El Gobierno quiere que los jueces paguen Ganancias

Por Adrián Ventura | LA NACION

Los jueces de todas las instancias están preocupados porque el Gobierno impulsa dos reformas que los afectan en forma directa: el pago del impuesto a las ganancias, del que hasta ahora están exentos, y la posibilidad de que el Congreso fije un tope para sus jubilaciones.

El pago de Ganancias está siendo debatido en el seno de la Corte Suprema, que intenta buscar una solución que conforme al Gobierno y a los jueces. El otro, un tope a las jubilaciones, que sería plasmado en un proyecto de ley, está produciendo una ola de retiros de jueces, que comenzaron a pedir sus jubilaciones para acogerse a los beneficios de las normas ahora vigentes antes de que sean modificadas.

La Constitución dice que las remuneraciones de los magistrados «no se pueden disminuir de manera alguna». Esa es la garantía de la intangibilidad de los sueldos judiciales, y los jueces siempre sostuvieron que los exime de pagar Ganancias. Para ellos, un buen sueldo y una jubilación equivalente son algunas de las condiciones necesarias para garantizar la independencia judicial.

En cambio, Cristina Kirchner afirmó en reiteradas oportunidades que es una deuda de la democracia hacerles pagar Ganancias a los jueces. El Gobierno mira esas remuneraciones como un privilegio. Siendo presidente, en 2004, Néstor Kirchner ya había alentado esas iniciativas. Semanas atrás, la Presidenta dijo durante un acto público que se enteró con asombro de que un ex magistrado cobra 95.000 pesos de jubilación. No dio su nombre, pero se trata de un ministro de la Corte que se retiró hace veinte años.

La Corte Suprema de los Estados Unidos, en los fallos Evans (1920) y Miles (1925), consideró a todos los jueces exentos de Ganancias. Y en 1936, la Corte argentina, en el caso Medina con Fisco, adoptó igual criterio y nunca más lo abandonó, a pesar de que su par norteamericana, en 1939 (caso O’Malley), consideró válida la obligación tributaria si recaía sobre jueces nombrados con posterioridad a la ley que estableció el tributo. Incluso, en 2006, con integración de conjueces, mantuvo ese criterio. En la década del 90, la ley 24.631 derogó la exención que beneficia a los magistrados. Pero la Corte, una vez más, resistió y defendió a los jueces: el 20 de abril de 1996, dictó la acordada 20/96, que dispuso que la obligación de pagar Ganancias es «inaplicable» en el Poder Judicial.

En el Poder Ejecutivo advirtieron que alcanzaría con que la Corte derogue su propia acordada para dejar a los jueces expuestos a la obligación de tributar. Esto evitaría que el Gobierno tenga que enviar un proyecto de ley al Congreso.

Varios de los ministros del alto tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, están de acuerdo en restablecer el pago de Ganancias, pero lo debaten con mucho cuidado.

El tema es extremadamente delicado para el mundo judicial, porque afecta el bolsillo de los jueces y algunos creen que el Poder Ejecutivo puede afectarles su nivel de vida.

En la Corte consideran que el clima político y de ajuste económico los llevará inexorablemente a tener que restablecer el pago del tributo. Por eso, comenzaron a imaginar distintas alternativas, pero aún no encontraron la solución.

EL TEMOR

Sin embargo, el temor de los jueces va más allá: ¿establecerá el Congreso un tope a las jubilaciones de los jueces? El comentario que hizo la Presidenta sobre el magistrado que cobra 95.000 pesos por mes de jubilación les hizo pensar que sí, y por eso se desató el pánico.

En las últimas semanas, en todos los fueros de la Justicia muchos magistrados formalizaron el pedido de sus jubilaciones. Se trató de un trámite formal para agilizar los reclamos previsionales.

No es que mañana los jueces vayan a dejar sus cargos -algo que siempre los gobiernos aprovecharon para nombrar a otros jueces más afines-. Pero sí aspiran a tener una resolución administrativa de la Anses que les reconozca el haber conforme con el cálculo actual, de modo que puedan invocar un derecho adquirido frente a cualquier nueva ley que pueda establecer un tope para las jubilaciones judiciales.

Hoy, el sueldo de un camarista -un juez con un sueldo promedio, pero que está encima del de primera instancia, pero debajo de la Corte- oscila alrededor de los 50.000 pesos, con algunas variaciones por antigüedad en el título, permanencia en el cargo de juez y otros rubros. Y la jubilación equivale a casi el total de ese salario, si se suma lo que reciben por 82 por ciento móvil más el 14 por ciento que dejan de aportar. Tienen motivo para tener temor.

En medio del debate interno que hay en la Corte Suprema por la intención del Gobierno de avanzar con una reforma de los sueldos y las jubilaciones de los magistrados, el sábado pasado el secretario general del gremio de judiciales, el kirchnerista Julio Piumato escribió en su cuenta Twitter el siguiente texto: «El sistema impositivo es elq impuso MdeHoz y Cavallo. Loq fue bueno pa dictadura y neoliberalismo no es bueno pa ModNacyPop» (sic). Unos minutos después el sindicalista kirchnerista agregó en otro tweet: «A veces no nos entienden xq somos peronistas y queremos la Justicia SocialPlena». Hay algunos magistrados que vieron en ese breve texto de Piumato un mensaje cifrado para los jueces y la antesala de lo que sería su defensa al proyecto de la Casa Rosada.

CRÍTICAS DE ARANCEDO POR EL CÓDIGO CIVIL 
El arzobispo de Santa Fe y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, cuestionó ayer la reforma del Código Civil que impulsa la Casa Rosada junto con miembros de la Cortes Suprema de Justicia. Durante su mensaje pascual Arancedo señaló que «no se puede banalizar ni a la familia, ni al matrimonio». Así, el arzobispo de Santa Fe advirtió que «por buscarle una salida exprés a todo, se debilita el matrimonio» y remarcó que «el Código Civil es un marco modélico para la sociedad». En otro pasaje de su homilía Arancedo también remarcó que «no nos olvidemos de los derechos del niño».

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