Naciones Unidas, 21 dic (PL) Naciones Unidas lanzó hoy fuertes críticas contra el gobierno de Bahrein como responsable de la crisis en ese país y demandó la liberación de todos los detenidos por participar en protestas pacíficas.
Es necesario abrir un proceso de diálogo que incluya a los líderes de las diferentes religiones y comunidades de inmigrantes, apuntó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
En una declaración distribuida aquí, la funcionaria advirtió sobre la creciente desconfianza existente hacia las autoridades de Bahrein debido a la represión violenta de las manifestaciones, la destrucción de mezquitas y otras acciones del gobierno.
Frente a esa situación, Pillay pidió la liberación incondicional de las personas sentenciadas por tribunales militares o en espera ser enjuiciados por el hecho de ejercer sus derechos a las libertades de reunión y expresión.
Un grupo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU acaba de visitar el pequeño Estado árabe y constató la prevalencia de una profunda desconfianza hacia el gobierno, apuntó la Alta Comisionada.
Asimismo, confirmó que miles de personas han perdido sus empleos por participar en las demostraciones y muchos jóvenes vieron interrumpidos sus estudios.
Esas serias violaciones de los derechos económicos y sociales de la población tienen que cesar de manera inmediata, enfatizó Pillay al exigir la reincorporación de todos los expulsados de sus actividades.
En la misma línea, demandó el fin de la impunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad responsables por el uso excesivo de la fuerza contra las protestas pacíficas y de actos de tortura.
El mes pasado una comisión presidida por el jurista egipcio Cherif Bassiouni determinó que las autoridades de Bahrein actuaron con fuerza excesiva contra las demostraciones de febrero y marzo pasados, con saldo de 35 civiles muertos.
También denunció la ejecución de actos de tortura, juicios ilegales y la obtención de confesiones bajo coacción.
Al respecto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exigió al gobierno de ese Estado árabe la aplicación de las recomendaciones hechas por esa comisión y el esclarecimiento de las alegaciones sobre violaciones de los derechos humanos.