José Córdoba denunció que el Vicegobernador habría hecho espionaje telefónico, siendo Intendente

El actual intendente de Caleta Olivia hizo pública una denuncia sumamente grave. En una radio de esa ciudad, dijo que está tratando de encontrar la documentación correspondiente a la compra de un equipo de interceptación telefónica, por parte de su antecesor, Fernando Cotillo. Más allá de la “inversión”, en la denuncia, coexisten: la ilegalidad de una función que no es propia de un gobernante, con la posible asignación de recursos con el fin de adquirir un equipamiento para llevar a cabo una actividad ilícita. (Por: Rubén Lasagno)

De acuerdo a lo que denunció públicamente el Intendente de Caleta Olivia, José Córdoba, el anterior jefe comunal, hoy Vicegobernador de la provincia, Fernando Cotillo, realizó espionaje telefónico, mediante la compra de un sofisticado equipo interceptor de celulares.

Tal como lo dijo Córdoba al aire en el programa “Hora de Brujas”, desde su administración “están tratando de encontrar documentación por una inversión de 50 mil dólares, por la compra de un equipo de interceptación telefónica”, señaló, abriendo una puerta al escándalo institucional en Caleta Olivia, porque la cuestión reviste tal gravedad que supera, inclusive, las sospechas de malversación de fondos y utilización de pauta publicitaria con destino incierto, tal como todo este tiempo se viene denunciando desde la municipalidad, sobre la gestión pasada.

La información que deslizó Córdoba (de ser cierta) implica una gravedad mayor aún del motivo por el cual está procesado Mauricio Macri, quien por escuchas telefónicas realizada por sus funcionarios, está a punto de llegar a un juicio oral. En el caso de Caleta Olivia, si en realidad se efectuó una compra de material de intercepción telefónica (y ni hablar si existe documentación de tal inversión) habría una implicancia directa del ex intendente Fernando Cotillo y funcionarios de su gestión, que lo pondría ante una acción de ilegalidad indiscutible. De no ser así y en caso de que José Córdoba haya hablado solo de “sospechas”, sin respaldo probatorio, el actual Intendente se expone a una represalia judicial sin precedente, por parte del Vicegobernador.

Sin precisión

El Intendente Córdoba, si bien deslizó la importante novedad que habría encontrado entre la suma de irregularidades que está denunciando sobre la administración de Cotillo, no dio precisiones sobre el particularpero dejó algunos elementos para la dura:

Por ejemplo: Córdoba dijo que “está buscando documentación que avale la compra de un equipo de 50 mil dólares”. La pregunta es, si el equipo se iba a usar en actividad ilícita ¿Es lógico esperar que haya sido documentado, rendido y pagado por administración o con partida especial, un aparato de este tipo?. Si no fue adquirido por vías legales ¿Cómo espera Córdoba encontrar “papeles” que certifiquen la compra de un ingenio de esas características y por ese valor?.

De todos modos, debemos advertir que actualmente y en casas especializadas de Buenos Aires, se pueden adquirir elementos de contraespionaje, muy utilizados por gobierno, empresas (muy desarrollados en el espionaje industrial) y también en sectores vinculados al delito (narcotráfico, especialmente). Estos elementos van desde dispositivos portátiles de costos que rondan los 1.500 dólares, hasta sofware que “parasitan” el teléfono del objetivo y una vez dentro de ese teléfono, comienzan a enviar datos a cuentas web donde transmiten las conversaciones generdas desde el aparato, como así también los mensajes de textos y le puede servir al operador como un micrófono de ambiente (es decir escuchan todo lo que está pasando alrededor del teléfono celular), lo transforman en un GPS de localización inmediata o los convierten en una cámara de video activa que permite monitorear el ambiente y alrededores de donde está el sujeto.

El NOKIA Interceptor Rec es uno de los últimos adelantos en la materia y con su La tecnología GSM le permite tener control absoluto del monitoreo celular sin límite de distancia, con cobertura de uso mundial.

Palabra calificada

OPI se comunicó con el Ingeniero en Telecomunicaciones e Ingeniero Electrónico Ariel Garbaz, profesor titular de la cátedra de Tecnologías de Computadoras en la UBA, que es especialista en este tema y cuya opinión ha sido requerida por todos los medios nacionales, cada vez que durante el gobierno de Menem o De La Rúa, se acusaron a funcionarios de realizar escuchas clandestinas a los opositores, para conocer sobre las reales posibilidades de acceder a esta tecnología.

Garbaz, nos indicó que hay dos estándares de equipos de intercepción, los modulares, que están más orientado hacia el aficionado señalando “son equipos de venta libre, lo que podríamos llamar equipos amateur, que tienen un alcance reducido, aproximadamente una milla o un poco más y el operador debe estar muy cerca de los celulares, sino no funcionan y además no se accede a líneas digitales, después estás los más costosos, que en general con equipos que se venden (o pueden ser adquiridos) por las fuerzas de seguridad, los Estados o los Servicios de Inteligencia homolgados de cada país”. El Ingeniero más adelante y ya sobre la posibilidad de que (como dijo Córdoba) se haya invertido la suma de 50 mil dólares, señaló “los equipos que hay en el mercado se pueden comprar por un par de miles de dólares, en cambio los de alta tecnología son de un costo superior a los 30 mil dólares”.

En nuestro país la venta de estos equipos no es ilegal, dado que no existe una legislación específica en la materia, lo que sí prohíbe la ley es el uso ilegal de estos elementos. Se señala que si uno usa el equipos para registrar las propias conversaciones o las de una empresa, por ejemplo, como es la costumbre implementada por las multinacionales, donde se avisa que la conversación es monitoreada, es un uso legal, pero cuando la tecnología se pone al servicio de la escucha subrepticia o encubierta y sin orden judicialel hecho en sí se transforma en un ilícito, que sí es punible por nuestra legislación. La otra diferencia es el precio. La tecnología para un “uso legal” es varias veces menor a la que se necesita para adquirir un equipamiento de contraespionaje. (Agencia OPI Santa Cruz)

Comments

comments