La nueva huelga antiminera en Cajamarca, la prisión del alcalde que lideró un reclamo similar en Cusco, la prórroga por 60 días del estado de sitio en cuatro regiones que registran conflictos sociales u operaciones guerrilleras y la participación de la hermana del presidente Humala en una manifestación antigubernamental configuran un cuadro de tensión política creciente en Perú.

El gobierno anunció hoy la prórroga a partir de mañana y por 60 días del estado de emergencia (sitio) en determinados distritos y provincias de los departamentos Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín, que en los últimos meses fueron escenario de conflictos sociales o incursiones de los remanentes del grupo armado Sendero Luminoso.

Asimismo, extendió la medida excepcional al distrito Echarate, en la provincia cusqueña La Convención, donde el 9 de abril un comando de Sendero Luminoso copó el pueblo Kepashiato y secuestró a 39 trabajadores de dos firmas contratistas del yacimiento gasífero Camisea, y el martes pasado francotiradores hirieron a una niña y un soldado.

Durante ese período “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito” en esas regiones, en las que las fuerzas armadas “asumirán el control del orden interno”, informó la agencia noticiosa estatal Andina.

El estado de sitio rige asimismo desde el martes en Espinar, otra provincia de Cusco donde en las últimas dos semanas hubo una huelga general en reclamo de la erradicación de las explotaciones mineras que causó al menos dos muertos y más de un centenar de heridos.

Por haber liderado esa protesta fue detenido el alcalde provincial de Espinar, Oscar Mollohuanca, a quien ayer se le impuso una prisión preventiva por cinco meses, que cumple en una cárcel de Ica (capital del departamento homónimo, en el sudoeste del país) y podría extenderse a entre seis y ocho años, según anticiparon hoy fuentes del Poder Judicial citadas por la agencia noticiosa DPA.

Mollohuanca, del partido ecologista de izquierda Tierra y Libertad, será procesado por “delitos contra la seguridad pública, atentado contra la seguridad común, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbios y apología del delito”, dijeron las fuentes.

Al alcalde se lo señala como responsable del uso de fondos públicos para promover la huelga, de instigador del secuestro de un fiscal durante unas horas y de haber transportado explosivos en vehículos municipales, aunque la oposición de izquierda considera que es un caso más dentro de la política de criminalizar la protesta popular que atribuyen al gobierno central.

En tanto, Ima Sumac Humala encabezó hoy en París, por segunda vez en pocos días, una marcha de residentes peruanos contra la política minera del gobierno que encabeza su hermano y, en particular, en rechazo al proyecto Conga, de extracción de oro en el departamento norteño Cajamarca.

En Cajamarca comenzó el jueves una nueva huelga general por tiempo indeterminado en rechazo a Conga, cuya puesta en marcha está suspendida desde diciembre, cuando una prolongada medida similar, que causó episodios de violencia, fue zanjada con la declaración del estado de sitio y la suspensión transitoria del emprendimiento.

“La lucha por el medio ambiente y el agua en el Perú no es política ni ideológica, como pretende el gobierno, sino de estricto respeto de la vida”, argumentó la hermana del presidente.

El padre de ambos, Isaac Humala, tenía previsto asistir el jueves a las primeras manifestaciones contra Conga, pero no pudo viajar debido a que el aeropuerto de Cajamarca estuvo cerrado durante algunas horas tras el hallazgo de tres bombas molotov en sus inmediaciones.

El presidente Humala también está jaqueado por sus hermanos Antauro -un ex militar también etnocacerista que paga 19 años de cárcel por la toma violenta de una comisaría- y Ulises, un ex candidato presidencial y docente universitario que lo critica desde una perspectiva conservadora.

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