21 octubre, 2020

FM Cosmos

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El juez aceptó al Gobierno como querellante en la causa

Aunque dijo que ese rol no impide que se investigue a los funcionarios por falta de controles.

El juez Claudio Bonadio decidió aceptar al Gobierno como querellante en la causa en la que se investigan los motivos del choque del tren de la línea Sarmiento que se estrelló en la estación Once el 22 de febrero pasado y dejó un saldo de 51 muertos y centenares de heridos.

La decisión de Bonadio considera que como el Estado es propietario de los ferrocarriles se puede presentar como querellante. Pero al mismo tiempo señaló que eso no impide que sean investigados los funcionarios que tienen responsabilidades en el control y fiscalización de la concesión del Sarmiento que está en poder la firma Trenes de Buenos Aires (TBA), propiedad de los hermanos Mario y Claudio Cirigliano.

El pedido de ser parte querellante-lo quepermite acceder al expediente y pedir medidas de prueba – fue solicitado por el subsecretario Legal y Técnico del ministerio de Planificación Federal Rafael Llorens. La intención de presentarse como querellante fue manifestada por el ministro de Planificación Julio De Vido al día siguiente del choque. En esa ocasión aseguró que por órdenes de la presidente Cristina Kirchner “nos presentaremos en defensa del interés público y para acompañar a los damnificados”. Esa presentación fue interpretada por la oposición como una forma del Gobierno para eludir responsabilidades e intentar ponerse a la altura de las víctimas del choque.

La decisión del juez diferencia al Estado en tanto “persona jurídica de derecho” y a los funcionarios responsables del área de los ferrocarriles: el ministerio de Planificación, la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Bonadio señaló que la condición de querellante del Estado “no es óbice para determinar y perseguir eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios que son personas físicas”. El juez también consideró que el de trenes es un servicio público que “debe ser garantizado por el Estado Nacional” y por eso puede ser querellante en la causa.

Desde algunos sectores de la oposición parlamentaria se criticó la decisión de Bonadio por considerarla indulgente con el Gobierno kirchnerista.(ver De Vido…) Al mismo tiempo de tomar esa decisión, Bonadio recibió de los peritos oficiales que investigan las razones del choque, una especie de plan de trabajo que, según fuentes judiciales, extendería el peritaje por lo menos hasta mediados de marzo. La Presidente había exigido rapidez y conminó a la Justicia para que terminaran el peritaje en quince días. Lo programado por los peritos excede el deseo temporal manifestado por la Presidente. Aseguran en Tribunales que el peritaje tiene varias etapas: los primeros días se encargaron de estudiar los vagones menos afectados por el accidente. Ayer se realizó un estudio parcial sobre los cuatro últimos vagones de la formación para probar el sistema de frenos.(ver aparte). A partir del lunes comenzarán a analizar los primeros vagones del tren.

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