La Fiscalía de Estado presentó en Capital Federal una acción judicial para intentar frenar un remate que no tiene precedentes, ya que hay en juego casi 400 mil hectáreas ubicadas en el departamento Calingasta. El inmueble pertenece supuestamente a una empresa privada internacional que quebró y la oposición oficial se debe a que dentro de la superficie hay bienes que son de dominio público, como un río y glaciares. El problema es que la medida de remate fue dictada sin tener en cuenta que no hay plano de mensura, lo que implica que no están determinados a ciencia cierta cuáles son los límites geográficos.

La oposición al remate ingresó la semana pasada al Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 11, a cargo de Fernando Saravia, quien tramita la quiebra de la compañía National Led Co SA. El principal fundamento de por qué no se puede ejecutar la medida es que no hay un plano de mensura que identifique con precisiones geográficas y jurídicas los límites del inmueble.

En el Gobierno no recuerdan un remate de tantas hectáreas en la provincia (son exactamente 392.440) y el interés por pararlo se debe a que hay bienes vitales y estratégicos que son del Estado. Un informe de la Dirección de Geodesia y Catastro revela que por allí pasa el Río Castaño, que es una de las cuencas que alimenta al Río San Juan, y que hay glaciares y reservas níveas. Según el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, “todos esos bienes están bajo dominio y control de la provincia”.

El inmueble representa aproximadamente una sexta parte de todo el departamento Calingasta y sus límites están determinados en forma aproximada. Al Norte limita con la cordillera Olivarez, al Sur con Campos Manrique, al Este con la estancia El Leoncito y al Oeste con la cordillera de Los Andes. Además, en el lugar funcionaba la histórica mina de Castaño Viejo, rica en oro, plomo y zinc, que justamente explotaba la firma que ahora está en proceso de quiebra.

La inexistencia del plano de mensura responde a que el inmueble fue inscripto por National Led en 1949, cuando la ley no exigía ese requisito. Sin embargo, años después, la Nación sancionó una norma a la que adhirió San Juan, que establece que para vender un bien e inscribirlo en el Registro de la Propiedad, es obligatorio contar con esa documentación.

El escrito de la Fiscalía de Estado manifiesta, también, que no se ha hecho una verificación del estado de ocupación del inmueble, requisito que impone el Código de Procedimiento Civil para avanzar con una subasta. A eso se suma que, según el organismo que defiende el patrimonio sanjuanino, gran parte de la superficie se superpone con la que acreditó otra compañía a través de un plano que está presentado en el Registro de la Propiedad de la provincia (ver recuadro). Aunque parezca increíble, hay dos empresas que se atribuyen la titularidad del inmueble en cuestión y lo mismo se dispone el remate.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder el abogado representante de la Fiscalía de Estado en Capital Federal, National Led tiene como acreedores laborales a trabajadores que son de la provincia de Chaco. Son acreedores con prioridad de cobro y la deuda asciende, aparentemente, a 12 millones de pesos.

ENTONCES POR QUÉ EL GOBIERNO PARA NO ENTRAR EN UNA REALIDAD FALAZ NO SE PRONUNCIA POR LA PLENA APLICABILIDAD DE LA LEY DE GLACIARES?

Comments

comments