Por Marcelo Torrez Pérez dice contar con un plan, o varios, y con estrategias para salir de los atolladeros que no son sólo financieros.

Pérez por su reelección, el PJ por la reelecciónCuatro años atrás, Celso Jaque, al igual que su sucesor, Francisco Pérez, estaba a una semana de cumplir su primer semestre en el Gobierno. A esa altura, con tan poco tiempo transcurrido, la provincia casi se le tornaba ingobernable. Sin luna de miel, Jaque ya había perdido y dilapidado el crédito que pocos meses atrás le había dado la ciudadanía en aquellas elecciones sorprendentes, en donde un peronista del interior provincial lograba alzarse con la victoria electoral, teniendo enfrente a la mitad de su partido, que le jugó en contra porquelos acuerdos políticos tejidos por Néstor Kirchner mandaban a votar la entente con los radicales K comandados por Julio Cobos. La historia es conocida: Jaque, limado por las fuerzas de su propio partido y desgastado por la promesa incumplida de la baja del delito, a esta altura, se preparaba para pedirle disculpas a un pueblo que lo miraría siempre con muchas reservas. Y sólo habían transcurrido seis meses de su mandato.

Visto aquello, Pérez está en el mejor de los mundos. Él, que es tan afecto a los números de las encuestas, mira con satisfacción esos datos elaborados por la gente en quien confía y que le indican  que tiene mejor imagen en la provincia que la propia presidenta de la Nación. Siete de cada diez mendocinos, según esas encuestas confeccionadas por la consultora cordobesaCPP (Consultores  en Políticas Públicas) que conduce el analista político Gustavo Córdoba, tienen confianza en Pérez. La presidenta está unos escalones más abajo.

Pero el Gobierno no arranca todavía, pese a contar con ese escenario favorable. Los intendentes han perdido la paciencia y no tienen problemas –al menos los más poderosos del grupo de caciques peronistas– de advertirle al gobernador,  sin empachos, el fastidio que reina por algunos temas analizados varias veces en este mismo espacio. El problema de fondo, desde ya,  sigue siendo la plata y las dificultades para conseguirla.

En la intimidad, Pérez dice contar con un plan, o varios, y con estrategias para salir de los atolladeros que no son sólo financieros. Debe restablecer la confianza en laprovincia y darle aire a eso  que ha prometido: llevar a Mendoza a su industrialización definitiva. Sin embargo, por alguna razón extraña, el gobernador no ha logrado comunicarlo ni tampoco desplegarlo. Existe una suerte de temor que inmoviliza al propio mandatario y que puede ser, a su vez, el verdugo de un gobierno que se enfrenta al posible fracaso en función de las expectativas que alimentó. De eso tiene que tomar conciencia y especialmente de los tiempos, que se acortan. Aunque en la fibra más profunda de Pérez y de algunos de sus más cercanos, se juegan buena parte de sus chances a lo que hoy aparece como una aventura: reformar la Constitución y lograr la reelección, no para el próximo gobernador, sino para el propio Pérez.

EL GRAN PLAN. 
Cuando el Ejecutivo resuelva las conflictivas paritarias con los estatales de la salud, toda la energía de la que dispone se pondrá a disposición del proyecto político más ambicioso  de la gestión. Pérez va por la reelección y logró que el  justicialismo se encolumne detrás.Claro que hay diferencias de criterio: la mayoría de los dirigentes oficialistas, los intendentes y los legisladores, afirman que nadie, por ahora, está trabajando para darle un nuevo mandato a Pérez, sino más bien para abrirle la posibilidad al gobernador de ser reelecto en Mendoza y colocarlo en igualdad de condiciones que el resto de las provincias argentinas. La diferencia es sutil. Hablan del gobernador como institución. Ellos, que son los que mueven la militancia y el motor del peronismo, no hablan de Pérez.

Pero como fuese, el peronismo comenzó a moverse para conseguir este año la ley que ordene la necesidad de la reforma de la Constitución y para eso busca acuerdos internos y también negocia con el radicalismo para conseguir sus votos. La expectativa es llegar al 2013 con la sociedad movilizada y seducida para encarar una reforma integral de la Constitución. Hace casi veinte años que no se encara un proyecto tan ambicioso como el  actual. Pérez y el oficialismo pretenden que en octubre del 2013, cuando se vaya a las urnas para elegir a los legisladores nacionales, diputados y senadores, como los provinciales, el mismo día se llame a elecciones por los constituyentes y que también se realice el referéndum por el Sí o por el No por la reforma.

QUÉ CAMBIAR. 
Además de buscar que se le permita al gobernador la reelección por un período más –asunto al que apuesta todo Pérez para ganar tiempo y conseguir la licencia social para desplegar la minería y ese plan de industrialización del  que se sabe muy poco– los objetivos se centran en discutir la representación territorial en alguna de lascámaras y, ligado con esto, avanzar en una suerte de ensayo en los mismos municipios para que los chicos de 16 años puedan votar autoridades municipales, desde concejales al mismo intendente. A eso se sumarán los aspectos de la autonomía municipal, exigida por la mayoría de los caciques, tanto oficialistas como opositores.

Los puntos que casi nadie discute, por supuesto que están en la lista que  analiza todo el Gobierno. Allí aparece incorporar la figura del Defensor del Pueblo orientado hacia el perfil del consumidor, los derechos ambientales que fueron incorporados a la Constitución nacional en la reforma de 1994, el derecho a la diversidad de género, todo un sistema de discusión del valor y la protección de la tierra estrechamente vinculada con el uso y defensa del agua. Hay más: desterrar las trabas que tiene la Constitución actual para que las personas con capacidades diferentes puedan ocupar cargos públicos, por ejemplo.

Pero, Pérez quiere poner en discusión, además, todo el sistema de control de los actos de gobierno y piensa en reformular las incumbencias del Tribunal del Cuentas y de la Fiscalía de Estado y, junto con eso, analiza poner en discusión la creación de la sindicatura general de la provincia, como un organismo similar al que funciona a nivel nacional.

Entre los puntos más conflictivos, se viene un replanteo del funcionamiento del Poder Judicial y al sistema de selección y designación de los jueces provinciales, porque avanza con fuerza la sospecha de la falta de transparencia en el armado de las ternas de abogados que son propuestas al Ejecutivo para ocupar cargos de magistrados. Junto con esto se viene la autonomía financiera del Poder Judicial, para evitar que el cepo de los enganches salariales complique la discusión sobre los sueldos que se da en el Ejecutivo con la Administración Central. “Que con su presupuesto hagan lo que quieran. Si quieren sueldos altos, que se los paguen con lo que tienen”, dicen, fastidiados, en el gobierno de Pérez.

FUENTE: DIARIO EL SOL

 

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