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La iglesia católica repudió la seguidilla represiva en Catamarca

Obispos patagónicos emitieron un comunicado que fue encabezado por el número dos del Episcopado nacional. Le reclamaron al Gobierno nacional abrir el diálogo y realizaron críticas a que la actividad minera “se mantenga impune”.

La iglesia Católica emitió un comunicado  encabezado por el obispo de Neuquén y vicepresidente primero del Episcopado, Virginio Bressanelli, en el que deploran la enérgica represión contra manifestantes ocurrida el 10 de febrero en el departamento catamarqueño de Tinogasta y en la localidad tucumana de Amaicha del Valle.

Anteriormente había sido el obispo de Gualeguaychú Jorge Lozano, quien le había manifestado su apoyo al cura párroco de Famatina, Omar Quinteros, que encabeza las protestas anti mineras en La Rioja.

En el escrito los Obispos del sur del país critican que “la actividad minera cuestionada se mantenga impune o sea analizada muy superficialmente” y reclaman un “diálogo abierto y federal “que derive en efectivo control del Estado y la sociedad. El texto fue redactado en Rawson, durante el VIII Encuentro de Áreas Pastorales de la Región Patagonia-Comahue, que tuvo por tema Iglesia y Cuidado de la Naturaleza . Y constituye un implícito cuestionamiento al Gobierno nacional y a provincias mineras gobernadas por el kirchnerismo, que vienen defendiendo la megaminería y desestimando las protestas. El toque de atención de los obispos patagónicos se suma al reciente pedido del presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo, para que no se use políticamente el legítimo reclamo por las Islas Malvinas.

En el documento, los obispos patagónicos –en cuya jurisdicción hay diversos emprendimientos mineros- expresan su “cercanía y comunión a los hermanos y hermanas que manifiestan su preocupación de distintas maneras: presentaciones judiciales, participación en marchas, adhesión en manifestaciones, súplicas y oraciones”. También “deplorar lo que acontece en otras regiones del país, donde se reprime la protesta pacífica quedando divididas las sociedades de cada lugar, mientras la actividad minera cuestionada se mantiene impune o se analiza muy superficialmente”.

A continuación, proponen “un diálogo abierto y federal; un ámbito jurídico que ponga límites en temas tan controvertidos; el compromiso de garantizar que los pueblos y zonas cercanas a los emprendimientos mineros puedan mantener su forma de vida, sus trabajos, sus costumbres productivas, su agua, sus cerros, sus bosques; la voluntad política de un efectivo control social sobre tales emprendimientos, y el respeto a la legislación argentina internacional que protege los derechos y el territorio de los pueblos originarios”.

El tema de la minería hace tiempo que viene siendo seguido con atención por la Iglesia y, en particular, por los obispos patagónicos. De hecho, en años anteriores hubo pronunciamientos regionales advirtiendo sobre el tema. Al mencionado cura párroco de Famatina, se le suma el de Loncopué, José María Dórfeo, quien también acompaña a los vecinos de esa localidad.

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