Denunciaron en la Justicia al intendente de Angaco

Es por incumplimiento de deberes. Le endilgan echar sin justificación a empleados con estabilidad.

El delito que le imputan a Castro es excarcelable, ya que contempla penas menores a 3 años de prisión. Significa que si fuera encontrado culpable, no tendría que cumplir una condena de prisión efectiva.

La denuncia ingresó el lunes al Juzgado de Paz de Angaco y es el desenlace de la pelea que empezó en febrero (ver foto), cuando cinco trabajadores fueron notificados de que se dejaba sin efecto el decreto de la gestión anterior (la del bloquista Víctor Fernández) por el que habían sido designados en planta permanente. Según consigna el escrito, el intendente violó sus deberes, al incumplir al artículo 46 de la Constitución provincial, que dice que “ningún empleado de la provincia con más de seis meses de antigüedad puede ser separado de su cargo mientras dure su buena conducta”.

Los denunciantes son Liliana García, Sotero Chávez, Angel Carrizo, Antonio Rosas y Dante Aballay y en el escrito aseguran que fueron designados por Fernández el 1 de agosto de 2011 y que se los notificó de la baja el 1 de febrero de este año, es decir el día que cumplían seis meses y que adquirían estabilidad. Según García, “esto es discriminación política, porque somos del Frente para la Victoria”.

Castro dijo ayer desconocer la denuncia porque “todavía no me notificaron”, pero aseguró estar “tranquilo” y negó tener alguna animosidad con los denunciantes. Explicó que de las 16 personas que fueron designadas en planta permanente por su antecesor, 11 quedaron porque tenían el perfil necesario para las funciones que se les asignaron. De los que quedaron afuera, aseguró que “hicimos una evaluación y no estaban preparados para la tarea”. Además, contó que “no eché a nadie, porque les hemos dado contratos para que sigan como venían” y advirtió que “el decreto que los designó era irregular”.

Por otra parte, le apuntó Antonino D’Amico, el titular del SUOEM, uno de los gremios con representación municipal, que a través del abogado Fernando Alvarez patrocina a los denunciantes. Según Castro, “D’Amico tiene un doble discurso, porque me vino a pedir que eche a 21 empleados y como no le hice caso, se enojó y hace esto”.

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