían la ley de fertilización asistida. Si se hicieran cargo de los problemas que generan discutirían una tarifa social. Si cumplieran los fallos de la Corte discutirían el 82% móvil para los jubilados y la reforma a la ley de riesgos del trabajo. Si reconocieran la inseguridad aceptarían un debate parlamentario. Así podríamos enumeran un infinito listado de prioridades que no figuran en la agenda del Gobierno. En cambio, decidieron ir por un paquete de leyes atrás del cual sólo se esconde la voluntad de concentrar poder y perseguir a los que piensan distinto. No es un buen comienzo de gestión», puntualizó Stolbizer.

 

VER EL RESULTADO DE VOTACIÓN:

 http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dselectronicos/actas/2011/129EE01_10_R13.pdf

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