La Justicia acusó al Almirante Jorge Godoy por «seguimiento» de actos políticos contra la dictadura.
El actual Jefe de la Armada Argentina, Almirante Jorge Godoy, en problemas con la Justicia. | Foto: Cedoc
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El juez federal Daniel Rafecas procesó al actual Jefe de la Armada Argentina, Almirante Jorge Godoy y de quien fuera su subjefe, el vicealmirante Benito Rótolo, por delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa donde se investigan “espionaje interno” por parte de la Armada que afectó a dirigentes sociales, políticos y entidades de Derechos Humanos entre 2003 y 2006.
Rafecas corroboró que el Almirante Godoy y el Vicealmirante Rótolo «controlaban el aparato de inteligencia de la Armada Argentina» y tenían conocimiento de que «desde allí se llevaban a cabo, en forma sistemática y permanente, incluso desde antes de asumir ambos el comando de la fuerza, prácticas de “inteligencia interna” prohibidas por las leyes de Seguridad Interior, de Inteligencia Nacional y de Defensa Nacional, prácticas ilegales que, en los hechos, omitieron desactivar».
Las actuaciones que tramitan ante el Juzgado Federal 3, tuvieron su origen en una denuncia formulada por los Dres. Carolina Varsky y Rodrigo Borda, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ante el Juzgado Federal de Rawson, a raíz de que en la Base “Almirante Zar” de la Armada Argentina,
El CELS denunció que en la ciudad de Trelew, en Chubut, se llevaron a actividades de inteligencia interna, como el seguimiento de actos en conmemoración de la “Masacre de Trelew”; la conmemoración del “24 de marzo de 1976” y el «seguimiento de actividades» de agrupaciones de Derechos Humanos y Sociales.
Asimismo, fueron procesados los responsables de dicha Base Naval y sus superiores jerárquicos por el Juzgado Federal de Rawson y, ante una ampliación de denuncia formulada, también por el CELS, Rafecas debió investigar la responsabilidad de las máximas autoridades de la Armada Argentina.
Además, el magistrado dispuso que se sortee un juez federal para que investigue penalmente la desaparición de “partes de información” y otras pruebas documentales comprometedoras que debían encontrarse en diversas dependencias de la Marina y que no fueron halladas al momento de efectuarse allanamientos judiciales, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).