Ante el llamado a ocupar cargos en el tribunal federal bajo el concurso nacional abierto N° 273 destinado a cubrir dos cargos de Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, la agrupación de ex presos políticos manifiesta su preocupación al conocer el nombre de algunos postulantes que estuvieron responsabilidades importantes en el gobierno criminal del extinto Carlos Arturo Juárez.
Los denunciantes emitieron un detallado documento a la comisión de selección de magistrados del consejo de la magistratura de la nación, donde develan situaciones de postulantes que tuvieron vínculos directos con la represiva época de Carlos Arturo Juárez y su esposa Marina Aragonés. La agrupación dice contar con un informe de hechos comprobados en crímenes de lesa humanidad de algunos postulantes que están participando del proceso de selección.
Los acusados
Entre los mencionados por sus vínculos con el Juarismo se encuentran el postulante Federico Bothamley que ahora cumple funciones como secretario de derechos humanos del juzgado federal de Santiago del Estero y cuenta en su hoja de vida que incumplió algunos procedimientos como “el dejar pasar 3 semanas antes de notificar a la fiscalía que el excarcelado y actualmente prófugo imputado Roberto Díaz no se presentaba al control correspondiente “señalan.
Otro caso es el de Omar Carlos Santiago Cipolatti, quien ejerciera la defensa particular del ex capital Jorge D’Amico imputado por el ministerio publico fiscal responsable y participe dentro del plan de exterminio, otra ficha que contiene los archivos de Cipolatti son los antecedentes de otro de sus defendidos, Tomas Garbi condenado a perpetua por crimen de lesa humanidad en el caso de Cecilio Kamenetzky.
Por su parte, en el listado N°8 aparece postulando a Eduardo Federico Coroleu, quien ya había sido Juez en el mismo tribunal al cual se postula. Según la agrupación de ex presos, “sus resoluciones fueron siempre a favor de la impunidad de los genocidas donde sobreseyó total y definitivamente por prescripción de la acción penal a los ex jueces de la dictadura Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga”. El tribunal, integrado por tres jueces ad-hoc (los abogados Pedro Ibáñez, Guillermo Ruiz Alvelda y el nombrado Coroleu) fue constituido para dar cumplimiento a la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal para que se diera curso, después de 7 años, a la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal ante la decisión tomada el 16 de diciembre de 2004 por el renunciante ex juez federal Ángel Toledo (ante la inminencia de su juicio político) de sobreseer total y definitivamente a estos dos jueces de la dictadura, sin siquiera habérseles tomado una declaración indagatoria; decisión que el tribunal de cual participó Coroleu refrendó nuevamente.
Respecto a Coroleu, los denunciantes advierten de un hecho concreto, donde “actuando como juez de instrucción ad-hoc, dictó también la falta de mérito (sin indagarlo) para el juez de tribunal oral Luis Eduardo López, a quien el Ministerio Público Fiscal pidió indagatoria ante testimonios vertidos en el juicio oral por el asesinato de Cecilio Kamenetzky, que lo sitúan dentro de un ex-centro clandestino de detención (ubicado en la Av. Belgrano (s) de la ciudad), presenciando interrogatorios y torturas” señalan categóricos.
La lista continua
El listado de postulante a la magistratura federal continúa con Lorna Margarita Hernández, quien aparece en el N° 19. Hernández está denunciada por la comisión de delitos de lesa humanidad por las víctimas del terrorismo de estado y todos los organismos de DDHH que actúan en la provincia por su nefasta gestión en la Justicia Federal en la dictadura militar. Actualmente es Secretaria Penal del Juzgado Federal de Santiago del Estero, desde los inicios de la dictadura militar en 1976 hasta el presente.
En el puesto N° 20 de los postulantes se encuentra Nelly Noemí LLado “quien aun ejerce al defensoría oficial de varios imputados por delitos de lesa humanidad en la provincia” aclara la agrupación. Sus legajos se caracterizan por el constante pedido de medidas dilatorias que conducen a prolongar la impunidad para el genocidio cometido durante la dictadura.
Otro caso es el de Luis Eduardo Ramón Lugones quien fuera juez ad-hoc y presidente del tribunal oral federal de Santiago del Estero. Según los organismos de derechos humanos, “en resolución del 18 de diciembre de 2008, Lugones concede la excarcelación al represor Roberto Díaz, (quien actualmente se encuentra prófugo), pese a la decidida oposición de las querellas y el Ministerio Público Fiscal por anteriores desobediencias judiciales, tal como lo había hecho en causas de la justicia provincial, según se refiere en su legajo-prontuario. En su resolución referida al Grupo II, el 1º de Junio de 2009 concede falta de mérito para los militares: el ex teniente 1º Jorge D’Amico y el suboficial Sánchez, ambos miembros de la Comunidad de Inteligencia dependiente del Batallón 601”, detallan.
La lista de denunciados por la agrupación política santiagueña se completa con Juan Carlos Nacul quien “ Fue impugnado en otras jurisdicciones por organismos de DDHH debido a su militancia política en las filas de Fuerza Republicana, el partido formado por el ex general Antonio Domingo Bussi (condenado a perpetua) de reconocida apología a favor del accionar genocida” dicen, mientras que en el puesto N°30 del listado de postulante se encuentra el ex juez ah-hoc del tribunal oral que sobreseyó total y definitivamente de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia a los ex jueces de la dictadura Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga, interpretando que los mismos no constituían delitos de lesa humanidad” indican desde el colectivo juicio y castigo.
Por último la agrupación de ex-presos políticos señala que “Todos los aspirantes mencionados integraban el Fuero Penal, que no sólo fue el brazo ejecutor del juarismo, sino que además brindó la impunidad necesaria para el funcionamiento del grupo de tareas del Comisario General Musa Azar, hoy condenado por crímenes de lesa humanidad” concluyen en su informe.
Recordemos que en el tribunal federal es donde se desarrollan los juicios de lesa humanidad contra los asesinos de la reciente dictadura argentina.
FUENTE: EL COYUYO
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