Verificar las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores frutícolas fue uno de los principales objetivos de las inspecciones.La Secretaría de Trabajo realizó inspecciones en toda la provincia y advirtió que unas 3.900 personas prestaban servicios en condiciones irregulares. Prometen más operativos.

VIEDMA (AV).- En Río Negro no está pasando inadvertido el trabajo no registrado. Este lado oscuro de los asalariados alcanzó a un 32% de los trabajadores detectados en un informe de la Secretaría de Trabajo de la Provincia.

La inserción ocupacional se verificó en casi todas las ramas productivas y de servicio. Se labraron, principalmente, 282 actas de inspección en todo el espectro del complejo frutícola, marcando principalmente al empaque de frutas, frigoríficos y actividad primaria.

En segundo lugar, la rama comercial tuvo 245 inspecciones y luego la gastronomía en la que comprendió a hoteles, restaurantes y expendio de bebidas. Luego las situaciones laborales se observaron en otros rubros como sector petrolero, alimentación, talleres y servicios públicos. El total de actas alcanzó las 984.

De un global de 12.460 puestos de empleo detectados por operativos especiales y visitas de rutina, las condiciones anómalas alcanzaron a casi 3.900 personas; según los datos preliminares.

No obstante, se aclaró que este último guarismo resulta ser aproximado y parcial dada la pluralidad de actividades, extensión geográfica de la provincia y la diversidad de realidades económicas inspeccionadas.

El organismo que conduce Luis Troncoso, dice haber detectado “casos paradigmáticos” de grandes emprendimientos frutihortícolas que presentaban serias deficiencias en las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores.

Es en estos últimos casos donde la actuación de la Secretaría coordinó su accionar con la Policía de la Provincia, la Dirección Nacional de Migraciones, los municipios y las entidades sindicales; con el propósito de otorgar una rápida respuesta a estas situaciones de extrema precarización, sancionar a los infractores y contener a las víctimas. Las multas impuestas parten de una base de 1.150 pesos aproximadamente, representando la mitad del salario mínimo vital y móvil.

Un análisis comparativo formulado por la institución evidencia un aumento significativo en la acción fiscalizadora respecto del mismo período -entre diciembre y mayo- del año anterior.

La nueva gestión de Troncoso dispuso varias metas a lograr en el corto y mediano plazo. Planteó una mejor eficiencia en la fiscalización de actividades laborales, y para ello se dispuso la reformulación del departamento de Seguridad e Higiene que, dentro de la descentralización territorial de la administración pública provincial, tendrá su sede en Fernández Oro. Allí funcionará un cuerpo de inspectores laborales profesionalizados que recorrerán de manera permanente el territorio provincial.

La propuesta incluye la erradicación de cualquier forma de precarización laboral partiendo de una actividad conjunta con organismos como el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Dirección de Economía Social agudizando la tarea inspectiva y combatiendo figuras de fraude laboral.

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