Chile: acusan de terrorismo a los mapuches por el incendio

ROJO FUEGO. DOS MILLARES DE BRIGADISTAS, HELICÓPTEROS Y EQUIPOS DE ARGENTINA, AUSTRALIA, URUGUAY Y EE.UU. COMBATEN LOS INCENDIOS EN EL SUR CHILENO.

Santiago De Chile. Dpa, Ap Y AFP

El gobierno de Sebastián Piñera, acorralado desde hace meses por conflictos sociales y políticos, enfrentó de una manera polémica la grave situación generada por los incendios en el sur del país, que ya provocaron la muerte de siete bomberos. Denunció que las llamas que se iniciaron en 52 focos arrancaron en forma intencional y culpó a grupos radicales mapuches, contra quienes presentó una querella criminal invocando la ley antiterrorista de la dictadura de Augusto Pinochet.

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, acusó directamente a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una organización de aborígenes mapuches muy combativa con la que el gobierno ya tuvo otros enfrentamientos.

“Hace pocos días se incendió un helicóptero destinado a apagar el fuego, y ese atentado terrorista fue reivindicado por la CAM. A partir de eso uno puede conjeturar y decir quién está detrás de otros incendios que pueden ser intencionales”, sostuvo.

Sebastián Piñera también utilizó el mismo tono de dureza: “Detrás de esta intencionalidad y conducta criminal se esconden conductas de naturaleza terrorista”.

Las pruebas con que contaría el gobierno se basarían en la presencia de vehículos desconocidos en el interior de Forestal Mininco, donde se originó el fuego, un día previo al incendio. En contraposición al oficialismo, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, pidió “tener prudencia” al atribuir responsabilidades y señaló que antes hay que hacer una “investigación seria”.

La fuerte posición gubernamental produjo reacciones críticas particularmente por enarbolar nuevamente la ley antiterrorista – repudiada por organismos de derechos humanos internacionales – para responsabilizar a un sector indígena que viene reclamando por lo que argumentan que son sus tierras ancestrales y que denuncian que están en manos de grandes empresas. “Esto le sirve al Gobierno para justificar la militarización de la zona”, sintetizó Natividad Llanquileo, representante mapuche.

Los incendios en las regiones del Bíobío y La Araucanía, al que se suma el aún no extinguido del parque nacional Torres del Paine en el extremo austral, ya provocaron la destrucción de unas 55.000 hectáreas. Un verdadero desastre ecológico y económico para la región. Unos dos mil brigadistas, con aviones y helicópteros, siguen luchando contra las llamas, cuya propagación se vio favorecida por los vientos imperantes y las altas temperaturas veraniegas. Siete de estos bomberos murieron al quedar atrapados por el fuego en Carahue, a 700 kilómetros de Santiago, un hecho que conmocionó a los chilenos.

Este episodio suma otro lastre más al gobierno de Piñera, cuya popularidad ha sufrido una seria baja. Tras ganar las elecciones en febrero de 2010, el mandatario se consolidó con el rescate de los mineros en Copiapó. Pero luego esas ganancias se fueron recortando por una sucesión de nuevos desafíos que en grana medida desbordaron a su gobierno.

Las protestas y marchas estudiantiles contra un sistema educativo que denunciaban como elitista y oneroso se extendieron durante más de siete meses. Esta semana el gobierno disparó otra polémica al ordenar cambiar el término “dictadura militar” por “régimen militar” en los textos escolares en relación al régimen tiránico de Pinochet.

No son los únicos desafíos que enfrenta el gobierno en un año en el que habrá comicios municipales que son considerados un anticipo de las presidenciales del 2013. Entre ellos se anota la desaceleración de la economía como efecto de la crisis internacional y el aumento del costo de vida. Sobre esas situaciones ha reaparecido la ex presidenta socialista Michelle Bachelet, quien mantiene una imagen positiva de 80%, rango que también recibió su antecesor el expresidente Ricardo Lagos cuando culminó su mandato.

En un intento por reforzar su gestión, Piñera decidió hace poco una renovación parcial de su gabinete. El plan sin embargo se enfrentó con dificultades imprevistas con sus dos nuevos ministros.

El titular de Agricultura, Luis Mayol, fue censurado por las demoras en combatir los incendios del sur. Y el de Educación, Harald Beyer, tuvo que salir a defender al gobierno por esa decisión posiblemente con muy mal timing de eliminar la palabra “dictadura” de los manuales estudiantiles.

Sin embargo, para los especialistas todos estos temas resultan menores frente al crónico y frustrante problema de la desigualdad en la distribución del ingreso que se mantiene dentro de la población chilena. Ese problema no se originó en esta gestión sino que se ha venido manifestando desde la dictadura y a lo largo de las casi dos décadas de gobiernos de centroderecha de la Concertación.