21 octubre, 2020

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Significativo allanamiento en Economía por el caso Boudou

Sospechas de corrupción / Avanza la investigación judicial

Por Hugo Alconada Mon | LA NACION

De manera sigilosa y con resultados desfavorables para el vicepresidente Amado Boudou , la Justicia allanó hace 10 días el Ministerio de Economía, revisó miles de dictámenes jurídicos y se llevó cajas con documentación . Todo, con un solo objetivo: determinar cuán singular, o no, fue la intervención del entonces ministro Boudou en favor de la nueva Ciccone Calcográfica.

La orden de allanamiento, firmada por el juez federal Daniel Rafecas, se ejecutó el miércoles 14 de este mes. Sus colaboradores concentraron la búsqueda en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, donde hurgaron entre más de 16.000 dictámenes rubricados durante las gestiones de Boudou; su sucesor, Hernán Lorenzino, y algunos ministros anteriores. El resultado preliminar no es favorable a Boudou. La nota que firmó en el expediente administrativo iniciado por la nueva Ciccone para obtener una moratoria excepcional no tiene precedente en el ministerio, dijeron a LA NACION fuentes tribunalicias y del propio Palacio de Hacienda.

Cinco días antes del allanamiento, el jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),Ricardo Echegaray , había dado indicios de esa singularidad. Durante una conferencia de prensa, dijo que más de 350 empresas obtuvieron una moratoria similar a la que goza Ciccone. Pero luego debió admitir que sólo en el caso de la imprenta que preside Alejandro Vandenbroele -amigo y colaborador de José María Núñez Carmona, el socio del vicepresidente- se consultó al Ministerio de Economía y retornó con una nota firmada por Boudou.

Según reconstruyó LA NACION, el recorrido de ese expediente administrativo por Economía duró apenas 65 horas. En menos de tres días pasó por tres direcciones distintas, se redactó un dictamen en el área de Legales y se envió a Boudou, que lo firmó el 8 de noviembre de 2010 y lo devolvió a la AFIP.

La pesquisa de Rafecas y del fiscal federal Carlos Rívolo provocó, además, una segunda búsqueda, pero más amplia, dentro del Ministerio, indicaron dos fuentes oficiales a este diario. Los colaboradores de Boudou recorrieron secretarías y subsecretarías con la misión de hallar expedientes administrativos que pudieran presentar ante la Justicia como precedentes o con prácticas similares al «caso Ciccone».

Todo el proceso administrativo alrededor de Ciccone resultó, sin embargo, singular. Primero, porque la empresa pidió acceder a la moratoria excepcional con una quita de capital, intereses y multas, lo que está prohibido por ley de manera taxativa, aunque la AFIP decidió sustanciar el pedido.

La solicitud de la nueva Ciccone generó un expediente que pronto sumó un dictamen del entonces jefe de Gabinete de Asesores de Echegaray, Rafael Resnick Brenner. Luego, se giró en consulta a Economía para verificar su parecer. «Para ver si podían encontrarle la vuelta por otro lado», indicó el subdirector general de Coordinación Técnica Institucional de la AFIP, Guillermo Michel, ante la consulta de LA NACION, al término de la conferencia de prensa de Echegaray del 9 de este mes. Por ejemplo, detalló, «por la cantidad de cuotas».

Ya en circulación dentro del Palacio de Hacienda, sin embargo, el responsable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, José Guillermo Capdevila, recordó los límites legales. Planteó que el ente tributario es autárquico y que no le correspondía al Ministerio «dar instrucción a la AFIP sobre el curso de acción que debe adoptar en relación con el pedido de acción efectuado por Ciccone». Y que, como máximo, sólo podía recordársele al ente recaudador cuál era la «política general» alentada desde Economía.

Así lo hizo Boudou cuando el expediente administrativo con el dictamen de Capdevila llegó a sus manos. Firmó la nota del 8 de noviembre de 2010, que, tras la irrupción del «caso Ciccone», negó durante dos días en una sucesión de entrevistas en diarios, programas de radio y televisión, para rectificarse horas antes de que la revelara el diario Clarín.

En esa nota, Boudou aludió al dictamen previo de Capdevila, pero dio otro, y polémico, paso. Le devolvió las actuaciones a Echegaray «con el fin de que proceda a la sustanciación de la petición formulada por Ciccone Calcográfica de conformidad con las atribuciones que le son propias».

«Sin perjuicio de ello -añadió-, se le hace saber que este Ministerio considera que el ejercicio de las competencias propias de ese organismo [por la AFIP] en el sentido de permitir la continuación de la empresa concursada, dentro de las atribuciones legalmente conferidas al ente recaudador y sin mengua del interés fiscal cuya tutela constituye su responsabilidad primaria, responde a los lineamientos políticos generales de este Gobierno, dadas las fuentes de trabajo generadas por la empresa y su importancia estratégica.»

Ahora, Rafecas y Rívolo buscan determinar si esa nota -la única de su tipo en más de 16.000 dictámenes, según surgiría del allanamiento al Ministerio de Economía- explicitó o no un supuesto tráfico de influencias a favor de la nueva Ciccone desde que irrumpió Vandenbroele.

EN VOZ ALTA

 

  • «Debe demostrar que es inocente. Pedimos a la Justicia que actúe con celeridad para darle una respuesta al pueblo «

HERMES BINNER
Ex candidato presidencial FAP

 

 

  • «[Boudou incurrió] en una contradicción tan grave que merece que se abra una investigación»

FEDERICO PINEDO
Jefe bloque diputados PRO

 

 

  • «El caso Ciccone es muy grave porque no se habla de un negociado común y corriente; el negocio es nada más y nada menos que la impresión de billetes»

MARGARITA STOLBIZER
Diputada Nacional GEN 
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