30 octubre, 2020

FM Cosmos

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VERGONZOSO!! Cablevisión fue allanado sin una orden judicial

 

 

La Gendarmería Nacional, cuando el miércoles último ingresó en Cablevisiónpor la fuerza, no cumplió un requisito inexcusable: el juez no había consignado en el expediente una orden escrita y fundada para hacer ese procedimiento.

El cuestionamiento contra Bento surge de varias denuncias presentadas por Cablevisión y también, según afirman varias fuentes, de la compulsa de este expediente tramitado en Mendoza.

Es decir, el juez Bento no sólo era incompetente para ordenar un procedimiento en la Capital Federal, a pesar de que los hechos que denunció el Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano -que acaba de recibir del Gobierno varias licencias nuevas- se habría cometido en Salta y en Córdoba. Además, habría obrado con abuso de autoridad, según denunció la empresa afectada.

Alegando esos motivos, Cablevisión recusó a Bento y pidió que se investigue la intervención que el juez le dio a Gendarmería: ayer, el fiscal Jorge Di Lello pidió al magistrado mendocino que le permita certificar una copia del expediente.

Cualquier juez penal sabe que un allanamiento -salvo casos de extrema urgencia, como ocurre cuando la policía oye gritos de auxilio dentro de una casa e ingresa en forma inmediata- tiene que estar siempre precedido por una orden judicial escrita y fundada. En innumerables ocasiones, la Cámara de Casación y la Corte Suprema anularon procedimientos realizados sin esa garantía esencial.

¿Por qué Bento obró como lo hizo y dictó una resolución que redundó en benefició del Grupo Uno-Supercanal? Cablevisión sospecha que el juez actuó en connivencia con Vila y Manzano, y por eso lo denunció por cohecho.

POSIBLES RELACIONES

Algunos datos merecerían ser profundizados. Bento y Manzano podrían tener un conocido en común: el asesor presidencial Juan Carlos Mazzón, que fue el segundo de Manzano cuando éste se desempeñaba como ministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem.

¿Puede haber otro motivo? Tal vez, también pudo haber pesado el hecho de que el Consejo de la Magistratura, hace apenas un mes, desestimó una denuncia contra Bento que había iniciado Nuevo Plaza Hotel Mendoza Ltda., con el patrocinio del abogado Nicolás Becerra. Este fue procurador general de la Nación y no sólo es un hombre de mucha confianza de Manzano, sino que también conoce al abogado que acompañó al interventor designado por Bento, Enrique Anzoize.

Lo cierto es que en la foja 1479 del expediente Bento se limitó a ordenarle a la Gendarmería la colaboración para que ayudara a poner en funciones al interventor, Enrique Anzoize, mediante el auxilio de la fuerza pública.

Tal vez, no hay que descartarlo, Bento se haya sentido entre la espada y la pared: entre el Grupo Uno y el Gobierno existe una estrecha relación. En efecto, el Gobierno no pretende aplicar sobre el Grupo Uno la ley de medios, a pesar de que excede los límites de la ley de medios que sí le quiere aplicar al grupo Clarín. Es más, una de las empresas de ese grupo mendocino, Supercanal, confiesa en su sitio oficial que explota servicios de cable en 170 ciudades, a pesar de que sólo tiene licencia para hacerlo en 59.

En segundo lugar, Manzano visitó en su despacho, en noviembre último, a la presidenta Cristina Kirchner. Y, ese mes, la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca), cuando estaba todavía bajo el comando de Gabriel Mariotto, les dio al grupo y a sus allegados cuatro licencias nuevas.

Veamos dos: la resolución 1670 de Afsca, del 9 de noviembre, le dio licencia a Fibra Hogar SA -de la que son accionistas Alfredo Luis Vila Santander y Aníbal Gabriel Olarte- para explotar televisión comunitaria en Rosario. Y Olarte también aparece en la resolución 1671 del organismo como titular de Valle Punilla Comunicaciones, que explotará ese servicio en La Falda.

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